La gran patronal exportadora derriba el paquete fiscal de Milei

Escribe Jorge Altamira

El gobierno acosado también por el Juicio Político.

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El retiro del paquete fiscal del proyecto de ley Ómnibus es la última gota del vaso de un proceso que debería llevar al juicio político de Javier Milei y sus ministros y de una larga lista de legisladores. El anuncio intempestivo del ministro Caputo fue un paso forzado por el conjunto de irregularidades que acompañaron el dictámen ‘mayoritario’ del proyecto. La más importante ha sido, seguramente, la de las modificaciones que sufrió el despacho después que se hubieran estampado las firmas que avalaban su presentación en Diputados. Esos cambios fuera de lugar fueron negociados en departamentos privados, a espaldas de las comisiones legislativas que habían debatido el asunto y con la presencia de figuras, como la de Federico Sturzenegger, que no ocupa ningún cargo oficial. La disputa política, centrada en el paquete fiscal, en especial las retenciones a la exportación, se salió de cauce, amenazando la posibilidad misma de que el proyecto pudiera llegar al tratamiento parlamentario. El voto del dictamen fue acompañado por la advertencia de numerosas disidencias parciales que podían vaciar eventualmente el proyecto en la votación en particular del articulado. Con el retiro del paquete fiscal que objetaba una mayoría de quienes apoyan al gobierno, Milei y Caputo han querido evitar un juicio político y su eyección del gobierno ‘tempranamente’. No es evidente, sin embargo, que se haya logrado bloquear la judicialización del proceso de formación de la ley.

Lo que ha sido presentado como una confrontación entre el gobierno nacional y las provincias, centrado en la aplicación de derechos de exportación, es algo sustancialmente diferente. Como lo demostró el realineamiento del gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, la crisis política ha sido desatada por la ‘rebelión’ de la ‘patria exportadora’ –en el caso tucumano, la oligarquía agraria e industrial del limón y los citrus-. Pullaro, el mandatario de Santa Fe, no escondió que su acción respondía a los intereses exportadores de la provincia –agrarios e industriales-. Esto mismo fue aún más manifiesto en Córdoba, donde el gobernador reunió en asamblea a la patronal local. Luego de una apreciación del dólar del 118 %, las patronales exportadoras no han querido ceder siquiera una tajada de la sobrerenta producida por la devaluación. En cierto modo, el reclamo de los exportadores es igualar las condiciones que rigen en la industria petrolera y minera, que se queda con toda la renta internacional. La patronal en su conjunto apoya el DNU y el mamotreto ómnibus en lo que concierne a la liquidación de los derechos laborales y previsionales (FGyS), entre ellos el derecho político de manifestación y de huelga, y a la desregulación de la salud y a la privatización de empresas estatales. El éxito de la asonada de las patronales contra el paquete fiscal modifica el panorama político –de un lado porque debilita a un gobierno antiobrero y, del otro, anima al resto de las clases sociales a luchar por sus propios objetivos y reivindicaciones.

El fracaso del paquete fiscal constituye un revés para el FMI y para el acuerdo que había acabado de cerrar Caputo con el Fondo. El FMI ha sido el impulsor fundamental de la megadevaluación y de la ampliación de las retenciones tanto a exportaciones agrarias como industriales. Los dos compromisos de Milei con el FMI –déficit fiscal cero y acumulación de reservas internacionales por 10 mil millones de dólares– han sufrido un fuerte revés. Debería comprometer, en principio, el giro de fondos prometido por el Fondo para el pago de intereses y principalmente de la deuda externa con acreedores privados y el propio FMI. Caputo mismo había dicho hace un par de días que con la devaluación y el paquete fiscal había impedido una declaración de default. Argentina retorna de este modo a los últimos días de corrida cambiaria del exministro kirchnerista Martín Guzmán. Los analistas del mercado de capitales, consultados por los diarios del país, ya han expresado su preocupación con la apertura del mercado de cambios el lunes próximo.

Los voceros del kirchnerismo y del FITU han advertido, con cierto realismo, que en los asientos restantes del ómnibus ‘libertario’ figura la delegación de poderes al gobierno, lo cual lo facultaría para hacer por decreto lo que no ha logrado en una parte del proyecto de ley. Pero la crisis del paquete fiscal ha provocado un cambio de posiciones. Entrevistado por América24, Pedro Pesatti, el vicegobernador de Río Negro, señaló que sus legisladores nacionales no avalarán una delegación de poderes que permitiera al gobierno meter por la ventana lo que no pudo por la puerta, ni nada que significara una contrariedad para las economías provinciales. Pichetto se animó a más –a reclamar una gobernanza de coalición, al menos en el Congreso-. Es, secundariamente, un planteo para atraer a parte del peronismo a romper con el kirchnerismo y formar un bloque de oposición ‘amigable’. Esta postura, sin embargo, si fuera mantenida, es un veto al gobierno por decreto.

En las últimas dos semanas se han ido desplegando los elementos de una crisis política mayúscula –en última instancia prerrevolucionaria-. El afán de alcanzar el ‘equilibrio macroeconómico’ ha provocado una desorganización económica hiperinfalcionaria y un manifiesto desequilibrio político. La clase obrera recibirá todo el impacto de esta crisis –no solamente en el nivel de vida sino también en la acción política y la organización-. Muchos seguramente ya están pensado: ‘Si la patria exportadora logró voltear el capítulo fiscal del mamotreto, ¿por qué no podríamos nosotros voltear el paquete laboral, el que proscribe derechos y, en esta lucha, recuperar las conquistas perdidas en la última década y media?

Manos a la obra.

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