Huelgas y piquetes, se agrava la interna del MAS

Los bloqueos y cortes de ruta en distintas regiones de Bolivia cumplen una semana. Se trata de manifestaciones de partidarios del expresidente Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), que se lanzaron a las calles tras conocerse el fallo judicial que lo inhabilita a postularse como candidato presidencial para 2025. Los manifestantes exigen la renuncia de los magistrados que dictaron la sentencia, cuyo mandato se autoprorrogaron, y la anulación del fallo. El gobierno del presidente Luis Arce, también del MAS, se encuentra enfrentado con Morales y se proclama como candidato legítimo de su partido.

El dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP) estableció que el presidente no puede ejercer más de dos mandatos, ya sea de forma continua o discontinua. En consecuencia, Morales quedó automáticamente inhabilitado, debido que ejerció durante tres periodos continuos, entre 2006 y 2019. La sentencia “fue emitida a raíz de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin posibilidad de apelación, y anula un dictamen emitido por el mismo Constitucional en 2017” (Infobae, 12/23). La sentencia fue festejada por el oficialismo y también por la oposición derechista, encarnada en el bolsonarista Luis Fernando Camacho y la expresidenta golpista Jeanine Áñez (ambos cumpliendo sentencia por el golpe de Estado de 2019).

El MAS se declaró en estado de alerta ante la "arremetida" de la justicia y se lanzó a la huelga y los cortes de ruta. “Entre los manifestantes se encuentran los cocaleros y otras organizaciones campesinas que, con rocas, palos y neumáticos en llamas, bloquean alrededor de 22 rutas, entre ellas Cochabamba, Oruro, Potosí, La Paz y Santa Cruz” (Perfil, 26/01). Se produjeron numerosos enfrentamientos con las fuerzas represivas. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, anunció que se procesará a los “bloqueadores” y el gobierno los denunció como culpables de la muerte de dos personas que no habrían llegado al hospital debido a los cortes. Además, los acusó de atacar a la policía con explosivos. Jhonny Aguilera, viceministro de Régimen Interior y Policía, salió a denunciar además que “tenemos una serie de testimonios que acreditan que en estos 25 puntos de bloqueo -que están principalmente focalizados en el trópico de Cochabamba- se transporta a gente bajo la amenaza de quitarles el chaco o de cobrarles una multa por su inasistencia de 200 bolivianos”.

En el departamento de Potosí es donde más recrudecieron los enfrentamientos: “se vivieron momentos de tensión por el choque entre la federación de campesinos y los agentes de seguridad, lo que provocó que 11 de ellos resultaran heridos. Entre los elementos utilizados en los enfrentamientos, había piedras y explosivos. Un total de 200 personas aproximadamente, 'han procedido a emboscar a nuestros efectivos policiales', señalaba el coronel Juan Amílcar Sotopeña, comandante de la policía regional” (ídem).

Algunos medios aseguran que los bloqueos comenzaron a generar escasez y una subida de precios de los productos de la canasta básica del país. “En La Paz, Oruro y Potosí faltan productos de la canasta básica. La fruta se pudre en los piquetes y las protestas están elevando el precio de la carne” (Infobae, 27/01). Arce calificó a los cortes como “sabotaje” y definió a los partidarios de Morales como la “nueva derecha”.

División histórica

El partido gobernante de Bolivia, Movimiento Al Socialismo, sufre una feroz división interna que se remonta hasta las elecciones de 2020 y cobró vuelo desde inicios de 2023. Desde su exilio en Argentina, el propio Morales había elegido personalmente a Arce como candidato de su partido en las últimas elecciones. Esta decisión personal se realizó en contra de la simpatía de la mayoría de su partido, con la candidatura de David Choquehuanca, actual vicepresidente. Desde entonces, la disputa entre Arce y Morales por el control del partido se ha ido agravando. El expresidente comenzó una serie de críticas y denuncias al gobierno de su antiguo aliado, al que acusó de “derechización”, corrupción y complicidad con el narcotráfico.

A comienzos de 2023, Morales promovió una reforma del estatuto del MAS para bloquear la candidatura de Luis Arce en 2025 (la reforma exigía una militancia de más de diez años que Arce no cumplía). El estatuto también proclamó a Morales “líder nato” del MAS. La otra fracción interna llevó la reforma de los estatutos ante el Tribunal Constitucional. Morales convocó también a un Congreso del MAS para proclamar su candidatura presidencial para 2025. El X° Congreso del MAS sentenció la división definitiva del partido. Evo Morales hizo votar la expulsión de Arce y Coquehuanca de la organización, en una fórmula obscena que proclamaba que “aceptó la autoexpulsión”. Además, ordenó la expulsión de otros 20 diputados afines a Arce.

El Tribunal Constitucional dio lugar a la impugnación del Congreso que realizó Arce. El actual presidente denunció maniobras en la convocatoria y la acreditación de delegados al Congreso, asegurando que “las centrales sindicales solo tuvieron derecho a cinco delegados por organización, mientras que la representación del aparato del partido creció significativamente” (El País, 10/23). El exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, aseguró que la división del MAS fue un “suicidio electoral”.

La cuestión del litio

Recientemente, Morales denunció que “no estamos tomando en cuenta que por debajo está el tema del litio”. Aseguró que el gobierno de Arce quiere el control absoluto de la justicia para tapar grandes negociados del litio y anunció que exigirá que se levante el secreto sobre seis convenios firmados para industrializar el litio en el Salar de Uyuni. El expresidente dijo que existen una serie de irregularidades en los convenios con empresas extranjeras para la extracción de litio y criticó el último convenio con la china CATL BRUNP & CMOC (CBC), suscrito este mes, para la construcción de una planta piloto de carbonato de litio que produciría 1.000 toneladas del mineral con una inversión de 100 millones de dólares.

Un escándalo ya se había desatado en 2022, cuando circuló una fotografía en la que el hijo del presidente, Luis Marcelo Arce Mosqueira, posaba junto a dos ejecutivos de la empresa estatal rusa Uranium One, una de las ocho seleccionadas, impulsando rumores de que se negocian acuerdos por fuera del proceso piloto. El hijo de Arce fue absuelto por la justicia. “Una fuente con conocimiento del proceso expresó que el ministro de Hidrocarburos y Energía Franklin Molina ha mostrado favoritismo por la empresa rusa Uranium One que forma parte del programa piloto. El resto de las empresas participantes son las chinas Contemporary Amperex Technology, Fusion Enertech, Citic Guoan Group y TBEA Group; la argentina Tecpetrol; y las estadounidenses Lilac Solutions y EnergyX” (El País, 6/22).

Un consultor entrevistado por El País aseguraba entonces: “que Bolivia tiene una preferencia por Rusia no es ninguna sorpresa. Muy claramente hay un mayor alineamiento con China y sus empresas y Rusia y sus empresas, que con las americanas, eso es una corriente que vemos hace mucho”. El diario explicaba que “en su primera visita a Rusia, el canciller Rogelio Mayta se reunió con su contraparte Serguéi Lavrov para abordar convenios en explotación de litio y energía nuclear. La visita fue en octubre, cuatro meses antes de que Rusia atacara a Ucrania”. El gobierno de Evo Morales había acordado adjudicar un contrato de explotación de litio a una empresa alemana, que se vio truncado con el golpe de 2019, y el expresidente dijo entonces que su derrocamiento se produjo por su decisión de industrializar el litio.

El País asegura que “los ojos del mundo están en el país andino y las empresas que resulten ganadoras pudieran llevar una ventaja competitiva a nivel global en un momento en que países desarrollados trabajan para reemplazar vehículos que funcionan con gasolina por eléctricos, con energía procedente de fuentes renovables”.

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