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Bolivia se encuentra ante un gobierno de facto desde hace un año, cuando un golpe militar ‘bolsonarista’ derribó el gobierno de Evo Morales. El pretexto del “fraude electoral”, para justificar el manotazo, se demostró él mismo un fraude, cuando una comisión de investigación norteamericana demostró que Evo Morales había vencido en primera vuelta en forma legítima. El gobierno impuesto por los militares excedió largamente su pretendida condición ‘provisional’, dado que el mandato presidencial precedente venció en enero pasado. Con distintas excusas, las elecciones generales fueron postergadas varias veces, además de la consagración de una ‘justicia electoral’ adicta al gobierno, que se aseguró de proscribir la candidatura a senador de Evo Morales ¡por no poder probar su residencia en el país! La proscripción completa del MAS no prosperó, principalmente debido a varios levantamientos populares, pero también porque las condiciones internacionales habían cambiado relativamente para semejante aventura. De un lado, la derrota del macrismo en Argentina; del otro el veloz deterioro del gobierno de Bolsonaro; pero, por sobre todo, por el impacto regional de la rebelión popular en Chile.
El candidato del MAS, Luis Arce, ex ministro de Economía, va al frente en las encuestas, y al menos hasta recientemente podía ganar en primera vuelta, porque reunía las condiciones de una intención de voto del 40% y una distancia del segundo, Carlos Mesa, de más de diez puntos. Esta posibilidad obligó a que la presidenta de facto, Janinne Áñez, bajara su candidatura, para evitar la dispersión del voto opositor a Arce, aunque no hicieron lo mismo los otros candidatos de la derecha. La posibilidad de la victoria en el primer turno, el próximo 18 de octubre, se encuentra hasta cierto punto cuestionada. En caso de segunda vuelta, la derecha supone que reuniría los votos para ganar el comicio.
Toda esta riña política disimula la circunstancia de que el régimen político que emergió del golpe reposó en un compromiso del MAS con las Fuerzas Armadas y la derecha. Mientras Áñez, una legisladora que no había obtenido más que el 4% de los votos, usurpaba el Poder Ejecutivo, las dos ramas de la Asamblea Nacional continuaban en manos del MAS, con una mayoría acentuada de dos tercio de los votos. Esta mayoría avaló la usurpación de la Presidencia y cogobernó con el elenco golpista, con el añadido de la auto-prórroga pactada o consentida de su mandato por parte de los militares y la derecha. El voto, dentro de dos domingos, por las listas del MAS, implica renovar la confianza política en los colaboradores del golpe y de la usurpación. El régimen así instalado consagró modificaciones en el Poder Judicial y acuerdos o tratados políticos internacionales. Hace dos meses, una poderosa rebelión popular en El Alto intentó poner fin a esta situación, pero fue frustrada por un acuerdo entre Evo Morales y el gobierno golpista para celebrar las elecciones en vista. Evo Morales ha vuelto a lamentar el desencadenamiento de esas movilizaciones, a las que atribuye haber hecho retroceder la intención de voto por el MAS “en las ciudades” (Página 12, 8.10). En esas mismas declaraciones al diario kirchnerista, Morales plantea que “hay que recuperar” a las Fuerzas Armadas, una variante lingüística del reclamo de “revalorizar las FFAA” en que insiste Alberto Fernández. Estamos ante una clara declaración de indulto al golpismo que lo desalojó el gobierno, en la línea de colaboración del parlamento con la presidencia de Áñez.
Ha quedado configurada, entonces, una situación que puede convertir a Luis Arce en una variante boliviana del ecuatoriano Lenin Moreno, quien llegó a la presidencia de la mano de la victoria de la Coalición Ciudadana del ex presidente Correa, para pegar enseguida un volantazo, al extremo de hacer encarcelar a su vicepresidente ‘correísta’ y pedir la prisión para el mismo Correa, y alinearse firmemente con el FMI. Esto provocaría, ciertamente, una rebelión popular, como acabó ocurriendo en Ecuador, pero por las razones contrarias a las que expone Prensa Obrera, que promueve una crisis revolucionaria mediante el apoyo político al Luis Arce y a los candidatos parlamentarios del MAS que sostuvieron al gobierno de Áñez.
Desde que comenzó la caída de los precios internacionales del petróleo y el gas, la situación económica de Bolivia ha empeorado, pero la pandemia la transformó en catastrófica. La deuda externa ha llegado al pico histórico de u$s11 mil millones de dólares, el déficit fiscal al 8% del PBI, crece el déficit de comercio exterior (luego de años de gran superávit), por la caída de la demanda de gas de parte de Argentina y Brasil, y se manifiesta una continua pérdida de reservas internacionales. Existe una presión devaluatoria. Si tomamos como modelo hipotético de gestión el de los Fernández y Guzmán en Argentina, la orientación de un gobierno de Arce frente a la crisis será buscar el socorro discutible del FMI y los acreedores internacionales.
Aunque el conjunto de esta caracterización deja claro que la izquierda revolucionaria no puede dar ningún apoyo político al candidato presidencial del MAS, ni a sus postulantes parlamentarios colaboracionistas, el voto en blanco no tiene contenido si no se instrumenta como una campaña política. Una campaña por reivindicaciones transitorias frente a la crisis y a la explotación capitalista de la pandemia; una campaña para desarrollar un doble poder, con eje en las poblaciones trabajadoras que recurren a la rebelión popular; una campaña hacia la vanguardia para desarrollar un partido revolucionario socialista.
Una peculiaridad del golpe cívico-militar del año pasado es que fue apoyado por gran parte de la izquierda y por la burocracia de la COB. Los partidos del FIT, en Argentina, advirtieron el golpe cuando Evo Morales ya estaba volando a México; durante los alzamientos y choques que jalonaron el golpe mantuvieron con un rigor digno de mejores causas su consigna “independencia política”. Ahora, frente a las elecciones, divergen: el PO (oficial) llama a un voto apasionado por Arce, con el argumento de que su victoria promovería situaciones revolucionarias. No le importa contradecir lo que ha venido diciendo repetitivamente, a saber, que si no hay ‘un partido’ sólo existe la “ofensiva” del capital. En realidad, las situaciones revolucionarias son el resultado de la explosión de las contradicciones capitalistas, que obviamente sólo un partido revolucionario puede desenvolver en forma consecuente. Por su lado, Izquierda Socialista llama a votar en blanco o nulo y el PTS no ha definido una posición.
Esta contradicción de posiciones en el FIT revela la completa inocuidad de su reciente ‘conferencia latinoamericana’. La unidad como principio político supone y exige un debate previo de las propuestas y posiciones de unos y otros. Esto tampoco ha ocurrido. Cada episodio relevante (y también no relevante) del desarrollo histórico presente es un pretexto para la disputa, en lugar de la clarificación. Esto explica que incluso quienes convocan a votar en blanco lo hagan sin contenido, es decir sin exponer una estrategia. Así, ese voto se convierte en un ‘ni ni’. El voto en blanco circunscripto a lo electoral, no tiene trascendencia, porque en Bolivia no se advierte una corriente popular voto-blanquista. Para que tenga contenido debe ser objeto de una campaña por un programa.
