Milei cortó los fondos a las provincias destinados a los salarios docentes y a la educación pública

El gobierno nacional tomó la decisión de dejar de enviar a las provincias los fondos que se destinan para pagar parte del salario de los trabajadores de la educación y para el sostenimiento de diferentes políticas educativas. En enero, sólo se transfirió el 1 % del importe para el concepto de Educación.

Con esta decisión, se ve afectado lo correspondiente al “FONID” (Fondo Nacional de Incentivo Docente) que perciben todas las maestras y maestros del país y el “Fondo compensador de desigualdades salariales”. Para un maestro de grado que recién ingresa al sistema, el FONID representa aproximadamente 10% de su sueldo. A su vez, el recorte impacta en lo que se destina a comedores escolares y, por último, afecta a fondos que se destinaban al programa “Conectar Igualdad”. Las partidas que no fueron enviadas se encuentran en el presupuesto 2024, o sea que el gobierno nacional está reteniendo fondos, incumpliendo la ley. Es la primera vez en la historia que un gobierno se niega a enviar estos montos fijados en la ley de financiamiento educativo.

En algunas provincias, los docentes ya no percibieron el cobro del FONID como es el caso de Misiones, Santa Cruz y Tucumán. En esta última, un conjunto de sindicatos ha declarado una huelga de 72 hs.. Varios gobernadores tuvieron que poner de sus propios fondos para afrontar los pagos. En Buenos Aires, el gobierno advirtió que “de persistir esta situación, la Provincia no podrá hacerse cargo de estos componentes salariales” (Clarín 8/2). El gobernador Kicillof ha dejado sobre la mesa una extorsión: de no recibir fondos, le hará pagar las consecuencias del ajuste a la docencia. Ni se le cruza por la cabeza conseguir esos fondos por otras vías y garantizar el pago de los salarios. En diferentes provincias (Santa Fé, Córdoba) los gobiernos provinciales no han respetado los acuerdos salariales del 2023. Les viene como anillo al dedo el recorte de fondos del gobierno nacional para justificar su propio ajuste en cada una de las provincias. Cuando se trató la Ley Ómnibus fueron los voceros de los capitales mineros, petroleros y agroexportadores e hicieron que el gobierno retirara medidas de mayores impuestos a las exportaciones.

La crisis entre la nación y las provincias ha colocado objetivamente en crisis el inicio de clases para el 2024. Varios gobernadores sostienen que habrá conflictos y hasta el propio ministro de educación, Alberto Sileoni puso en duda el “normal inicio de clases” en Buenos Aires (c5n.com 6/2/24). La crisis política en curso ha colocado sobre la mesa la incapacidad del régimen social vigente para garantizar la educación para las familias.

La CTERA, en este contexto, se ha limitado a exigir al gobierno nacional “el envío de los recursos económicos” y pidió la convocatoria a la paritaria nacional docente (CTERA 8/24) que, a dos semanas de que comiencen las clases en algunas provincias del país, sigue sin ser convocada. En el proyecto de Ley Ómnibus que terminó naufragando el oficialismo y la oposición “dialoguista”, habían acordado la eliminación de la paritaria. En su reemplazo, se establecía que unilateralmente sea el Consejo Federal de Educación el que fije los salarios mínimos de la docencia, que actualmente se encuentran en el valor de los $250.000 por cargo. La última vez que se reunió la paritaria nacional fue en noviembre de 2023.

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