Escribe Soledad Domínguez
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El pasado viernes 16, se realizó un “plenario” de delegados y delegadas de ATSA Buenos Aires (Sanidad), el sindicato que nuclea a quiénes desempeñan tareas en el sector privado de la salud. En el mismo se informó acerca de la situación de las negociaciones de la revisión de la paritaria 2023 para los convenios del sector asistencial (Clínicas y sanatorios, Centros de diagnóstico, hospitales de comunidad, empresas de emergencias y traslados sanitarios). Las negociaciones se encuentran empantanadas, debido a la negativa de las cámaras empresarias a otorgar un aumento que impacte en el sueldo básico y, por ende en los ítems remunerativos (antigüedad, aguinaldo, etc.).
Esta situación viene así desde enero: primero, se otorgó una suma fija de $70.000 el 9 de febrero con el compromiso de continuar las negociaciones. Cabe aclarar que la suma fija de $70.000 fue abonada con grandes diferencias, siendo muy pocos los que cobraron la totalidad, dado que las patronales realizaron descuentos por días no trabajados y proporcionales no establecidos en el acuerdo. Actualmente las cámaras empresarias ofrecen otra suma de entre $80.000 y $85.000 para cerrar, de esta forma la revisión 2023. En el “plenario”, el secretario general del sindicato, Héctor Daer, informó que esto fue rechazado y que se realizará una nueva reunión el lunes 19, en la cual no hay expectativas, anunciando que seguramente entre miércoles o jueves se tomen medidas gremiales y anunció un posible paro del gremio de la sanidad.
Las patronales de la salud privada son grandes beneficiadas por la liberación de los precios de las cuotas de las prepagas establecidos en el DNU 70/2023 y por subsidios, como el FESCAS, que hasta el mes pasado cobró la mayoría de ellas para el pago de salarios. Las patronales (sobre todo las de la medicina prepaga), con su negativa, pretenden congelar el salario y acapararse estos grandes beneficios. En el plenario, la comisión directiva mencionó que, de todas formas, el sector que depende de la medicina prepaga sólo significa un 25%, haciendo alusión a que hay sectores que están en condiciones distintas y que el objetivo es llegar a un acuerdo para todos. Pero ninguna empresa de salud privada abre sus libros contables para conocer el estado real de situación.
La necesidad de un aumento salarial es un problema latente en todos los establecimientos. Los básicos, que no superan $500.000 en la mayoría de las categorías, se alejan de las estimaciones inflacionarias del mes de enero: 20,6 por ciento, según el índice de precios del INDEC. Mientras que, en la Ciudad de Buenos Aires, un grupo familiar tipo necesitó contar con ingresos por $ 495.798 para no ser considerado en situación de pobreza, en el mes de diciembre. A números actualizados, la canasta familiar supera los 600 mil pesos. Para poder llegar a fin de mes, los trabajadores nos agotamos con horas extras, feriados trabajados y pluriempleo.
Desde la conducción del sindicato se pide que se confíe, pero la confianza es algo que se viene perdiendo hace años: las negociaciones son a puertas cerradas y se desconoce el porcentaje que se reclama por parte de la representación gremial. Esto es el modus operandi de la Celeste y Blanca, que luego cierra acuerdos a la baja e intenta convencer a los trabajadores de que fue el mejor acuerdo posible frente a la intransigencia patronal.
Ninguna reunión a puertas cerradas podrá lograr recomponer nuestros salarios, menos darle el brazo a torcer a las patronales de la salud privada. En cambio, la deliberación y la acción directa de los y las trabajadoras tienen un potencial vigoroso, es la historia de los derechos conquistados por nuestra clase. Frente a la intransigencia de las patronales y en vísperas de un posible paro de la sanidad impulsemos la organización en todos los establecimientos por un aumento de emergencia ya del 100 % en una cuota para recuperar lo perdido, por un salario igual al costo de la canasta familiar y por el pago de los $70.000 para todos y todas sin ningún tipo de descuento.
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