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El Gobierno decretó una modificación de los topes salariales para el cobro de las asignaciones familiares, llevando el límite a $2.154.000. De esta manera se calcula que, de los 4.800.000 trabajadores que venían cobrando las asignaciones (salario familiar, prenatal, ayuda escolar anual, etc.), dejarán de cobrarlo 800.000.
El recorte además alcanza a quienes seguirán cobrando: el gobierno actualiza los montos por debajo de la inflación. Las asignaciones aumentarán, entre marzo y mayo, apenas un 27,18 %. El recorte de las asignaciones sigue al de las jubilaciones, que aumentarán en el mismo porcentaje con la fórmula de los Massa y los Fernández, todavía vigente.
El recorte de las asignaciones sigue la línea de lo realizado por el gobierno de Alberto Fernández, que mantuvo a toda la franja de trabajadores sin cobrar asignación alguna. Recién en marzo de 2023, bajo los apremios de la campaña electoral, el gobierno elevó el piso y permitió el reingreso de la franja de trabajadores de salarios más altos a la percepción de las asignaciones. Pero duró un suspiro.
La actualización de los montos por debajo de la inflación tampoco es una novedad: el gobierno de los Fernández actualizó cada año por debajo de la inflación. En marzo del año pasado, los números eran lapidarios: el gobierno había reducido un 56 % el dinero gastado en asignaciones.
El salario familiar representa una parte cada vez menor del salario: para los trabajadores que cobran menos de $400.000, son $26.000. Para los trabajadores de mayores ingresos, representa un porcentaje ínfimo.
Los sindicatos y la CGT no se han pronunciado aún sobre el recorte de las asignaciones, así como dejaron pasar los recortes durante los cuatro años del gobierno del Frente de Todos. La convocatoria al paro nacional del 24 de enero no abrió paso a un plan de lucha, sino que buscó cerrarlo.
La política de Milei no tiene nada de disruptiva, sino que es una profundización de una orientación general del régimen hacia el empobrecimiento de la clase obrera.
