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La fracasada reunión del Consejo del Salario no ha sido un mero regateo en torno del salario mínimo entre el gobierno, las centrales obreras y empresarias. El gobierno, sencillamente, se abstuvo de formular una propuesta o contrapropuesta para su actualización. Horas después de la reunión, el presidente señaló que “ni piensa” hacerlo, aún cuando está obligado por ley. El golpe sobre el salario mínimo, por lo tanto, ingresa en la lista de disposiciones paraconstitucionales que caracterizan al gobierno Milei. En estas horas, el libertario se prepara para sustituir con decretos al menos una parte de la ley ómnibus que naufragó en el Congreso.
El mínimo quedó congelado en los $156.000, asistiendo a la licuación implacable que llevó a la pérdida del 50% de su valor real, desde la última actualización. Implica también la licuación de los planes y asignaciones sociales, cuyos valores aumentan junto al salario mínimo. Para las centrales empresarias, que actuaron al unísono con los funcionarios de Milei, esa pulverización del valor de los planes no es irrelevante: entre las patronales agrarias, de la construcción y otras actividades con fuerte rotación y bajos salarios, se repiten las quejas sobre “los planes”, como “competencia” de sus ofertas de trabajo. Lo que exigen, en definitiva, es que no exista ningún piso a los salarios miserables y el empleo precario. En la otra punta de la escala salarial, el congelamiento dispuesto por el gobierno aumentará al número de afectados por el impuesto a las ganancias, que grava a los que perciben más de 15 salarios mínimos.
En la reunión con el gobierno, las centrales obreras llevaron una propuesta de $288.000 que representa menos de la mitad de la presente “canasta de indigencia”. En cualquier caso, ni siquiera fue tomada en cuenta, ni por el gobierno ni por las centrales patronales.
Privados, en la lona
Milei y sus acólitos atacan el salario mínimo por tratarse de una “injerencia estatal en el mercado de trabajo”. Con ese planteo, quieren revestir con "teoría económica" a la delincuencia intelectual y polìtica: después de haber dispuesto estatalmente la indexación de todos los ingresos del capital -devaluación, dolarización de deudas, aumento de tarifas por decreto- los liberales quieren desregular al salario. Pero también mienten en este punto, porque la “libre” acción obrera en defensa del valor de la fuerza de trabajo se encuentra sometida al garrote estatal: por un lado, por los arbitrajes y regimentaciones de los funcionarios de trabajo; por el otro, por los ataques al derecho de huelga, a los piquetes y manifestaciones. Con seguridad, la huelga prevista por la Fraternidad para el miércoles que viene será ´oportunamente´ frenada -y el freno acatado por sus dirigentes- a través de una conciliación obligatoria.
Pero la virtual supresión del salario mínimo es una declaración de guerra contra el salario de todos los trabajadores, y una señal a las patronales privadas para que actúen en consonancia. En relación a los estatales, no es un secreto que se ha producido una reducción en los salarios del orden del 50%, después de un trimestre con una inflación acumulada del 65% y “reajustes” del orden del 15% para el mes de febrero. Pero la actual crisis salarial abarca al conjunto de los trabajadores: la hiperinflación y la desorganización económica han dado por tierra con el régimen de aumentos en cuotas que pactaban las burocracias sindicales, y que simulaban ´acompañar´ a la inflación aunque corrían siempre por detrás de ella. Ahora, las patronales industriales se sirven de la recesión como arma contra la clase obrera, para imponer despidos, suspensiones y un freno brutal a los aumentos salariales. Así lo demuestran los acuerdos paritarios aprobados en estas semanas, incluso por los que suelen presentarse como “modelo” de negociación gremial: la Asociación Bancaria del kirchnerista Palazzo ha pactado un 44% en diciembre-enero, por debajo de la inflación acumulada en el bimestre. En el caso de Comercio, el porcentaje equivalente es del 11% en diciembre y 20% en enero, es decir, una pérdida salarial real de 15 puntos, pero con un agravante: el aumento de enero es “no remunerativo”. Las cifras en negro también ocupan un lugar importante en el incremento de los choferes de UTA. Las patronales se embolsan así los beneficios de una reducción sustancial en el poder de compra de los salarios básicos.
En su propio gremio, el capo de la CGT, Héctor Daer, se ha puesto a la cabeza de esta degradación salarial, porque negocia bonos no remunerativos, ¡y por única vez! En Comercio, el básico -¡con presentismo!- es de $573.000, por debajo de la canasta de pobreza. Ocurre lo propio con la UTA y Camioneros, que también tuvo aumentos bimestrales por debajo de la inflación. Los “privilegiados”, como bancarios y otros, están en básicos entre $800.000 y $900.000, cuando la canasta familiar real se encuentra hoy en $1.200.000.
Reforma laboral
En un reportaje televisivo, Milei intentó relativizar las cautelares resueltas en torno del capìtulo laboral del DNU – “con el nivel de salarios actuales, se jactó, nadie puede decir que el costo laboral es un problema”. Aludió, así, a la ´reforma laboral de hecho´ que implicaría la pulverización de los salarios. Pero el gobierno y todas las patronales saben muy bien que este escenario ha generado una verdadera bomba de tiempo entre los trabajadores, que se agravará con los aumentos en puerta para la luz y el gas, la salud, la educación y los alquileres. La “licuación” de los salarios es brutal, pero es una perspectiva estrecha e incierta en la guerra contra la clase obrera. El gobierno, por eso, tiene en la mira arrancar la reforma laboral “de derecho”: ha concurrido a la Corte por ese capìtulo del DNU y presentó un proyecto en el Congreso.
La burocracia sindical, en este cuadro, “no descarta” un paro que, en estas horas, està negociando en función de otras prebendas. En primer lugar, la caja de las obras sociales, que el gobierno amenaza ´abrir´ en función de los intereses de las prepagas. En un tuit que Hector Daer envió para “quejarse” por el desplante del gobierno en relación al Consejo del Salario, el dirigente cegetista recibió una andanada de respuestas con un reclamo casi unánime: “huelga indefinida”, "huelga general”, “paro general hasta que se vayan”. La guerra al salario debe ser respondida, en primer lugar, con un programa: 1) aumento inmediato del 100% sobre los básicos, que es lo que corresponde por la inflación de los últimos meses y el que se viene; 2) indexación mensual de los salarios; 3) incorporación al básico de todos los aumentos no remunerativos; 4) vigencia irrestricta del derecho de huelga y movilización. Con este programa, desplegar una agitación política y una coordinación para superar el cepo burocrático y preparar la huelga general.
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