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Si la burguesía está intentando usar la pandemia de coronavirus para imponer un retroceso a conquistas históricas de la clase trabajadora a escala planetaria, no se queda atrás con los derechos de las mujeres.
A mediados de abril, en pleno aislamiento de la población, el Parlamento polaco puso en discusión dos leyes que guardaba en gateras desde marzo de 2019: una sanciona a los docentes que impartan educación sexual; la otra vuelve prácticamente inaccesible el aborto no punible, que en Polonia ya es ultra restrictivo. Aprovechando el aislamiento, los parlamentarios del partido del gobierno se volvieron a lanzar. La respuesta fue formidable: miles de personas salieron en automóviles, bicicletas, colgaron carteles en balcones, en comercios. En otros países de Europa, el movimiento de mujeres se plegó al repudio. Finalmente, los dos proyectos fueron cajoneados en una subcomisión “para seguir debatiéndose”.
Estados Unidos
Los ocho estados del cinturón bíblico norteamericano -Texas, Alabama, Arkansas, Iowa, Louisiana, Ohio, Tennessee y Virginia Occidental- también han aprovechado la catástrofe sanitaria del coronavirus para prohibir que funcionen las clínicas de aborto. Las autoridades arguyen que las camas deben reservarse para pacientes con Covid y los equipos de protección personal para quienes los atiendan.
Las clínicas que interrumpen embarazos fueron incluidas en los servicios no esenciales: no pueden atender hasta que termine la emergencia sanitaria.
Las embarazadas han visto cómo se cancelan, reprograman y vuelven a cancelar las citas médicas al ritmo de los amparos judiciales. En marzo y abril, los fallos restablecieron y luego abolieron el acceso al aborto, a veces solo con unas horas de diferencia. Desesperadas, las mujeres violaron las restricciones y se arrojaron a las carreteras para llegar a estados donde puedan abortar.
Contradictoriamente, las clínicas informan que la demanda se ha triplicado, bastante comprensible en un país que ha perdido 30 millones de puestos de trabajo en dos meses. Muchas “autogestionan” la interrupción del embarazo con pastillas, siguiendo tutoriales de internet o en el mejor de los casos apelando a la telemedicina.
Conquistar el derecho al aborto, claro, no derroca ningún régimen social ni consagra la emancipación de las mujeres. Pero corroe la subordinación de las mujeres, desnuda un sistema que no garantiza tampoco el derecho a la maternidad, moviliza enormes masas de mujeres en defensa de la propia vida y de la autonomía. Por eso el capital sistemáticamente trata de arrebatar ese derecho donde fue conseguido, convertirnos nuevo, como dijo alguna vez Trotsky, en burras de carga.
¿Y por casa?
En la Argentina, la última vez que el movimiento de mujeres dijo en público la palabra “aborto” fue el 8 de marzo: miles y miles y miles de mujeres, de verde, solas o en pequeños grupos de estudiantes o trabajadoras, marcharon detrás de las banderas de la Campaña por el aborto legal, por lejos la columna más nutrida de la marcha.
Aunque entre el inicio de las sesiones el 1° de marzo y la declaración de la cuarentena pasaron 20 días, Fernández se olvidó de mandar su celebrado proyecto de ley de interrupción del embarazo. Todo el mundo hizo mutis. Todos no. El 13 de marzo, 40 curas villeros se mandaron un documento rampante contra el aborto, insistiendo en que “la interrupción del embarazo no es camino de solución a los profundos problemas que sufren muchas mujeres”, calificándolo como una “colonización cultural” producto de la “exigencia” de “los organismos internacionales que prestan dinero”. El cuento de que el aborto es una exigencia del FMI.
El 28 de abril murió de un aborto séptico, en un hospital de Formosa, Ivana Micaela. Tenía 22 años. En Formosa casi el 30 por ciento de las muertes maternas se producen por complicaciones de abortos clandestinos.
Unos días antes, el ministerio de Salud había subrayado que si bien se suspendían los controles de rutina de los embarazos “para no sobrecargar el sistema" -lindo tema para otra nota-, la interrupción legal del embarazo y el acceso a métodos anticonceptivos quedaban como servicios esenciales. Es como con los femicidios, los enunciados progres no alcanzan para garantizar ningún derecho. Así como es asesinada una mujer por día a pesar de las exhortaciones ministeriales, las obras sociales y las prepagas retacean la atención y la entrega de anticonceptivos. Y los hospitales suspendieron prácticamente toda atención, aunque el 32 por ciento de las mujeres acceden a los anticonceptivos a través del sistema público.
Las Naciones Unidas calculan que con que sólo disminuya un 10 por ciento la atención durante la crisis sanitaria global se producirán “3 millones de abortos en condiciones de riesgo, 15 millones de embarazos no deseados adicionales y 28.000 muertes de personas gestantes durante este año”.
La situación de las mujeres durante la gripe SARS o el brote del Ébola en 2013-2016 en el África occidental son un anticipo. “Solo en Sierra Leona, la disminución de la atención materna y neonatal debido a la interrupción de los servicios y al temor a buscar tratamiento durante el brote contribuyó a una cifra estimada de 3.600 muertes de mujeres, muertes neonatales y recién nacidos”. Un número similar al total de las muertes causadas por el Ébola.
Hay que aprovechar estas lecciones. Como dicen las norteamericanas, no se puede poner en pausa un embarazo. Debemos organizarnos para exigir:
1 el gobierno debe garantizar la provisión de anticonceptivos gratuitos de calidad y sin receta. 2 el gobierno debe garantizar el suministro gratuito de misoprostol. 3 los servicios de salud reproductiva deben situarse fuera de los hospitales, para garantizar la continuidad de la atención sin que las niñas y mujeres comprometan su vida al acudir a ellos. 4 debe autorizarse el aborto medicamentoso sin restricciones. Alcanza con respetar el Fallo FAL (protección de la salud de la gestante en los términos de la ONU). 5 aborto legal, seguro y gratuito.
