Masacre laboral en el Estado

En la semana transcurrida entre el anuncio del cierre del INADI y la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el gobierno despidió a 170 trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad, 140 monotributistas del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y a 92 de la Administración General de Puertos. En otros organismos públicos se empezó a correr la bola de que ya estaban confeccionadas las listas de despidos, pero todavía no llegaron las notificaciones.

Las listas de despedidos de enero llegaron acompañadas por el rumor de que, en marzo, las cesantías alcanzarían el 30% de la planta de trabajadores de cada organismo. En algunos casos eso significa imposibilitar el funcionamiento del Estado Nacional o de sus delegaciones en las provincias, en general más chicas que las centrales. Aunque el Estado y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), el sindicato dirigido por Andrés Rodríguez, no reconocen como trabajadores a los monotributistas, para aplicar el recorte de personal sí se los tendría en cuenta. A diferencia de los despidos de los ingresantes en 2023, para la próxima tanda no había un criterio definido y cualquiera podría caer en la volteada. El que no hayan llegado la totalidad de los listados al 1 de marzo responde a una estratagema administrativa del gobierno: como todas las renovaciones se hicieron trimestrales, en el caso de los monotributistas, no hay obligación de preaviso para rescindir contrato. Simplemente no se renuevan.

El ataque a los trabajadores y trabajadoras del Estado es una política aleccionadora. La incidencia monetaria de prescindir de los salarios (de pobreza) del 30% de los empleados públicos no garantiza la recaudación para responder con el FMI. Es un achicamiento político y no económico, un botón de muestra de los que se prepara para el sector privado en las próximas semanas.

Estamos en puerta de una verdadera masacre laboral. El gobierno no ha mostrado ningún prurito. Dentro del listado, con nombre y apellido, de los despedidos de la Agencia de Discapacidad se encuentran una trabajadora embarazada, unos 20 compañeros contratados por el cupo de discapacidad con certificado CUD y también delegados de ambos sindicatos. La pretensión de arrasar con derechos conquistados y proceder a una reforma laboral que anule a la clase obrera sigue vigente para el gobierno de Javier Milei, no se cayeron con la ley ómnibus.

En los próximos días, varias Juntas Internas comunicaron acciones, dirigidas a organizarse contra los despidos de marzo (Economía, Energía, Habitat, Producción, Agricultura, Cultura, Acumar, INDEC, Trabajo, Garrahan, entre otros). En ACuMaR, por lo pronto, la asamblea prevista para hoy debió postergarse por una amenaza de bomba y el consiguiente desalojo del edificio. En otras dependencias, adonde los despidos ya llegaron (Discapacidad, Incaa, Pensiones, etc.), comenzó la pelea por la reincorporación. Lo que aturde es el silencio de la Seccional Capital y del Consejo Directivo Nacional de ATE, que no convocó a un plenario de urgencia para responder de forma unitaria al ataque, ni siquiera convocaron a movilizarse al Congreso el 1 de marzo para protestar en la apertura de sesiones legislativas.

La última acción gremial ocurrió el 26 de febrero pasado. Consistió en un cese de actividades de tres horas y media, en el marco de una “Jornada Nacional de Lucha” convocada por el Frente de Sindicatos Estatales. La seccional Verde y Blanca -ATE Capital- se limitó a convocar a un abrazo a la sede del INADI, con apenas 48 horas de anticipación. Hasta entonces, no se había hecho eco de la convocatoria a la “jornada nacional”. No hubo ninguna instancia para prepararla, al punto que algunas Juntas Internas habían convocado medidas propias para no carnerear la “jornada nacional”.

La inacción de las conducciones del sindicato no deja duda sobre el camino a seguir. Necesitamos construir una lucha en coordinación entre los sectores dispuestos a enfrentar los ataques de Milei, en defensa de los puestos de trabajo y los salarios.