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Marcia Reyes (29), madre de cuatro hijos, mujer trabajadora del distrito de Escobar salió el viernes 24 de abril a las 16hs de su casa, en el barrio “San Miguel”, en la localidad de Ingeniero Maschwitz; para entregar un celular que había vendido por las redes sociales. Se encontraría con el comprador cerca de la fábrica Ford, en General Pacheco y desde allí no se supo más de ella.
Después de 10 días de una incansable búsqueda por parte de su familia, el día 4 de mayo la policía local dio aviso que fue hallada caminando sobre Ruta 26 en Ingeniero Maschwitz. Marcia mostraba marcas de la violencia. Dijo que fue sometida contra su voluntad durante los 10 días que duró su cautiverio hasta que logró escapar.
Una vez radicada la denuncia por la desaparición, en la Comisaría segunda de Escobar, su familia comenzó a desarrollar una tarea de “investigación” para determinar el recorrido de Marcia. Durante los primeros cinco días, un sinfín de irregularidades por parte de la policía llevó a las y los familiares a ir en busca del fiscal de la causa, en la Fiscalía N°5 de Escobar, el Dr. Claudio Aunjian. El 30 de abril la familia se presentó en la fiscalía y fueron atendidos por la Dra. Román, a cargo de la instrucción de la causa, quien en un primer momento dijo “ya nos estamos ocupando”; luego, y ante la insistencia de la familia, tuvo que llamar por teléfono al fiscal, al cual puso en comunicación. El fiscal les dijo que el expediente, a seis días de la desaparición de Marcia, seguía en la comisaria de Maschwitz y que, hasta ese momento, no tenía conocimiento de todos los datos que se le estaban comentando. La familia de Marcia le solicitó el resguardo de las cámaras de seguridad municipales, de los distritos de Escobar y Tigre, y copia del expediente; a lo que el fiscal accedió y los mandó a la comisaria a que lo busquen allí. El fiscal les anunció que ordenaría rastrillajes en ambas localidades.
Durante las 48 horas posteriores a la comunicación con el fiscal, ninguno de todos los rastrillajes arrojó resultado. Tampoco se habían determinado acciones respecto a testimonios recaudados los cuales proporcionaban datos sustanciales. Por lo que la familia, a 8 días de la desaparición, decidió avanzar para exigir al Municipio que les sean otorgadas las cámaras de seguridad; de las cuales ya existía el resguardo librado por fiscalía y que, según la instruyente del fiscal, duraban 14 días grabadas. En base a dicha urgencia se prepara, junto a organizaciones del distrito, una acción frente a la Municipalidad de Escobar, para el lunes 4 de mayo. La familia de Marcia declara, a través de medios nacionales, que la investigación recién se inició el 30 de abril cuando ellos acudieron a la fiscalía y también hicieron publica la convocatoria a la movilización para que el intendente Sujarchuk les entregara las grabaciones de las cámaras de seguridad municipales.
Pasadas apenas unas horas de las declaraciones públicas de la familia, y a 10 horas de realizarse la acción frente al Municipio, la policía dio aviso de que Marcia había sido hallada.
La organización independiente de la familia y de denuncia al Estado, fue lo que posibilitó comprender que este es un problema político de primer orden. El caso de Marcia se inscribe en una situación de violencia general. A Marcia la encontramos porque se logró elaborar una salida colectiva, de choque contra un sistema que se nutre de la violencia hacia las mujeres como un pilar fundamental para su sostenimiento. Solamente durante la cuarentena obligatoria hemos sufrido 41 femicidios, en los cuales en varios de ellos se incluyen a sus hijas e hijos. Mientras el presidente Alberto Fernández creó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y los intendentes del conurbano como Sujarchuk, a través de sus Secretarías locales hacen alarde de “La ley Micaela”, cientos de mujeres trabajadoras y niñas y niños siguen desapareciendo, siendo ultrajadas y/o muriendo. La curva que no se aplana es la de la violencia hacia las mujeres. Siendo el vaciamiento de las políticas de atención integral a las victimas la prueba irrefutable de que, por acción, inacción o connivencia, el Estado es responsable.
En la zona norte la situación no dista del cuadro nacional. En Escobar existen numerosos casos de femicidio que siguen impunes, como es el de la abuela Paula; hace pocos días el de la vecina del distrito Maria Yusco. En Pilar venimos de movilizaciones por el femicidio de Patricia Frete y en San Fernando desapareció Valeria; hace más de dos meses aun nada se sabe de ella. En Tigre, las víctimas se suman trágicamente a una larga lista de femicidios y desapariciones como los de Luna Ortíz y Georgina.
Es imperioso poner en pie una coordinadora de familiares y amigos a fin de fortalecer la unidad de las y los trabajadores contra el Estado, el Poder Judicial y la Policía que organizan, encubren y sostienen las redes de trata y la organización de comités barriales para combatir la violencia contra las mujeres, niñas y niños y disidencias.
Exigimos que se esclarezca de inmediato lo sucedido con Marcia, que se determinen los autores materiales e intelectuales y también responsabilizamos al Estado y al Gobierno de Ariel Sujarchuk por su integridad física y la de su familia.
Aparición inmediata de Valeria López, de San Fernando, y todas las mujeres desaparecidas en democracia. El Estado es responsable.
