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La violencia vinculada al crimen organizado en Santa Fe ha tocado un nuevo pico con el asesinato de los dos taxistas y la balacera que sufrió un chofer de colectivo en la ciudad de Rosario durante la última semana. Las fuentes atribuyen a que el objetivo de estos delitos fue lograr un estado de zozobra y conmoción política. En efecto, lo logró: por un lado, los choferes decretaron el paro por tiempo indeterminado al considerar que la vida de estos trabajadores está en riesgo por la espiral de violencia. Por el otro, el gobierno provincial tuvo que suspender sus actividades para abocarse a esta “revancha” que –aseguran- viene planificada desde las cárceles. Es que una de las políticas de Pullaro ha sido extremar los controles dentro de los penales, principalmente el ubicado en la localidad de Piñero. Pullaro y Bullrich han viralizado largamente a estas medidas, con la difusión de fotos de los detenidos al “estilo Bukele”.
Hace sólo una semana, Bullrich se vanagloriaba de que el “Plan Bandera” -un programa que tiene como principal aspecto el desembarco de fuerzas federales en la provincia- había logrado reducir comparativamente la cantidad de homicidios perpetrados en febrero de 2023 con el mismo mes de este año. Pero sus festejos se desvanecieron en el aire ante los asesinatos de los trabajadores del transporte. Por esto, se ha resuelto la convocatoria a un Comité de Crisis nacional, copresidido entre la ministra y Pullaro.
La novedad de la convocatoria es que pretende la participación de las FFAA en la seguridad interior, algo que se encuentra legalmente vedado por la ley que regula su funcionamiento. Pero una de sus excepciones justamente es el estado de crisis invocado a la hora de constituir el propio Comité. El propósito declarado es que el mismo ejército argentino desembarque en territorio rosarino. Por ahora, el planteo ha sido rechazado por los propios mandos militares, quienes aseveran que no les compete realizar esa tarea y que carecen de recursos para hacerlo. Esta resistencia no es una novedad, fue parte de los argumentos de Milei para descabezar mandos militares en diciembre. Por lo pronto, está confirmado que le serán concedidos a Gendarmería Nacional 150 vehículos para el patrullaje de las zonas que reportan mayores índices de criminalidad.
La ley de Seguridad Interior, asimismo, requiere para la intervención de las FF.AA. en territorio nacional la declaración previa del estado de sitio por parte del presidente. Esta consideración no fue mencionada por ninguna de las partes involucradas.
A pesar del “entendimiento” por la crisis, Pullaro denuncia que se han limitado los agentes prometidos por Bullrich como represalia por el naufragio de la ley ómnibus. Del otro lado, la ministra arremetió contra el gobierno provincial, reclamando el “saneamiento” de la policia. Llegó a decir que la gendarmería no quiere comunicarle información sensible a la policía de Santa Fe porque luego termina filtrada entre las bandas narco. Hasta las fuentes mencionan que es partidaria de que Milei intervenga la policía provincial, algo que en su momento le fue planteado al exgobernador Miguel Lifschitz y que éste rechazó (La Nación, 08/03).
En medio de estas disputas, la introducción del ejército será igualmente impotente para terminar con el delito organizado, pero servirá de peldaño para una militarización del Estado con propósitos más generales. Bullrich calificó a los últimos crímenes de Rosario como “terrorismo urbano”. Esta 'politización' del crimen vendrá de la mano de la criminalización de la “política” –y las luchas- de los trabajadores, por un lado, y hundirá a todo el Estado –con ejército incluído- en el fango de la descomposición . Así lo reflejaron los antecedentes de México y Colombia.
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Rosario: las balaceras narco y la “bukelización” de Pullaro Por Juan Cruz Mondino, 08/03/2024.
