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El 16 de marzo de 1974 se produjo el Villazo, una gran gesta obrera que nació de la fábrica metalúrgica de Acindar de Villa Constitución y que tuvo un alcance nacional. Fue el corolario de una derrota que las bases obreras le propinaron conjuntamente a las maniobras de la patronal, el gobierno peronista y la burocracia sindical, a partir de lo cual se abrió la posibilidad de construir un nuevo eje de reagrupamiento de la clase obrera. El proceso de debate y organización del activismo antiburocrático allí dado representará uno de los episodios más ricos del movimiento obrero desde el estallido del Cordobazo.
Perón y la burocracia sindical contra el movimiento obrero
El Villazo tiene un valor agregado dentro la historia de las gestas obreras: su accionar se produjo, no ya bajo un gobierno peronista, sino bajo el gobierno del mismísimo Juan Domingo Perón. Éste había regresado al país a mediados de 1973 (es decir, apenas algunos meses antes) con el aval de la burguesía y los militares que lo habían proscrito casi 20 años atrás. El objetivo de este “operativo retorno” era que el viejo caudillo impusiera, a través de su autoridad política sobre las masas, por un lado, y de organizaciones paramilitares y patotas a sueldo, por el otro, un sometimiento definitivo del movimiento obrero que conocía un ascenso revolucionario desde el Cordobazo. Política Obrera explicaba que “Perón ha adelantado cuáles son los objetivos de su retorno: paralizar este movimiento de ascenso de los trabajadores”. Y agregaba que “la sistemática orientación hacia la derecha de Perón está dictada porque la burguesía necesita reconstruir a pleno el rol de los aparatos represivos -como punto de partida para frenar las luchas obreras, (pero) Perón, sin embargo, encuentra dificultades para su propósito. Esto se explica, porque accede al gobierno en un período de ascenso obrero y retroceso de los aparatos represivos”.
La situación en el movimiento obrero reflejaba que la burocracia sindical era incapaz de contener una reacción obrera que se levantaba en defensa del poder adquisitivo de sus salarios y las condiciones laborales. Diversos sindicatos fueron arrancados de manos de la burocracia y se encontraban en manos de sectores combativos, principalmente en Córdoba, pero también en Salta, Tucumán, Río Cuarto y diferentes fábricas de todo el país. En julio de 1973, Política Obrera contaba que “un reguero de ocupaciones de lugares de trabajo, de luchas, movilizaciones y huelgas se desarrollan a diario con un objetivo central: tirar abajo a la burocracia y elegir una nueva dirección”. El título del artículo era contundente: “La clase obrera construye su dirección revolucionaria. En todos lados destituyen a la burocracia”. Con una claridad inobjetable, el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, explicaba que “los que tienen la torta (es decir, los patrones) quieren que Perón garantice que no habrá un desborde por la izquierda” (La Opinión, 13/7/73).
Apenas asumido el poder político, Perón emprendió una brutal ofensiva contra el movimiento obrero. En primer lugar, llamó a conformar un “pacto social”, es decir, un acuerdo entre las patronales y la burocracia sindical contra los trabajadores para desarticular las luchas por el salario. La burocracia sindical, sin embargo, se revelaba incapaz de garantizar ese pacto social en los lugares de trabajo. Por ese motivo, un segundo aspecto fundamental de la ofensiva de Perón fue el impulso a una nueva ley de asociaciones profesionales, que reglamenta la vida sindical al interior de los gremios. En relación a esta iniciativa, Política Obrera sostenía que “el objetivo del peronismo hoy es replantear la estatización sindical como base de la reconstrucción del Estado burgués. Detener las luchas en ascenso y el avance independiente del clasismo”. El ataque oficial contra el movimiento obrero combativo se cerraba con el accionar criminal de la burocracia sindical y los grupos paramilitares que practicaban secuestros, asesinatos y atentados contra la vanguardia obrera. A comienzos de 1974, la escalada represiva estaba alcanzando un nuevo récord histórico.
Pero, a medida que la carestía iba en ascenso, los conflictos crecían en intensidad y organización. La burocracia se encontraba desbordada por todas partes. Se imponían los métodos de la huelga, el piquete y las ocupaciones de fábricas. Las luchas obreras estaban resquebrajando el ‘pacto social’ de congelamiento salarial.
Uno de los gremios que se encontraba más convulsionado era el metalúrgico, donde la burocracia sindical se encontraba objetivamente cuestionada por un proceso de reagrupamiento de las bases obreras y recuperación de comisiones internas en todo el país. Política Obrera sostenía entonces que “el actual proceso de debate y organización del activismo antiburocrático en el gremio metalúrgico es una de las facetas más ricas, desde el Cordobazo hasta hoy, del proceso del surgimiento de una nueva dirección obrera. Intervenir, orientar e impulsar este proceso es fundamental”.
A principios de marzo de 1974 debían llevarse a cabo las elecciones en el gremio metalúrgico, cuya directiva se encontraba dominada por la implacable burocracia de Lorenzo Miguel.
Elecciones metalúrgicas: los preparativos de un fraude
Del 4 al 9 de marzo de 1974 estaban previstas las elecciones de renovación de autoridades del sindicato metalúrgico. Se trataba de una gran oportunidad para un reagupamiento clasista del movimiento obrero que hacía punta entre los metalúrgicos. Las elecciones se planteaban en un momento crucial en el gremio: durante la última etapa se venía desarrollando una ola creciente de luchas en fábricas de todo el país que tenía como protagonistas a las bases obreras que se sacudían el yugo de la burocracia de Lorenzo Miguel. Eran los casos de las fábricas Del Carlo de San Isidro, Philips de Capital, Yelmo y Santa Rosa de La Matanza, La Cantábrica de Morón, y muchas otras más.
“¿Qué nos enseñan estas luchas?”, se preguntaba Política Obrera (PO N° 185, 02/74). Y respondía: “que las patronales están apoyadas por el gobierno para negar nuestros reclamos. Que el gobierno peronista se ha constituido en el centro de reagrupamiento patronal contra los obreros. De esta manera, si bien se han obtenido importantes triunfos en algunas fábricas, si seguimos luchando en forma aislada y desperdigada no podremos conseguir soluciones de fondo contra la miseria salarial, contra el aumento de los ritmos de producción, contra las malas condiciones de trabajo, la insalubridad, la descalificación, etc. Más aún, nos harán retroceder. Estas conclusiones demuestran la necesidad de un combate unificado y centralizado del gremio. Esto no puede venir de la dirección actual de la UOM, puesto que es uno de los principales apoyos del pacto social y de la represión contra el activismo”. Y agregaba que “durante 1973 ha surgido en el seno del gremio un importante sector de activistas que ha ganado importantes posiciones fabriles. En este proceso de recuperación de organizaciones fabriles de manos de la burocracia los activistas quieren centralizarse ahora en torno a la campaña electoral”.
Pero la fecha de las elecciones, principios de marzo, no era azarosa: la mayoría de las fábricas se encontraban todavía con gran parte de los trabajadores de vacaciones (una práctica que la burocracia no ha abandonado hasta el día de hoy). Todavía más: los plenarios de delegados convocados en todas las seccionales metalúrgicas con el objetivo de elegir a las Juntas Electorales que iban a fiscalizar la elección se fijaron para el 25 de enero, en el pico del vaciamiento de las fábricas. La burocracia llevó adelante una escandalosa manipulación con el fin de asegurarse el monopolio de las juntas electorales y garantizarse así un fraude a su medida. En todos los plenarios se hicieron presentes, además, patotas a sueldo de la camarilla de Miguel, ajenas al gremio, que amedrentaron a los sectores opositores e independientes. Con esos métodos, la burocracia impidió cualquier tipo de deliberación sobre la cuestión del salario y las condiciones de trabajo. En el plenario de Capital, además, se presenció la injerencia del gobierno mismo con la intervención en el plenario por parte del Ministro de Trabajo Ricardo Otero, quien llamó a apoyar el ‘pacto social’ y librar una batalla abierta contra quienes lo atacaban. Lorenzo Miguel, en este cuadro, impuso a su gente en todas las juntas electorales.
Inmediatamente después, la directiva del sindicato prosiguió a una proscripción sistemática de todas las listas opositoras en el gremio, amparándose en una reciente reforma de los estatutos que estableció condiciones prohibitivas para presentar lista. En no pocas ocasiones, grupos de matones ingresaron a las casas de dirigentes opositores y los golpearon brutalmente. La directiva del sindicato actuaba en consonancia con las fuerzas represivas. Previo a las elecciones de Junta Electoral, la policía allanó locales de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y encarceló a sus activistas opositores a la burocracia, impidiendo que se presentaran “en tiempo y forma” para la presentación de lista. Así, en casi todas las seccionales fueron proscritas las listas opositoras, incluyendo los grandes centros del reagrupamiento combativo metalúrgico: Rosario, Matanzas, Capital y Vicente López.
Política Obrera explicaba entonces que “este fraude descarado se ubica dentro de la ofensiva de conjunto que el gobierno y la patronal llevan adelante contra los trabajadores. En momentos en que se ataca a Córdoba, en que se prepara una ofensiva de carestía, en que se reprime y allana, la burocracia tiene la orden de no permitir ninguna oposición, ni siquiera local que, de triunfar, pudiera abrir una alternativa de combate y de dirección a todo el gremio metalúrgico”.
En el caso de Villa Constitución, ante la imposibilidad de proscribir a la oposición y del triunfo asegurado de ésta, la burocracia decidió postergar la elección. Desde 1970, esta seccional de la UOM se encontraba intervenida por la directiva. La comisión interna de Acindar, por otra parte, se encontraba en manos de sectores combativos, agrupados en la Lista Marrón, integrada por sectores de la JTP, de la izquierda e independientes.
Luego de suspender la elección en la seccional, y con todas las listas opositoras proscritas en el resto del gremio, la burocracia creyó que era el momento adecuado para barrer con esa gran amenaza que representaba Villa Constitución. Anunció entonces la expulsión de los delegados electos por la base, por “desacatar a la conducción” y “para sanear a la misma de elementos marxistas”. La patronal, en consonancia, comunicó a los trabajadores que dejaba de reconocer al cuerpo de delegados y al poco tiempo se apersonaron diferentes efectivos de la policía en los alrededores de la fábrica.
Habiendo proscrito la casi totalidad de las listas opositoras ¿qué importancia podía tener una sola lista opositora aislada en una regional? La burocracia era plenamente consciente de los riesgos: una seccional que pasara a manos de una corriente combativa se convertiría en un eje de reagrupamiento clasista para todo el activismo antiburocrático, no sólo para el gremio metalúrgico, sino como canal de expresión de lucha nacional contra el pacto social peronista. Por ese motivo, la burocracia, la patronal y el gobierno se estaban jugando todas las cartas contra la corriente opositora en Villa Constitución. Por el contrario, con su accionar habían encendido la mecha que prenderá el Villazo.
