Escribe Daniel Blanco
La política de salud del gobierno ´libertario´ es criminal.
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Las cifras son elocuentes. Los contagios registrados han superados los 151 mil casos en el primer trimestre cuando el récord anterior, registrado en 2023, fue 130 mil casos en todo el año. Los datos comparativos revelan que, respecto del primer trimestre de 2023, los contagios han aumentados en un 844%, pasando de 16 mil a los actuales 151 mil, cuando aún faltan dos meses de alta temperaturas y lluvias que van a multiplicar y extender los contagios. Se han registrado casos en los 24 distritos de todo el país, con casos autóctonos en 19 de ellos.
En cuanto a los fallecimientos, en la epidemia anterior se llegaron a contabilizar 65, mientras que ahora superaron los 106. Un nivel de letalidad que supera a Brasil, que, habiendo superado los 2 millones de contagios, ha declarado 715 fallecidos.
Llegado a este punto, por primera vez desde la asunción de Milei, el ministro de Salud convocó al COFESA, el Comité Federal de Salud que reúne a los ministros de todas las jurisdicciones. El evento, sin embargo, no sirvió para nada. A nivel nacional los funcionarios se comprometieron a seguir monitoreando la evolución de la pandemia. A nivel jurisdiccional, recibieron las recomendaciones ya conocidas de seguir con las fumigaciones por parte de los municipios y las acciones individuales y hogareñas (descacharreo). En paralelo, casi como una campaña, el vocero presidencial volvió a la carga contra la vacuna, declarando que ésta no figura en el calendario de vacunación de ningún país del mundo y que se están estudiando sus efectos adversos.
En contrapunto todos los especialistas, infectólogos reconocidos y otros científicos han destacado que la vacuna ha sido autorizada su aplicación por la ANMAT, que la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha recomendado su aplicación en las zonas de más alta densidad de contagios, así Brasil, ya tiene comprada 50 millones de dosis y que 5 millones están actualmente siendo aplicadas en las regiones más comprometidas.
El infectólogo Tomás Ordura, destaca que la inmunización que produce la doble aplicación de la vacuna disminuye en un 84% el riesgo de hospitalización y en un 61 los casos de dengue sintomáticos, que tiene un alcance tetravalente (o sea inmuniza contra los cuatro serotipos) y su duración es efectiva en cinco años. A la par de ello, ha señalado que muchas personas se han aplicado una dosis y no la segunda, denunciando que ellos se debe alto costo (70 mil pesos cada dosis) y a la campaña del gobierno contra la vacuna.
Unos de los argumentos esgrimidos desde el gobierno es que la vacuna requiere de dos dosis, a razón de tres meses de diferencia entre una y otra, y que los efectos se verificarían a los 15 o 20 días. Por lo tanto, concluyen, la vacuna no tendría efecto para enfrentar la actual pandemia.
Los científicos e infectólogos más prominentes, entre ellos Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectótolos Pediátricos, ha refutado esta argumentación, destacando que, entre el 60 y el 70 % de los casos de dengue, son asintomáticos, o sea personas que generan inmunidad para el serotipo que se contagiaron y que, con una sola dosis, reforzarían en gran medida la inmunidad como si se hubieran aplicado las dos.
Por su parte, el infectólogo Eduardo López destacó que, con una dosis, se produce seroconversión, lo que indica una respuesta inmune pero no necesariamente protección. La seroconversión de anticuerpos es del 81% para los cuatro serotipos de dengue que existen pero de más del 90% para los tres serotipos que circulan en el país. La segunda dosis lo que hace es reforzar esta acción.
Varios infectólogos han señalado que, con su política, el gobierno está directamente rechazando el reconocimientos y aplicación de la vacuna, pues no ha tomado los recaudos de reservas de producción, que llevan más de tres meses pero que pueden ser más si crece la demandas por el crecimiento explosivo y extendido que está teniendo la epidemia en todo el continente.
La política del gobierno es, en lugar de promover y garantizar la vacunación, acabar con el mosquito, como si se tratara de una batalla individual, hogareña y de escala municipal. Es una batalla perdida de antemano frente al cambio ambiental, los periodos de lluvias, y las cuestiones estructurales de la gran producción agraria (sojización), de la mano del uso masivo de los agrotóxicos que afecta a los depredadores naturales de los mosquitos (peces, anfibios y arácnidos), y todo el proceso de deforestación que ha contribuido a acelerar la tropicalización de regiones enteras del país.
La lucha contra el dengue, en lo inmediato, requiere del aumento del presupuesto destinado a la salud pública para atender los miles de casos y consultas que, por estas horas, desbordan todos los centros de salud, e incorporar a miles de agentes sanitarios para realizar las inspecciones casa por casa, manzana por manzana, para el descacharreo. Plan de los municipios y los gobiernos para la erradicación de los basurales y microbasurales y todas zonas urbanas con aguas estancadas. Provisiones gratuitas de repelentes y espirales, tules y telas mosquiteras para los hogares.
Provisión gratuita y campaña de vacunación, comenzando en las zonas más críticas y con los casos más vulnerables. Suspensión de las clases hasta que se acondiciones las escuelas y colegios que se ha demostrados que son una fuente muy fuerte de contagios.
Estos reclamos de emergencias deben dar lugar a autoconvocatorias de asambleas en los barrios y los sindicatos, y ser el punto de partida de una lucha que se deben integrar a otros reclamos sociales (salario, jubilaciones, trabajo, libertades, etc.).
La lucha contra el dengue plantea una lucha política contra los gobiernos, nacional y provinciales, que solo procuran apuntalar las ganancias del capital, a costa de la vida de los trabajadores y los pobres.
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