Despidos en el Equipo de Relevamiento y Análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas

Escribe Vicky Medina

Otro golpe contra los derechos humanos.

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La Secretaría de Derechos Humanos de ATE sacó un comunicado denunciando la destrucción de la política de archivos y derechos humanos. Este proceso abarca dos cuestiones.

Por un lado, fueron despedidos 10 de los 13 trabajadores de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de los Archivos de las Fuerzas Armadas. Estos despidos se enmarcan en la política de recorte del gobierno libertario, a lo largo de esta semana se produjeron miles de despidos en el Estado, aplicando la reducción del 20 % de empleados públicos y del 70 % del gasto público que pidió Milei. Los que sufrieron este recorte no fueron solo contratados que se irán sin indemnización, sino también trabajadores de planta permanente.

Por otro lado, representa un retroceso en las causas de delitos de lesa humanidad, pues saca a los civiles del trabajo con los archivos de las FFAA. El trabajo que realizaba la ERyA era el de investigar en algunos de los archivos de las FFAA, por medio de programas de “fortalecimiento de la democratización” de esa institución. Tales análisis e investigaciones eran requeridas por el Ministerio Público Fiscal y por el Poder Judicial para avanzar en causas judiciales que investigan delitos de Lesa Humanidad en todos los periodos de interrupción de la democracia, como expresa el comunicado de ATE. ATE denuncia que tal decisión fue tomada por el ministro Luis Petri, Claudio Pasqualini (Secretario de Estrategia y Asuntos Militares), Lucas Erbes (Director Nacional de Derechos Humanos) y Jerónimo Peres Vieyra (asesor de Erbes).

El desmantelamiento de áreas dedicadas a la causa comenzó hace semanas. En Entre Ríos, el gobierno de Rogelio Frigerio dio la orden de desarticular el Registro Único de la Verdad que, al igual que el ERyA, se encargaba de concentrar y analizar archivos de la última dictadura. Estos cierres de áreas y programas relacionados a la investigación de delitos de lesa humanidad, ponen en peligro el acceso de la sociedad a estos archivos y supone un estancamiento en su normalización y modernización archivística.

El caso del ERyA toma relevancia en un contexto de política videliana de parte de los integrantes del gobierno nacional, Milei y su secuaz Villarruel, una política de ataque a todos quienes reclamamos justicia por los desaparecidos y asesinados en la última dictadura cívico-militar y pedimos por la apertura de los archivos de ese periodo. Esta política videliana consta, también, de conocer la “historia completa” de la última dictadura, avanzando hacia un intento de lavado de cara de las FFAA, diciendo que cometieron “excesos contra los terroristas”, reviviendo la teoría de los dos demonios.

Desde Política Obrera denunciamos los cierres de estos programas y pedimos por la reincorporación de los despedidos en todos los organismos del Estado. Nos pronunciamos nuevamente, gritando que fueron 30.000 y fue genocidio. Exigimos la apertura de los archivos de la última dictadura cívico-militar.

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