Cúneo Libarona es una garantía para el delito organizado

El abogado designado por el gobierno de Javier Milei para encabezar la oficina en Rosario de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) es el defensor de un político de estrecha relación con el senador por San Lorenzo, Armando Traferri, investigado por sus relaciones con el juego clandestino. Integraba, además, el estudio de un socio local del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Se trata de Juan Francisco Lafontana, un abogado joven que representa al exdiputado provincial (PJ) Darío Scattaglini, imputado por tráfico de influencias, sospechado en una causa penal por facilitar que una organización dedicada al juego clandestino obtuviera el manejo de máquinas *online *en salas habilitadas por la Lotería de Santa Fe y que, para irse en libertad en 2021, tuvo que pagar una fianza de 41 millones de pesos (Ámbito financiero). Lafontana era, además, integrante del estudio del penalista Jorge Ilharrescondo, quien representó con Cúneo Libarona al empresario Sergio Taselli, en una causa en la que éste está imputado por grave contaminación ambiental causada por Petroquímica Capitán Bermúdez, de su propiedad, un litigio multimillonario .

La UIF es un organismo creado para fortalecer el sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. A fines de febrero pasado, se creó una oficina especial fija en Rosario. El gobierno nacional colocó al frente a Lafontana, a quien sólo se le conocen antecedentes desde el otro lado del mostrador en la oficina de la que ahora se hará cargo.

Cuneo Libarona administra y vende locaciones para que abogados, empresarios, contrabandistas y lavadores de dinero sigan entrando a cazar al zoológico con los animales atados. El estudio que ahora dirigen sus hermanos se está haciendo muy popular gracias a esto.

Cazando en el zoológico

Esto quedó demostrado esta semana cuando el juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay ordenó la elevación a juicio oral de una de las maniobras más grandes y con mayor cantidad de pruebas de la historia judicial referida a la sobrefacturación de importaciones, triangulación del dinero y posterior reingreso de los fondos en el circuito financiero (Ambito Financiero).

Se trata de un caso que contó con la colaboración en el intercambio de información con Estados Unidos, que envió informes reservados relativos a NRG Argentina SA, sus accionistas y empresas relacionadas. En total, se “inflaron” 24 importaciones de maquinaria pesada, destinadas a operar en Vaca Muerta. En realidad, el objetivo era hacerse dólares del BCRA a tipo de cambio oficial para sacarlos al exterior, donde se desviaron unos u$s 92.339.778 que terminaron liquidados mediante instrumentos financieros, aprovechando la brecha (Ámbito). Fue un caso icónico en el que se comprobaron todos los extremos de las maniobras que, mediante sobrefacturar bienes importados, obtenían dólares oficiales y, además, lograban una ganancia a través de un “rulo” en el sistema financiero. La Aduana, durante la gestión de Guillermo Michel presentó múltiples denuncias penales por al menos u$s 3 mil millones en operatorias irregulares descubiertas a través de la división Máquinas de Valoración de Aduana.

El dato sorpresivo fue que dos de los principales imputados elevados a juicio cambiaron ahora de abogados, Güercio y Strier. Removieron a los especialistas en temas aduaneros que actuaron durante la instrucción y presentaron como defensores al estudio Cúneo Libarona, actualmente conducido por los hermanos del actual ministro de Justicia, Mariano. Ese dato es escandaloso y alienta polémica no sólo por las relaciones que establece el ministro con el aparato judicial, sino porque existen en curso medidas como embargos de dinero en el exterior que requieren la cooperación internacional que se canaliza a través de la cartera de Justicia.

Otro caso que muestra los beneficios que obtienen los clientes del estudio Cuneo Libarona desde que Mariano es ministro de Justicia se conoció el miércoles pasado. La Justicia Federal de Rosario impuso una multa de solo 4 millones de dólares a la empresa Díaz y Forti, que forma parte del conglomerado de firmas agroexportadoras del Grupo Olio, al cual sí absolvió, por no liquidar al Banco Central de la República Argentina (BCRA) 680 millones de dólares en granos que había exportado durante 2020 cuando operó a cuenta de la planta de Vicentin, ya que esta corría peligro de quedar paralizada tras el *default *de la firma. Hasta el sector sojero, evasor frecuente, quedó escandalizado porque el desparpajo de los montos los pone en evidencia a todos. Y la nota es que Mariano Cuneo Libarona representaba a Óleo hasta 10 días antes de que se conociera el fallo del Juzgado Federal N°3 de Rosario el 22 de diciembre (Política argentina).

El juez argumentó en el fallo que el titular de la cerealera, "refiere que la omisión de liquidar las divisas originadas en las exportaciones obedeció exclusivamente a la acuciante y crítica situación de necesidad suscitada durante el ejercicio 2020" y por eso propuso bajar la multa a la mitad, 2 millones de dólares, sin obligarlo, siquiera, a rendir los 680 millones de dólares fugados, según informa Página 12. Para la Justicia los fugadores seriales son una víctima que delinque porque no le queda otra, pero Óleo, metiendo los 680 millones de dólares en el CCL obtuvo, además, una ganancia de, por los menos el 100 %. La ley habilitaba al juez a fijar una infracción diez veces mayor a la suma evadida.

Por su parte Ariel Óleo quedó absuelto a pesar de ser el titular de la empresa fugadora, porque le avalaron el argumento de que ya había renunciado y, debido a la pandemia, no lo pudo formalizar.

Reforma judicial en Santa Fe

Esto se da en medio del intento del Ministro de Justicia de imponer el sistema acusatorio en Santa Fe, el cual implica una reforma de todo el sistema judicial, y, lo más relevante, implica el nombramiento de nuevas vacantes. Bajo la denominación de "fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal Federal de la Provincia de Santa Fe", se crearon cargos de fiscales y jueces con distintas competencias que todavía no fueron nombrados. Tierra fértil para todo tipo de componendas. Para eso ya comenzaron los acuerdos con el gobernador Pullaro y el intendente Javkin y las tratativas con el Presidente de la Magistratura Horacio Rosatti. Al mismo tiempo, es desarmado el aparato judicial que puso presos a los Monos y al clan de Esteban Lindor Alvarado y había descubierto lazos para acusar también a exfuncionarios judiciales y a políticos, como el senador del PJ Armando Traferri.

La Legislatura de Santa Fe suspendió al fiscal Matías Edery, quien protagonizó esas investigaciones, y le impuso una quita del 50 % de su salario en consonancia con el Ministerio Público de Acusación. La denuncia, absurda, es la de encubrir a la informante que lo ayudó a detener a los jefes narcos. El poder político, empático con los grandes delincuentes, sólo tolera y promueve la detención de las mulas y de los minoristas. Los puertos privados de Rosario, el movimiento extraordinario de comercio exterior sin control, el juego clandestino, la explosión del crecimiento de financieras y la libertad para el lavado, son todos condimentos que abonan al crecimiento del narcotráfico.

Mientras usa la baja de edad de imputabilidad a los 14 años y las modificaciones en el Código Penal como cortina de humo, Cuneo Libarona se prepara para ser una garantía judicial a todo lo largo de esa cadena.