Santa Fe: la investigación al fiscal Edery y el ´caso Traferri´
Escribe Sofía Menna
El poder judicial está podrido.
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Se desató una crisis interna en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, que impacta en la estructura judicial y política de toda la provincia, nada menos que a raíz de la investigación interna al fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada, Matías Edery, uno de los abanderados de las causas contra el narcotráfico y de los que apuntaron directamente a la cúpula política con acusaciones al senador Armando Traferi, del PJ, en la causa por juego clandestino.
Todo comenzó cuando se conoció que Edery habría recibido información de parte de Mariana Ortigala, la mujer detenida señalada como testaferro de Guillermo Cantero, líder de la banda Los Monos. Los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno cuestionaron a Edery por mantener una relación impropia con Mariana Ortigala, que apareció como informante de Edery en la causa que los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos llevó adelante contra Esteban Alvarado, capo narco, que terminó condenado a prisión perpetua.
El caso trascendió con capturas de pantalla e informes que señalan que Edery habría omitido pasar información aportada por Ortigala de delitos que investigaban otros fiscales. También señalaron que la extestigo habría accedido a información de procedimientos contra el delito que realizaban otros fiscales. Las acusaciones se sustentaron a su vez con allanamientos y operativos internos en las propias oficinas de la Agencia de Criminalidad y el secuestro del celular del propio fiscal, entre otros elementos.
La investigación llegó directamente al responsable del MPA, Leandro Mai, quien se desligó y acusó como “grave” el accionar de Edery en su relación con Ortigala. La Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe, integrada por cuatro senadores y ocho diputados, resolvió tomar las denuncias contra el fiscal y realizar una acusación formal contra el mismo. Pero el caso no termina ahí, sino que involucró también a la Fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, que podría dejar su cargo en el marco de las investigaciones por su responsabilidad en el accionar de Edery, a la par de que habría un interés de Juntos por el Cambio de colocar alguien de su entorno político en su lugar.
En este contexto, saltaron nuevas declaraciones del narco Alvarado, que dijo que las acusaciones que hoy giran en torno de Edery ya las había hecho a comienzos de 2022 y aseguró que Luis Schiappa Pietra, quien encabezó la denuncia en su contra junto con Edery, es igual de responsable.
Causa juego clandestino
El Senado de Santa Fe aprobó hace 10 dias el desafuero del senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri. Semanas atrás, el propio legislador había puesto su desafuero a consideración de la Cámara alta provincial. Con ese paso cumplido, el abogado del senador provincial presentó esta mañana un escrito solicitando a la Fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, el apartamiento de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la causa en la que se investiga el juego ilegal.
La causa involucra no sólo a Traferri, socio político de la actual vicegobernadora Alejandra Rodenas, sino también a dos legisladores radicales y cuatro peronistas de la fracción del Ejecutivo. Están acusados de recibir coimas por la suma de 250.000 dólares, con el propósito de asegurar un escudo judicial que no complicara su anhelo de quedarse con el juego online legal.
Los acontecimientos, que se desarrollaron rápidamente y en pocos días, dejaron en evidencia una vez más la complicidad del poder judicial y político en diversas causas que involucran al narcotráfico, el espionaje y el juego ilegal de la provincia de Santa Fe. La Legislatura rápidamente tomó cartas en el asunto para poder controlar el proceso de investigación y que no se salga de los márgenes impuestos por una transición política en marcha, que tiene como trasfondo las responsabilidades del gobierno de Perotti y los intentos de controlar con nuevos nombres la estructura jurídica de la provincia por parte de Juntos por el Cambio.
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