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La crisis en Haití ha alcanzado un estado de disolución social catastrófico. Las instituciones del Estado se encuentran en acelerada descomposición. El Primer Ministro haitiano asumido en 2021, Ariel Henry, presentó su renuncia en el extranjero al no poder regresar a su país, luego de haber partido a una misión internacional para pedir la intervención militar extranjera. Desde entonces, se anunció la conformación de un Consejo de Transición para presidir el país, que aún no ha dado señales de vida. Las pandillas armadas, que controlan 90 por ciento de Puerto Príncipe, han atacado en las últimas semanas el Palacio Nacional, además de comisarías, prisiones, bibliotecas y otras instituciones del Estado.
Los organismos internacionales hablan de niveles “endémicos” y “cataclísmicos” de la crisis haitiana. Las cifras hablan por sí solas: durante los primeros tres meses del años, 1.500 personas fueron asesinadas; 17.000 quedaron sin hogar; 4 millones de habitantes pasan hambre y requieren asistencia alimentaria; 350.000 haitianos han migrado este año a causa de la crisis; más de 53.000 personas abandonaron la capital de Haití en menos de tres semanas, la mayoría dirigiéndose hacia la región rural del sur de Haití, que ya acogió previamente a más de 116.000 haitianos que abandonaron Puerto Príncipe.
El 80 % de los servicios públicos que debería prestar el Estado son gestionados por entidades no gubernamentales extranjeras. Aunque el 44 % de la población requiere de la ayuda alimentaria para poder sobrevivir, el reparto de alimentos prácticamente ha colapsado; las pandillas paralizaron gran parte de las rutas y aeropuertos, a la vez que interceptan y saquean los transportes con ayuda alimentaria. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, aseguró que "la magnitud de las violaciones de derechos humanos no tiene precedentes en la historia moderna de Haití. Esta es una catástrofe humanitaria para un pueblo que ya está exhausto".
La crisis y el accionar de las pandillas han golpeado con especial ensañamiento contra mujeres y niños. El Hospital Albert Schweitzer, al norte de la capital, reporta un número sin precedentes de casos de desnutrición aguda, especialmente entre niños. El director del hospital aseguró a la CNN que “estamos completamente aislados de todas las provisiones, alimentos, suministros médicos, lo que sea”. Una parte de las bandas armadas está compuesta por niños que son reclutados de manera forzosa para operar para ellos. La juventud también se ve forzada al reclutamiento, sea por amenaza o por necesidades económicas. Por otra parte, algunos informes aseguran que las pandillas están utilizando cada vez más la violación y el abuso sexual como armas de guerra. La violencia sexual, aseguran, en particular contra mujeres y niñas, es generalizada y ha alcanzado niveles récord. “El año pasado, más de 5.000 mujeres fueron violadas o víctimas de abusos sexuales y, lamentablemente, esto es una parte muy pequeña del iceberg”, explica un funcionario de Naciones Unidas. La mayoría de las veces, agrega, las mujeres no se atreven a ir al hospital para recibir tratamiento por miedo a represalias. Desde el sistema de salud estimaron que unas 3.000 mujeres no tendrán acceso a la maternidad para dar a luz.
Crisis política
La dimisión de Henry era una exigencia de las bandas armadas que se han adueñado de gran parte del país. Henry fue el sucesor de Jovenel Moïse, asesinado en funciones durante el 2021, y asumió la presidencia haititana con el aval y apoyo del gobierno de Estados Unidos. Los últimos ataques de las pandillas obligaron la salida de Ariel Henry a Kenia, solicitando una intervención militar en el país respaldada por la ONU. Con el recrudecimiento de la violencia en las calles, no se pudo garantizar un regreso seguro del primer ministro al país, por lo que presentó su renuncia en el extranjero. Desde entonces, el gobierno haitiano se encuentra acéfalo.
Mientras tanto, soldados de las Bahamas y Belice se encuentran recibiendo entrenamiento militar canadiense con el fin de apoyar el despliegue de tropas de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en Haití. Pero las bandas armadas que hoy controlan Haití germinaron y crecieron bajo la intervención de 13 años de duración de la misión “de paz” de la ONU (Minustah) que permaneció en el país hasta 2017. El líder actual de estas pandillas, Jimmy Chérizier (conocido como “Barbacoa”) es un policía retirado y se lo ha definido como “la personificación de la interconexión que existe en Haití entre pandillas, policías y políticos” (Infobae 05/03). Las pandillas fueron organizadas y armadas por el Estado para llevar adelante un control territorial, ante el creciente descontento de la población. “Arrinconado por protestas masivas a partir de 2018, Moise se apoyó en algunos de estos grupos para sostenerse en el gobierno. Así entró en escena Cherizier” (ídem).
Las pandillas crecieron también al amparo directo de sectores de la burguesía, que reclutaban sus propios grupos de choque, aunque la situación se salió de control y algunos aseguran que estas bandas han ganado autonomía. “Ahora mismo los únicos hombres de negocios que están contentos con la situación son los que se dedican a las drogas, al lavado del dinero, y al tráfico de armas de mano”.
Un experto de Naciones Unidas, William O'Neill, llegó a asegurar que "me sorprende que no se puedan llevar alimentos o medicinas a Haití, pero aun así llegan armas y balas”. La provisión extranjera de armas es una muestra clara de los lazos internacionales que sostienen las pandillas criminales, no sólo en el caso haitiano. Por caso, el Estado mexicano ha obtenido recientemente una victoria legal contra la industria armamentista de Estados Unidos por la venta de armas a proveedores de bandas criminales y organizaciones dedicadas al narcotráfico. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó sobre un aumento del tráfico de armas cada vez más potentes y sofisticadas en Haití desde 2021: fusiles AK47 (de fabricación rusa), el AR15 (de fabricación estadounidense) y Galil (de fabricación israelí). Según expertos, estos “arsenales mortíferos” hacen que las bandas dispongan de “una potencia de fuego superior a la de la policía nacional haitiana”. La mayoría de las armas, aseguran, se adquieren en estados de Estados Unidos con una legislación más permisiva, como Arizona, California, Florida, Georgia y Texas.
Cierre de fronteras y deportaciones masivas
La explosiva crisis haitiana ha comenzado a afectar a los países vecinos debido a la crisis migratoria. Los Estados de la región le han cerrado sus puertas a la población haitiana que intenta huir del país. Todos los países vecinos reforzaron las medidas de seguridad fronteriza, incluida República Dominicana, el único país que comparte frontera terrestre con Haití y que ha descartado campos de refugiados en su territorio. El Ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, dijo a la BBC que unos 10.000 militares habían sido desplegados en su frontera. En el cruce fronterizo de Dajabón, entre la República Dominicana y Haití, hay un flujo permanente de camiones con haitianos que son deportados a su país de origen. Algunos de ellos, con más de tres años viviendo en la República Dominicana, denuncian que las fuerzas represivas irrumpen en sus casas de noche y son arrojados a los camiones sin sus pertenencias.
“En marzo, en medio de un recrudecimiento de la violencia de las pandillas que provocó la declaración de un estado de emergencia en Haití, Estados Unidos hizo saber que –como de costumbre– los haitianos que huyeran para salvar sus vidas no serían bienvenidos en las costas estadounidenses” (Al Jazeera, 31/03). El Boston Globe asegura que “para los haitianos, si no tienen una visa estadounidense, no pueden ingresar a la República Dominicana. La Embajada de los Estados Unidos está prácticamente cerrada y sólo opera en casos de emergencia. Prácticamente no hay salida”. Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos recientemente recibida por el presidente argentino, dio declaraciones sobre los preparativos para trasladar a los refugiados haitianos a la base naval de la Bahía de Guantánamo, centro ilegal de detención y torturas de Estados Unidos en Cuba. Richardson habló de un “plan de contingencia” y aseguró que “todo está actualizado: el equipo, todo está listo para funcionar”, aunque aseguraron que serían enviados a una instalación que está separada de la que alberga a los “sospechosos de terrorismo”.
El Estado norteamericano, secundado por gobiernos de América Latina y el Caribe, sólo pueden ofrecer una nueva intervención militar en el país, como la que llevó a la crisis actual que azota a la población. Ninguna salida a la crisis vendrá de la mano del imperialismo.
