Escribe Emiliano Monge
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Haití, luego de años de ocupación de tropas extranjeras, se ha convertido en un nuevo “estado fallido”, cargado a la cuenta del imperialismo norteamericano. Se une a la lista de estados invadidos por tropas norteamericanas como Irak, Afganistán y Siria, sólo por nombrar algunos. La Misión de Estabilización de la ONU en Haití (Minustah) estuvo en ese país desde 2004 hasta 2017. Cerró “la página del mantenimiento de la paz”, con denuncias de violaciones y abusos infantiles por parte de las tropas intervinientes. El país seguía sumido en una enorme crisis política y social. Ésta situación fue la que impulsó enormes rebeliones populares contra el gobierno, que dejaron decenas de muertos y centenares de heridos.
En la madrugada del 7 de julio un grupo de mercenarios entró a la residencia presidencial, luego de entrar al país con armamento de guerra y asesinó al presidente Jovenel Moïse, previamente torturado. 12 tiros, uno de ellos en la cabeza. Tras el magnicidio, el primer ministro haitiano, Claude Joseph, declaró un virtual “estado de sitio” por 15 días.
Ya el 7 de febrero Moïse había alertado que las autoridades habían desmontado un plan para asesinarlo. Ese mismo día el Consejo Superior del Poder Judicial de Haití (CSJP) -que administra el poder judicial, resolvió que el periodo de Moïse terminaba ese mismo día. “Las autoridades detuvieron ese día al menos a 20 personas, incluido un juez señalado por la oposición en la lista de posibles sucesores de Moïse” (connectas, 9/7). Pocos días más tarde, el mandatario declaraba al diario El País que en Haití varias personas se habían propuesto el objetivo de darle un golpe de Estado. Moïse planificaba una reforma Constitucional que reforzaría el presidencialismo.
El 20 de junio pidió apoyo a la comunidad internacional, tras meses de ataques de bandas mafiosas y guerras de pandillas que azotan el país. Esto ha provocado un desplazamiento estimado por la ONU de al menos 17.000 personas. “Esta es la peor crisis humanitaria”, dice la Unicef sobre Haití (perfil, 9/7). Haití es el único país del hemisferio occidental que no ha recibido ni una sola dosis de vacuna. La presidencia estaba fuertemente cuestionada, no sólo porque en los comicios de noviembre de 2016, participó apenas 18,1% del padrón, sino por el reforzamiento de su autoridad personal y varias denuncias. Moïse cambió 5 veces a su Primer Ministro. Fue denunciado por los acuerdos con Petrocaribe, con fondos de cooperación venezolanos. En total, se perdieron 2.119 millones de dólares entregados por Venezuela a Haití tras el terremoto de 2010, en una investigación llamada Petrofraude (connectas, 9/7).
La industria “for export” de mercenarios colombianos está en auge, partícipes materiales del atentado. “Durante las últimas dos décadas, cientos de ex militares colombianos han sido empleados por contratistas privados de países como Estados Unidos o Reino Unido para dar apoyo en las guerras de Afganistán, Irak y Yemen. Los salarios en el ejército colombiano son, según declaraciones de exministros de Defensa, entre 15% y 20% menores de lo que puede recibir un retirado en el exterior por operaciones contratadas de manera privada” (BBC, 9/7). “Tras la Guerra Fría, argumentan, Estados Unidos estaba interesado en tercerizar las intervenciones militares en países pequeños pero con conflictos complejos, para reducir el impacto político de sacrificar tropas estadounidenses” (ídem). “La industria dio con la creación de empresas como Blackwater, una firma militar privada que, según informes del Departamento de Estado, dio entrenamiento a militares y paramilitares colombianos en 2005” (ídem).
La Policía colombiana dijo que 4 empresas estarían involucradas en el reclutamiento “aunque no dieron los nombres de esas empresas” (France24, 10/7). Estos mercenarios son reclutados por empresas multinacionales para tareas “sucias”, que implica liberar zonas de posible competencia, de líderes políticos y sociales que comprometan negocios, forzar desplazamientos de comunidades para quedarse con las tierras, reprimir protestas y también intervención militar en otros países. En los ’90 Colombia y Uribe en particular promovieron la seguridad privada, relajando leyes para su creación. “Según un informe de 2011 del Comité del Senado sobre Seguridad Nacional de EE.UU., entre 2005 y 2009 el gobierno federal gastó US$3.100 millones en contratos privados (Plan Colombia)” (ídem).
Se trata de militares colombianos retirados que hablan inglés y tienen entrenamiento con armas sofisticadas, inteligencia y operaciones internacionales, entrenados para la lucha “antiguerrillera” por personal y financiamiento de EEUU. “Manuel Antonio Grosso Guarín, a quien el diario El Tiempo describe como uno de los “militares mejor preparados del ejército colombiano” (Perfil, 9/7). Este es el perfil de los 26 colombianos, 18 de ellos detenidos, tres abatidos y cinco prófugos, que, según las autoridades haitianas, están implicados en el asesinato del presidente de ese país Jovenel Moïse (BBC, 9/7). Pero también hay dos norteamericanos detenidos. “Enviaremos a altos funcionarios del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional”, afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
El magnicidio tiene un carácter y una planificación internacional. Los ex militares colombianos comenzaron a revelar detalles que indican “una faceta clave de la guerra en Colombia: una industria de mercenarios que, salidos de los esquemas de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo financiados por Estados Unidos, se han involucrado en distintos conflictos internacionales debido a su gran habilidad militar y su disposición de cobrar salarios bajos” (ídem).
Muchos de ellos recibieron acusaciones por casos de falsos positivos, asesinato de civiles y hacerlos pasar por combatientes para cobrar un “plus” (ídem), lo que indica que el ejército colombiano se ha desarrollado como un ejército paramilitar y narco, como el estado mismo. Uno de ellos, Eladio Uribe, acusado y absuelto por falsos positivos, fue contratado por 3.000 dólares por parte de una empresa de seguridad en República Dominicana (ídem).
Duque envió al director del servicio de inteligencia y de la policía para “colaborar” con la investigación, mientras que Gustavo Petro confirmó la colaboración de mercenarios colombianos y muchos senadores temen por la vida del candidato a la presidencia. El funcionamiento de estos mercenarios durante la represión a la rebelión popular en Colombia ha sido ampliamente documentado por organizaciones sociales e internacionales de DDHH, que dejaron decenas de muertos y desaparecidos. Desde Colombia partieron mercenarios norteamericanos que entraron en territorio venezolano para impulsar actividades terroristas. Algunos exportan mercenarios, otros entregan armas a los golpistas.
Haití ha sido protagonista de enormes protestas contra la ocupación y de una rebelión popular. Frente a la disolución estatal y la disputa del imperialismo y de las bandas paramilitares y narcos que azotan el país, la salida es la convocatoria a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que permita reorganizar el país sobre otras bases sociales.