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Los nuevos datos de la epidemia ponen de manifiesto un crecimiento catastrófico de los contagios. Ya suman más de 230.000 casos registrados y 161 muertes.
En las últimas semanas, los especialistas han señalado que el dengue, al que consideran una enfermedad “democrática” pues no distingue entre ricos y pobres, reconocen que el factor pobreza potencia el avance de la enfermedad. Significa que hay coincidencia general en que el factor climático y el mosquito son los factores de riesgo clave para la propagación de la enfermedad, pero que las condiciones de vida de las personas son determinantes para poder poner una barrera defensiva y tener mayores chances de evitar el contagio.
Las estadísticas oficiales corroboran que, en las jurisdicciones más pobres del país, el porcentaje de contagios es mayor que en el resto. Catamarca, Chaco, Formosa y Tucumán encabezan el lote de provincias con mayores tasas de contagios. Son provincias donde el dengue ya se ha transformado en endémico. En esas jurisdicciones los niveles de pobreza superan el 50 %, más acentuado incluso en las zonas periféricas o en los conglomerados que rodean las ciudades capitales.
En todas esas concentraciones urbanas, la calidad de las viviendas, el hacinamiento, la forma de almacenar el agua y de tratar o no los residuos son factores que favorecen el avance del dengue.
María Victoria Boix, directora de Ciudades del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), sostiene que el 92 % de la población argentina es urbana y precisa que uno de cada tres hogares en la Argentina presenta problemas graves en su vivienda. De ese total, un tercio tiene condiciones “tan malas” que requieren de una vivienda nueva, mientras que el resto tiene inconvenientes cualitativos; por ejemplo, falta de conexión a un servicio básico como agua, luz o cloacas y hacinamiento crítico (más de tres personas por habitación). Esos problemas son los que profundizan las posibilidades de contraer dengue.
Luego destaca que del último censo se desprende que 93 % de las viviendas particulares tienen agua de cañería, pero 16 % no accede vía red y 43 % no cuenta con cloacas.
Boix apunta las “altísimas diferencias” que existen por provincias. Por ejemplo, en Misiones, el 77 % no tiene cloacas mientras que en la ciudad de Buenos Aires esa cifra cae a 1,5 %. Señala que, en las últimas décadas, en la Argentina se dio una expansión “desordenada” de las ciudades con dos fenómenos: más villas y asentamientos y más barrios cerrados. “Hay más de 6.000 barrios populares en los 33 conglomerados urbanos del país -añade-. Hay una situación crítica; el 90 % no tiene agua corriente, el 97 % no tiene red cloacal, el 99 % no tiene gas y el 66 % no accede a la energía eléctrica formal. Los dos primeros ítems son cruciales para la salud; en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 85 % de los barrios populares están expuestos a factores de riesgo”.
Por su parte, Adolfo Rubinstein, director del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (Ciips) del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, y exministro de Salud de la Nación bajo el gobierno de Macri, sostiene que hay un “vínculo absoluto” entre pobreza y dengue. Plantea que existen diversas capas de factores, como geográficos y climáticos, pero como los determinantes “más importantes” aparecen los sociales.
“En infraestructura pobre hay desde falta de tratamiento de las aguas a falta de recolección de residuos y gente que vive hacinada -dice a La Nación, 8/4-. Así los focos de la enfermedad empiezan a asentarse con más impacto en las zonas más pobres, en áreas no endémicas, en las zonas marginales de las ciudades. No es que solo se enfermen los pobres, pero la proporción es mayor”.
El infectólogo Eduardo López planteó que se consideró al dengue “como una enfermedad de climas subtropicales y tropicales, pero que con el cambio climático y la deforestación se urbanizó, entró a las grandes ciudades”.
López abunda en que la pobreza “favorece” que la reproducción de la enfermedad sea “más fácil y rápida”, ya que en una habitación donde hay cinco personas el mosquito transmisor pica a más individuos en menos tiempo. “¿Cómo hablar de descacharreo a quien no tiene agua o pedirle que pongan un mosquitero en la cama? No se puede, no tienen cómo”, agrega, y sugiere que, por ejemplo, el Estado podría preparar citronela que como repelente dura menos, pero tiene eficacia, y entregarla a precio bajo o gratis.
Por su lado, el médico cordobés Sergio Konig, quien es consultor en gestión de salud y exasesor del Ministerio de Salud de Chile y durante la pandemia de COVID-19 colaboró con el gobierno de Córdoba, es enfático al aseverar que el dengue tiene que ver con la pobreza de la población y de “quienes gestionan el tema”. Konig sostiene que “a diferencia del COVID, en el que todos eran imponderables, al dengue lo conocemos hace décadas –enuncia–. La pobreza genera más condiciones para que se extienda, pero bastaba con hablar con expertos en cambio climático para que nos dijeran que tendríamos cada vez más días de alta temperatura y humedad. Era relevante haberlo previsto; comprar insecticidas, repelentes, repartir rollos de film para que en los barrios carenciados tapen los cacharros; educarlos en el manejo de la situación. El dengue como reproducción del mosquito aflojará con la baja de la temperatura, pero los que fueron picados seguirán complicando”.
Se suma a los otros expertos en reclamar “focalizar” las acciones en los lugares donde hay certeza de que se van a complicar: “Donde hay más vulnerabilidad, hay que hacer fumigaciones en la calle; después de cada lluvia había que hacerlas. Esa era una herramienta relativamente simple y no se hizo. Hay que romper el círculo de pobreza de gestión”.
Repelente, vacunación, descacharreo
La pobreza viene creciendo a niveles históricos en las últimas décadas y con diferentes gobiernos. Las políticas que están en curso no solo están agravando todo el cuadro de pobreza heredado, sino que también hay una política de salud del gobierno de Milei que hemos calificado de criminal, porque no han tomado ninguna medida efectiva para enfrentar la epidemia limitándose a dar consejos sobre los “pantalones cortos o las camisas de manga corta”; se ha opuesto a impulsar una vacunación masiva, que tanto la ANMAT como la Conain han recomendado en las zonas de alta densidad de contagio y focalizadas sobre las franjas etarias más afectadas. Tampoco el Gobierno ha podido dar respuesta al tema de la falta de repelentes, o a su precio abusivo al que no pueden acceder las familias pobres, existiendo en el país en varias provincias laboratorios estatales nacionales, que entre otras cosas fabrican repelentes siendo muchos distribuidos en forma gratuita o a precios más accesibles.
La sugerencia de que el que quiere repelente lo puede importar y que el Gobierno, atendiendo a los reclamos ha flexibilizado los trámites para poder concretarlos, fue respondido por Verónica Pastoriza, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, quien admitió que el faltante de repelentes en muchos locales y farmacias es generalizado y preocupante. Consideró que la apertura de las importaciones tendrá un impacto positivo porque la producción local no está dando abasto, aunque consideró que es una compra mucho más onerosa. “Escuché de algunas personas que intentaban importar estos artículos y cualquier frasco chico cuesta alrededor de 30 dólares”, comentó, y sostuvo que “Al no haber repelentes, mucha gente se volcó al espiral, que hoy tampoco se consigue”, precisó.
Sobre la vacuna contra el dengue, remarcó que, si bien hay una demanda que se satisface en vacunatorios privados, no es tan elevada debido al costo de cada dosis (son dos de $70.000 cada una aproximadamente) y al que las familias pobres les resulta imposible acceder.
La política de ajuste de Milei y del conjunto de los gobernadores, con algunas excepciones en aspectos limitados (algunas jurisdicciones fabrican repelentes, en otras se están aplicando la vacunación regionalizadas y focalizada), sostienen que la lucha contra el mosquito es un problema individual, que el tema de los repelentes los va a solucionar el mercado y, en paralelo, han procedido a congelar los presupuestos nacionales de salud y con ello la planta de personal, imponiendo paritarias con salarios a la baja, o dando por concluida las obras de refacción o ampliaciones de las instalaciones en los hospitales.
Hoy la mayoría de los centros de salud de todas las jurisdicciones están desbordados, con numerosos casos que no llegan a ser atendidos porque no pueden soportar 4 o 5 horas de espera, o muchos no tienen los recursos para trasladarse a los centros de salud que cuentan con personal en condiciones de atender esta patología y distinguirla de la eventualidad de que pueda ser otra enfermedad. Prácticamente no se hace testeo y ya las estadísticas de contagios y muertes son cuestionadas en diversos ámbitos.
El avance imparable de la epidemia y la inacción de los gobiernos ha dado lugar a que en diversos ámbitos comiencen a impulsarse autoconvoctorias, como ha ocurrido en la localidad de Los Ralos, Tucumán, reclamando más personal en el hospital de la zona o distribución de repelentes en las escuelas, ante los contagios masivos y las muertes de personal.
Bajo el capitalismo decadente, lo que está ocurriendo con el dengue, como antes con el COVID-19, es una expresión de la barbarie a la que nos conduce este sistema. Hoy los reclamos elementales tienen que nacer de autoconvocatoria y coordinación e integrados a la lucha más general de los trabajadores. La perspectiva para una salida duradera a todas estas calamidades es el socialismo.
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