23 miembros del servicio penitenciario de la provincia, imputados por torturas.

Escribe Iñaki Aldasoro

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La avanzada represiva que pretendió continuar el gobierno del radical Sadir, en este caso deteniendo a dos personas, Morandini y Villegas, por subir a las redes un comentario jocoso sobre una supuesta infidelidad de la esposa del ex gobernador de la provincia Gerardo Morales, no solo ha recibido un golpe político debido a la masiva manifestación de rechazo a este tipo de atropello, sino que ahora ha avanzado al plano judicial.

Luego de mas de 50 días de detención preventiva de manera completamente arbitraria e injustificada, los detenidos denunciaron graves vejaciones y humillaciones sufridas dentro del Penal. El ex gobernador Gerardo Morales desmintió tales afirmaciones, y lo mismo hizo el servicio penitenciario de Jujuy, afirmando que se cumplieron con “las normas y estándares para el alojamiento de internos” (Jujuyalmomento 1/2/24).

Sin embargo, sobraron elementos materiales aportados por la defensa para demostrar las torturas que sufrieron. La fiscalía consideró “probado con filmaciones que estuvieron en celdas de castigo, fueron obligados a estar desnudos cada vez que salían al pasillo y hacer sus necesidades fisiológicas en tarros o botellas en lugar de un baño y que durmieron en colchones mojados” (Pagina/12, 6/2). El ffiscal Diego Funes solicitó la elevación a juicio para 23 penitenciarios, entre ellos el jefe del servicio provincial, Julio Arnaldo Vaca, por vejaciones y apremios contra Morandini y Villegas.

Régimen y crisis politica

Las vejaciones son una moneda común en el Penal, tanto para presos comunes como para detenidos políticos. Esto ha sido denunciado en su momento por referentes del SEOM que fueron detenidos y por otros luchadores.

El hecho de que el propio fiscal del Estado, que tenia como meta justificar la detención de Morandini y Villegas, haya tenido que pedir la elevación a juicio de 23 agentes penitenciarios, refleja el cachetazo recibido por la reacción popular contra este atropello, pero también por los dichos condenatarios del propio Milei, quien no es un demócrata precisamente. Se ha generado una crisis política mayúscula en el gobierno de Jujuy -justo en momentos en que quiere disponer de una ley de emergencia de características antiobreras- que busca como ‘despegarse’ de la manera mas elegante de esta causa.

Cortar el hilo por lo más débil

Desde ya, el pedido a elevación a juicio a los agentes del servicio penitenciario es un golpe político fuerte contra el gobierno y una manifestación de su endeblez más que de supuesta fortaleza. Sin embargo es el propio gobierno quien decide “sacrificar un peón” para no avanzar con los responsables políticos de estas detenciones y de los atropellos que sufrieron.

La lucha por justicia contra las detenciones arbitrarias y las persecuciones políticas se anotan un modesto triunfo, pero esta tiene que continuar hasta determinar y establecer a los responsables políticos de este ataque para acabar con la persecución política en la provincia y sus instrumentos represivos.

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