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En un decreto que se enmarca en el Pacto Fiscal que Macri firmó con los gobernadores en 2018, Axel Kicillof avanza en la disolución del régimen previsional bonaerense. Lo hace bajo el paraguas de la Ley Nacional 27.260, que da las pautas jurídicas y reglamentarias para los procesos de armonización jubilatoria.
El quebranto anunciado del Instituto de Previsión Social no se explica por la caída de los aportes de los trabajadores de la provincia, sino por el desfalco sistemático de las gestiones oficiales. En los últimos dos años de su gestión, Vidal manipuló los balances del IPS y derivó sus fondos a la Tesorería General. Jamás se dieron a conocer su destino, como tampoco sus rendimientos luego de que fueron convertidos en Letras T. Al cabo de “veinticinco años de superávit”, Eduardo Santín –presidente actual del IPS- señala que en 2019 el déficit total alcanzó los 20.000 millones de pesos y, en lo que va del 2020, escala a 3.000 mil millones por mes.
Santín se ha apurado a desmentir que se encuentre en discusión la “armonización” del IPS con el ANSES, que supondría la disolución de esta caja previsional, de todo su régimen y conquistas existentes. Sin embargo, la alarma se ha encendido en todos los trabajadores estatales de la provincia, si tenemos en cuenta que funcionarios del gobierno nacional ya venían alertando sobre “aplanar la pirámide jubilatoria” y combatir los “regímenes especiales”. La votación en el Congreso contra las jubilaciones del personal judicial fue un anticipo de esta agenda. Estas reformas responden estructuralmente al interés del capital financiero internacional y, fundamentalmente, a las exigencias del FMI.
Es necesaria la restitución de todos los fondos del IPS con los intereses correspondientes, bajo auditoría directa de los trabajadores, activos o jubilados. Todos los docentes, de cualquier modalidad o plan socioeducativo, deben ser incorporados bajo Estatuto, así como debe avanzarse en la eliminación del monotributo y el trabajo precario que arrecia entre los estatales. Debe avanzarse, además, en la derogación de todas las leyes y normativas que pretenden armonizar la caja provincial con la nacional.
