El Gobierno da de baja el plan de prevención del embarazo adolescente

El Plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia -conocido como Plan ENIA- fue implementado en 2018, durante el gobierno de Macri, y luego proseguido por el de Alberto Fernández. Recientemente, fue dado de baja en nombre de la “libertad” de ajustar. Esto implicó el despido de 619 agentes sanitarios distribuidos en todo el país. Sus creadores y continuadores no dijeron una sola palabra, a pesar de que las acciones implementadas por los profesionales de la salud habían logrado reducir en un 50% el embarazo adolescente.

Fueron medidas pioneras a nivel regional en preservación de las infancias, ´rara avis´ en un periodo de gobiernos caracterizados por la destrucción sistemática de la salud pública. Había sido diseñado con una mirada intersectorial e implementadas en territorio, lo que permitía el acceso a la salud de muchísimas chicas, considerando la escasa concurrencia de adolescentes a los hospitales.

Su propósito era prevenir riesgos físicos del embarazo en un cuerpo aún en desarrollo. En un sentido social, niñas que estaban entrando en la adolescencia, comienzan con tareas y responsabilidades que obturan sus posibilidades de desarrollarse plenamente, estudiar, hacer ejercicio, labrarse una perspectiva de futuro.

Ante la pauperización creciente de la familia trabajadora, también prevenía catástrofes como las muertes por desnutrición y otras patologías que derivan de la malnutrición. Si bien el plan responde a una necesidad social urgente y vital, cabe denunciar las condiciones en que se implementó: la precarización laboral de los agentes sanitarios a través de contratos basura, renovables en períodos breves, hizo que toda esta estructura fuera fácil de derribar por el liberal libertario.

En lo que respecta a la salud de la población, el gobierno de Milei parecería añorar la situación catastrófica de Argentina de principios de siglo XX. Están resurgiendo enfermedades que se consideraban erradicadas, y epidemias propias de las concentraciones urbanas, que nos retrotraen al paradigma de la higiene sanitaria de 1900.

Frente a este ataque salvaje a los derechos de niñas y adolescentes, los trabajadores de la salud necesitamos hacer una denuncia sin concesiones de ningún tipo, y un plan de lucha impulsado por usuarios y profesionales.

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