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El gobierno de Nicolás Maduro autorizó, este martes, a los partidos opositores Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento Por Venezuela (MPV) a que adhieran a la candidatura del diplomático Edmundo González Urrutia, que hasta ahora sólo estaba avalado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Maduro también anunció que recibirá, en tres semanas, a la asistencia técnica de la Corte Penal Internacional, encabezada por Volker Türk, para monitorear “el respeto por los Derechos Humanos en Venezuela”. Se reabrirá la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en ese país.
Durante el mes de abril, además, la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) sostuvo reuniones con una delegación del equipo técnico electoral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para ver los detalles de los comicios presidenciales del próximo 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela había proscripto a la candidata derechista María Corina Machado -una aliada de Milei e integrante de la “Intenacional Negra” de la ultraderecha- y a la susesora designada por ella, Corina Yoris. La unificación de la oposición en un solo candidato principal vuelve a ser un problema para el gobierno, que tiene una intención de voto ínfima.
Estas concesiones por parte de Maduro se dan en medio de presiones a nivel internacional, sobre todo por parte de Estados Unidos. Este 18 de abril vencía, y no se renovó, la flexibilización de sanciones que durante seis meses habían dado un poco de respiro económico a Venezuela. En el pacto de Barbados, Joe Biden le había permitido al país caribeño comercializar petróleo con Estados Unidos a cambio de que Maduro garantizara “elecciones libres”, pero el venezolano continuó con la proscripción sistemática de candidatos opositores.
Mediante la exclusión de competidores, se descontaba, en un principio una nueva “hazaña electoral” de Maduro. Sin embargo, las encuestas recientes atribuyen a González Urrutia una intención de voto cercana al 50 %, el doble que lo que registra el actual presidente.
El ascenso de González Urrutia, apoyado por la ultraderecha trumpista-bolsonarista-mileísta, fue el resultado sorpresivo del desplazamiento de otras alternativas de transición política, como la que insinuó Henrique Capriles, el último desafiante electoral de Hugo Chávez, quien abogaba por una “unión nacional" y podía contar con el apoyo eventual del gobierno de Biden. “En semejante transición -señalamos en Política Obrera- , el control de las FF. AA. habría seguido firmemente en manos del mal llamado ‘chavismo’, así como las gobernaciones de diversos estados. Fue lo que había hecho Daniel Ortega, en Nicaragua, cuando perdió las elecciones contra Violeta Chamorro”. En un año electoral en EE. UU., la crisis político-electoral en Venezuela refleja la división política en el centro del imperialismo mundial.
Las sanciones de Estados Unidos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había permitido, con la Licencia 44, a las empresas internacionales, la producción y venta de petróleo y gas de Venezuela, así como el pago de bienes y servicios relacionados, las inversiones y la entrega de petróleo y gas a acreedores del Gobierno de ese país, a través del sistema financiero de Estados Unidos (CNN, 17/04).
También, habían quedado levantadas temporalmente las restricciones a los estadounidenses para compras de ciertos bonos soberanos y bonos o acciones de Petróleos de Venezuela en el mercado secundario.
Sin embargo, el avance de la producción fue lento durante estos seis meses de gracia. Venezuela no pudo producir mas de 800.000 barriles diarios según datos de la OPEP, lo cual no le deja un gran margen para caer. La expectativa era que pudiera incrementar su producción petrolera en 200.000 barriles diarios este y sumar entre US$ 6.000 y 7.000 millones al año.
Las intenciones de Estados Unidos, por su parte, eran sustituir parte de la producción de petróleo que se vio afectada por los conflictos bélicos en curso, pero la magra producción venezolana, sumado a los intereses de la cuarta flota de copar la región a pleno, le pusieron, de momento, fin a la Licencia 44.
Mientras tanto Chevron puede seguir trabajando en el país, ya que lo hace bajo el ala de otra licencia, la 41, pero debido a la incertidumbre política reinante, tiene paralizadas las inversiones que le permitirían extraer 250.000 barriles diarios. Por eso se limita a su producción actual, que no supera el 50 % de ese objetivo.
Otras sanciones
El mal disimulado recule de Maduro podría no deberse exclusivamente a las sanciones económicas contra la petrolera estatal PDVSA, sino también a las amenazas sobre las propiedades personales y el cierre de las vías de escape para sus funcionarios.
En los ámbitos diplomáticos yanquis se discute la posibilidad de emprender sanciones como las que impuso Obama en 2015, que consistían en bloquear propiedades de venezolanos en el extranjero y en restringir las visas, lo cual en ese momento afectó a más de 100 funcionarios, incluido Maduro.
Tan solo en el estado de Florida hay al menos 718 empresas de funcionarios o exfuncionarios venezolanos, según una investigación conjunta de 2022 del portal de periodismo investigativo Armando.Info y el Nuevo Herald. Al menos 232 de estos propietarios de empresas son militares activos o exmilitares, según el informe (La Nación, 16/04).
Consecuencias
Es difícil registrar los efectos de las sanciones con la suspension de la Licencia 44 sobre la economía real debido a que prácticamente no hay datos.
Desde hace diez años, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Contraloría General, los ministerios y otros órganos y entes estatales retrasaron o dejaron de publicar informes y datos.
La economía está dolarizada. La moneda nacional -el bolívar- sólo se usa para pagar los sueldos estatales. Los pocos datos que existen provienen del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CenDAS-FVM), organismo que estimó la canasta alimetaria en 535,23 dólares, lo que representa un incremento del 1,6 % respecto del cálculo de diciembre de 2023. Un docente, por ejemplo, cobra 21 dólares.
La crisis económica ya expulsó fronteras afuera a 8 millones de venezolanos.
Las proscripciones
El CNE también había proscripto al candidato presidencial a la izquierda de Maduro, Manuel Isidro Molina del Movimiento Popular Alternativo (MPA), apoyado por el Partido Comunista de Venezuela (PCV/XVI Congreso) y otras organizaciones, para impedir que se inscribiera por la tarjeta de NUVIPA (Nueva Visión para mi País), entre otros candidatos izquierdistas, también proscriptos. Sin embargo, todas las presiones internacionales reclaman sólo por elecciones libres para la Plataforma Unitaria Democrática y sus candidatos de derecha.
Maduro está en una encerrona porque no tiene un gran margen para volver a censurar a otro candidato de Machado. Lula y Petro son los únicos respaldos internacionales de relevancia con los que cuenta pero aún así le marcan límites que no puede soslayar y, al mismo tiempo, como lo muestra la diáspora, las condiciones de vida para los trabajadores son insoportables.
Como el kirchnerismo en la Argentina, Nicolás Maduro creó todas las condiciones para entregar a las masas a una derecha tan o más rancia que la que sufrimos en el sur del continente.
