Escribe El Be
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La camarilla de Maduro ha vuelto a recurrir al método que mejor conoce para seguir en el gobierno por tiempo indefinido: proscribir a la oposición. En esta ocasión se trata, de nuevo, de María Corina Machado, a quien se le conserva la inhabilitación impuesta en 2015 por omitir datos en su declaración jurada cuando era diputada, y de Henrique Capriles. Machado fue elegida candidata única en una interna de la oposición; aunque no se define ‘libertaria’, se emparenta con el argentino Milei. Capriles sería, con las reservas del caso, una suerte de Sergio Massa. Maduro representa a una camarilla autorreproductora que ha logrado, al menos en gran parte, lo que Milei guarda como anhelo: la dolarización de facto de la economía y su consecuencia: un crecimiento brutal de la desigualdad de ingresos y de miseria social. Una confrontación electoral de Maduro con Machado sería enteramente reaccionaria, que ganaría Machado con holgura.
La proscripción de los candidatos de la oposición entraña la ruptura de un acuerdo de Maduro con Biden, el Acuerdo de Barbados, para canjear la eliminación de un número importante de sanciones económicas y la liberación de un operador íntimo de la camarilla de Maduro, por lo que EE. UU. denomina “elecciones libres”. En consecuencia, Biden reimpuso las sanciones implementadas en 2019 bajo el gobierno de Trump. El gobierno norteamericano ordenó el fin de todas las transacciones comerciales entre empresas estadounidenses y la minera estatal venezolana Minerven. “Estados Unidos no renovará la licencia” que expira el 18 de abril, informó el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller. En febrero vencen las licencias otorgadas para operar el oro de Venezuela y en abril los permisos de las multinacionales petroleras y energéticas. “El 18 de abril se vencerán las autorizaciones dadas a empresas petroleras para negociar con Venezuela y las expectativas que esto generaba en el sector de que podrían prorrogarse —en vista de las contracciones que vive el mercado energético mundial con dos guerras en curso— han tocado techo tras la respuesta que ha dado Washington” (El País, 31/01). La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos ordenó modificar la licencia del oro que había emitido a la empresa venezolana Minerven y fijó el 13 de febrero como plazo para que liquide sus operaciones en el sistema financiero de los EE. UU. Luego regresarían las sanciones energéticas y petroleras. El gobierno de Maduro calificó el retorno de las sanciones como un “grosero e indebido chantaje” de Estados Unidos y anunció que tomará represalias: amenazó con suspender los vuelos de repatriación de ciudadanos venezolanos que ingresaron masivamente de manera ilegal a Estados Unidos.
Maduro se había comprometido, además, a cumplir con una serie de exigencias políticas: liberación de presos opositores, establecimiento de un cronograma electoral para 2024, habilitación de candidatos electorales y autorización para la participación de veedores internacionales en los comicios. En diciembre, el gobierno liberó a 20 venezolanos y 10 estadounidenses en el marco de este acuerdo. Washington liberó a Saab, un agente internacional muy comprometido con la camarilla oficial de Venezuela
Junto a las proscripciones, Maduro ha reemprendido la represión contra dirigentes políticos opositores. Durante la última semana “36 personas fueron detenidas, entre civiles y militares, a quienes las autoridades venezolanas acusan de estar vinculados con cinco 'conspiraciones' para asesinar a Maduro” (Página/12, 31/01). La oposición afirma que el gobierno sostiene cada año denuncias de “magnicidio, golpes de Estado o conspiraciones de todo tipo, y que sirven de argumento para emprender una razia selectiva contra la oposición venezolana”.
En ese marco, la oposición asegura que han sido “secuestrados” tres coordinadores de campaña de Machado y que fueron “vandalizadas las sedes de partidos políticos, organizaciones gremiales, sindicatos y residencias privadas de dirigentes opositores a través de una 'operación fascista' denominada 'Furia Bolivariana', nombre de un plan lanzado por el dictador venezolano para 'defender el derecho a la paz'” (Infobae, 26/01). La Fiscalía venezolana informó “la detención de 32 personas, entre civiles y militares, y la emisión de 11 órdenes de aprehensión contra supuestos implicados en cinco planes conspirativos” (ídem).
“Una reimposición de las sanciones estadounidenses a los sectores de petróleo y gas afectaría la capacidad de Venezuela para recaudar efectivo de sus exportaciones, obstaculizaría nuevas inversiones en energía y aumentaría los riesgos de escasez interna de combustible", dijeron analistas y ejecutivos al diario La Nación (30/01). La flexibilización de las sanciones (que comenzó en 2022 con una licencia especial a Chevron) aumentó los ingresos petroleros, impulsando el Producto Interno Bruto del país en un 5 % en 2023 y se esperaba para este año que Venezuela aumentara sus ingresos petroleros totales hasta unos 20.000 millones de dólares (desde unos 12.000 millones de dólares en 2023), por mayores exportaciones de crudo y petroquímicos a clientes que pagan en efectivo en países desde Estados Unidos hasta India.
Sin embargo, el presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, aseguró que la industria petrolera venezolana está preparada para cualquier circunstancia y aseguró que las sanciones también tendrán consecuencias negativas para Estados Unidos debido a que “sus inventarios de crudo están bajos”. Las exportaciones de petróleo de Venezuela han aumentado en sus cargamentos destinados a Estados Unidos y a Europa. El gobierno norteamericano también se beneficiaba con el levantamiento de las sanciones debido a cómo se vieron reducidas las ventas de petróleo a sus rivales internacionales. “La producción de petróleo era parte del comercio ilícito, en gran medida con la República Popular China, pero también con otros países, incluido Irán. Lo que estamos viendo ahora es que el comercio ilícito regresa al sector formal después de muchos años de estar fuera del sector formal. Esto es positivo ya que evita que este producto llegue a China e Irán. Es mejor para el pueblo venezolano y desde que el petróleo se vendía en el mercado negro, hay un descuento del 30 % al 35 % en el precio. Y es bueno para los consumidores estadounidenses porque obtenemos petróleo y otros productos que necesitamos”, había reconocido el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols.
La reimposición de las sanciones coincide con el anuncio del Comando Sur de Estados Unidos sobre la realización de ejercicios militares junto al Ejército de Guyana, el país vecino de Venezuela.
En definitiva, la camarilla madurista ha encerrado al pueblo de Venezuela en la alternativa de seguir bajo la tutela política y la degradación social y, por otro lado, en llevar al gobierno a un Milei del Caribe. Esta extorsión es la expresión agravada de lo que ha ocurrido en Argentina. La diferencia mayor es, probablemente, que gran parte del trabajo del Milei venezolano lo ha hecho la camarilla cívico militar de lo que fue una vez el régimen bonapartista de Hugo Chávez.
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