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El pasado domingo se desarrollaron en Venezuela las elecciones primarias de la oposición para definir el candidato que competirá por la presidencia en las generales del 2024. Los comicios se realizaron con la autorización del gobierno chavista en el marco de un acuerdo con Estados Unidos sobre el levantamiento temporal de las sanciones internacionales contra Venezuela. La candidata electa, Corina Machado, arrasó con la elección, superando el 93% de los votos, en una competencia con otros nueve candidatos. Se da por descontado que el competidor, por el lado del oficialismo, en las próximas elecciones presidenciales será el actual mandatario Nicolás Maduro.
El amplísimo margen de la victoria de Machado (el que salió en segundo lugar sacó el 5% de los votos) daría por cerrada la larga guerra interna por el liderazgo de la oposición derechista. En Estados Unidos, diversos congresistas celebraron también lo que anunciaron como una “masiva” participación electoral.
El escenario para las próximas elecciones, sin embargo, sigue siendo incierto. Por un lado, Corina Machado se encuentra inhabilitada por parte del gobierno chavista para ser candidata en las elecciones del 2024. La inhabilitación le fue impuesta en 2015 bajo una acusación de omitir datos en su declaración jurada cuando era diputada. Leopoldo López, líder opositor del partido Voluntad Popular, sostiene que, con su triunfo electoral, “la amenaza de inhabilitación [de Machado] quedó sepultado. El viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, aseguró que los organizadores de los comicios engañaron a sus electores.
El desarrollo de la situación política venezolana tiene un punto gravitacional en las negociaciones que se están llevando a cabo entre Washington y Caracas.
El gobierno de Biden firmó con el chavismo, en la isla caribeña de Barbados, un acuerdo de levantamiento temporal de una variedad de sanciones económicas a la industria petrolera y minera venezolanas. “La supresión de las sanciones es más grande de lo que uno esperaba”, aseguró un analista venezolano a El País (21/10/23). Como respuesta por parte del gobierno de Maduro se realizó la liberación inmediata de cinco presos de la oposición derechista. Por otra parte, el gobierno chavista fijó un lapso para la realización de las elecciones presidenciales (establecido para el segundo semestre de 2024) y se comprometió a una renovación del Registro Electoral, como así también una garantía a la observación internacional de los comicios. La prensa internacional, sin embargo, se queja de que el acuerdo es “vago” y que “hace pocas promesas concretas” para garantizar la transparencia electoral.
Con este acuerdo, Estados Unidos, da “un giro de 180 grados” en su política hacia Venezuela (El País, 19/10). El derrumbe de la oposición derechista venezolana sostenida por el gobierno norteamericano y la recuperación de cierta estabilidad del régimen madurista hicieron naufragar, al menos temporalmente, la política golpista de Estados Unidos en Venezuela. El acuerdo actual es considerado como el acercamiento de relaciones más estrecho de los últimos años entre ambos países. Pero, sin lugar a dudas, es el desarrollo de la guerra mundial el factor que ha sido decisivo para la reconfiguración de la política norteamericana hacia Caracas.
“El gobierno de Biden se encuentra bajo presión para garantizar que los precios del petróleo se mantengan estables de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. La amenaza de un conflicto más amplio en Medio Oriente, aunada a las actuales interrupciones de las exportaciones energéticas rusas, amenazan con avivar otro episodio de inflación y provocar una potencial subida de los precios de la gasolina en los próximos meses” (New York Times 17/10/23). Sin embargo, un analista consultado por el mismo diario advierte que “incluso después de levantar las sanciones, se necesitarían años y miles de millones de dólares de inversión para aumentar la producción de petróleo lo suficiente como para bajar los precios”. La industria petrolera venezolana se encuentra en estado catastrófico de desinversión. A pesar de esto, los precios del crudo cedieron temporalmente ante la expectativa por el alivio de las sanciones a Venezuela.
Detrás de esto, por otra parte, se encuentra la presión del imperialismo para un realineamiento de Venezuela con la OTAN en la guerra contra Rusia (y contra China). El acuerdo firmado entre Washington y Caracas permanece en secreto. The Economist, sin embargo, asegura que “la petrolera estatal de Venezuela (PDVSA), que está bajo sanciones desde 2019, podrá vender petróleo a quien quiera, con la excepción de Rusia” (19/10). La agencia de noticias Bloomberg aseguró que “la revocación de las sanciones estadounidenses al petróleo venezolano podría privar a los compradores chinos de una de sus fuentes de crudo más baratas”. A pesar de las sanciones, Venezuela ha estado vendiendo petróleo a China a través de canales oscuros, pagando el precio de venderlo un 40% por debajo de su valor. Con el levantamiento de las sanciones algunos analistas especulan con que se cerraría el grifo de petróleo hacia China (cosa compleja, ya que China se cobra con el petróleo barato las deudas impagas del gobierno venezolano). Así, el acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela representa una pieza más en el engranaje de la guerra mundial.
Putin, por su lado, busca hacer lo propio. El gobierno ruso viene de firmar recientemente un memorándum de entendimiento con el chavista para fomentar "nuevas inversiones" hacia el mercado venezolano. En su visita a Moscú, la vicepresidenta venezolana llamó a desdolarizar el mercado de petróleo como mecanismo para hacer un “frente común” contra las sanciones, indicando que ya son 31 los países sometidos a sanciones, entre ellos estados productores de petróleo como Rusia, Irán o Venezuela.
El acuerdo de Estados Unidos con Venezuela, por otra parte, es frágil. En el mismo está contemplado que las sanciones pueden volver inmediatamente si Maduro no avanza con las concesiones políticas a la oposición derechista. El "giro de 180°" de la política norteamericana podría conocer prontamente otro giro de 180°. Todavía una cantidad importante de sanciones y confiscaciones se mantienen sobre el país sudamericano. El gobierno chavista está comprometido, además, a frenar el flujo de migrantes venezolanos hacia la frontera entre Estados Unidos y México, así como aceptar la “repatriación directa” de venezolanos indocumentados en Norteamérica. La crisis migratoria ha tomado dimensiones de catástrofe en la región.
Algunos medios creen que Machado será el elemento de crisis que haga quebrar el frágil acuerdo entre el chavismo y la gestión Biden. La candidata representa la “línea dura” de la oposición y realizó su campaña prometiendo encarcelar a los miembros del gobierno de Maduro en caso de ganar las elecciones. La líder opositora promete, por otro lado, “abrir la economía” a los capitales internacionales, privatizar empresas estatales, tomar deuda de bancos internacionales y promover la explotación privada de las reservas de petróleo. Machado representa, además, una esperanza para los anhelos de recomponer una oposición derechista que se había derrumbado estrepitosamente a pesar del sostén norteamericano.
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