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Los bastidores de la reunión de la CELAC en Buenos Aires podrían resultar más significativos que el escenario oficial. La ausencia de la peruana Dina Boluarte es un reconocimiento de que su gobierno ha carecido de toda autoridad política desde el mismo día del golpe contra Castillo. Su presencia habría dejado en orsai al macrismo, que no vertió una palabra para condenar la matanza de los índigenas sublevados del altiplano del Perú. Más costosa hubiera sido su asistencia para el kirchnerismo, que habría debido mostrarse con ella en todas las ceremonias y reuniones privadas. Boluarte es el envase civil y femenino de un régimen sostenido por las Fuerzas Armadas. La cuestión peruana divide a los Fernández con Lula, pues los primeros reclaman la liberación de Castillo, en tanto que el otro ha condenado el ‘golpe incompetente’ del ex presidente y saludado la continuidad constitucional. No ha venido tampoco López Obrador, poco afecto a exponer las contradicciones de su gobierno en el exterior. AMLO quiere preservar la cadena de producción y suministros con Estados Unidos sin afectar las que México tiene establecidas con China. Por otro lado, es cómplice de una crisis migratoria humanitaria que debería estar en la agenda de la CELAC, si sus miembros no quieren que la reunión de presidentes se convierta en chiste. No han asomado las narices el ecuatoriano Lasso y el salvadoreño Bukerke, ocupados en una lucha criminal contra el narcotráfico. Son ausencias funcionales al gobierno argentino, que además de enfrentar denuncias de complicidad con el flagelo, tiene instalada una sucursal en la provincia de Santa Fe, en el norte de Argentina y en los conurbanos de casi todas las provincias. El lugar central que Fernández le ha dado a Evo Morales también expone la crisis polítia de la CELAC, pues el ex presidente es un rival público del actual presidente Arce. La Patria Grande escamotea contradicciones insuperables.
La primera plana de los diarios y de toda la variedad de medios prefiere concentrarse en el venezolano Nicolás Maduro Moro. Hay razones para ello –dijo que venía y no lo hizo. El protofascismo liberal que encabezan Patricia Bullrich (“una candidata presidencial en armas” –según “un alto funcionario brasileño” citado por Clarín) y Javier Milei se atribuyen el mérito de haber forzado esta desistencia. Para “CNN Radio”, la cancelación de la visita de Maduro es una expresión de rechazo del “pueblo argentino” (textual). Maduro, sorprendentemente, ha acompañado esta versión de los hechos, al denunciar “un plan de agresiones contra nuestra delegación”. Atribuir al macrismo una capacidad de impedir la llegada de un mandatario extranjero a Argentina, en visita oficial, es admitir una crisis de poder.
La conjetura de que Maduro podía enfrentar un problema de seguridad es admisible. Estados Unidos logró hace un tiempo secuestrar un avión venezolano, en Buenos Aires, con el pretexto de que era propiedad de una compañía iraní; también mantuvo retenida a su tripulación durante semanas. Las usinas fascistoides ya han presentado en Comodoro Py un reclamo para citar a Maduro a indagatoria por violación de derechos humanos y asesinatos políticos. Por algo similar, Pinochet fue detenido en Londres, en una escala de un viaje a China, y quedó retenido un larguísimo tiempo. Hay radicadas denuncias contra Maduro en la Corte Penal Internacional. El examen de los delitos políticos y la violación de derechos humanos se ha internacionalizado, aunque ni Estados Unidos, China o Rusia acepten esa jurisdicción. Mauricio Macri y Patricia Bullrich se han abrazado a un criminal serial, en la Cumbre del G20, en 2017. El jefe de la monarquía saudita, Mohamed bin Salman, que ordenó descuartizar a un compatriota en el consulado de Estambul, se paseó por Buenos Aires sin problemas, saludado por Trump, Putin, Xi Jinping y Ángela Merkel. Según las usinas de rumores, Massa estaría negociando por aquellas latitudes un préstamo ‘repo’ para solventar la deuda externa.
La posibilidad de una indagtoria o incluso un arresto a Maduro no es menos expresiva de una crisis de poder en Argentina, sino mucho más, que los altercados o incidentes (no da para más) que puede ocasionar una marcha macrista. El Poder Judicial, en caso de actuar en esos términos, estaría inhabilitando la política internacional del gobierno -como ya ocurrió con el avión secuestrado- o como podría ocurrir con el Memorando con Irán votado por el Congreso. Lo que está en juego es mucho: Lula acaba de hacer de la reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela una cuestión de principios. Ha presentado el respeto a las soberanías nacionales como una condición de las relaciones internacionales, y dio como prueba de la consistencia de estas posiciones su repudio a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Todo el diseño de la Celac depende de ese principio, lo mismo que el relanzamiento de la Unasur -un proyecto de infraestructuras y militar- y hasta el establecimiento de una moneda digital para el comercio y las transacciones financieras internacionales. Lula traslada al plano de las relaciones exteriores lo que plantea frente a la crisis con las FF.AA. en Brasil: no deben interferir en las instituciones del Estado (ni el Estado interferir en ellas). Los hechos están probando, sin embargo, por enésima vez, que todos esos principios son una ficción: Ucrania se ha convertido en parte de la OTAN y las Fuerzas Armadas de Brasil han sido confirmadas por Lula como una institución corporativa –encargada de defender el orden público y la Constitución, cuando se reúnan condiciones de crisis revolucionaria. Lula mismo fue liberado de prisión y autorizado a pelear la Presidencia con la venia del alto mando militar, una vez que éste comprobó que la experiencia Bolsonaro había desarticulado el poder político y dividido a la corporación militar.
El corresponsal de La Nación en Caracas pone en entredicho este ‘republicanismo’ en política exterior, pues sugiere que Maduro ha querido evitar que Lula y Fernández lo aprieten para que concerte con la oposición venezolana (“escuálidos”) la realización de elecciones libres y la liberación de presos. Biden, sin embargo, no ha levantado el bloqueo y las sanciones contra Venezuela –condiciones imprescindibles para dar legitimidad política a quienes apoyan este asedio y se oponen más que nadie a levantarlo. Maduro tampoco está dispuesto a asegurar esas concesiones políticas incondicionalmente, porque la preocupación central del régimen ex chavista es obtener una amnistía judicial y preservar la continuidad de la corporación militar que ha sustentado sin reparos al gobierno. La historia del chavismo es un reflejo exacerbado de todo el historial del nacionalismo civil o militar en toda la perfieria semicolonial, pues debuta como un poderoso movimiento de autonomía para terminar convirtiéndose en un verdugo de los trabajadores. En tanto expresión de una burguesía nacional presente o potencial tiene como constante histórica el disciplinamiento de la clase obrera. Mientras la CELAC deshojaba la margarita acerca de la asistencia de Maduro o de algún otro, en Venezuela se largaba una gran huelga de docentes, salud y trabajadores de industria, condenados a ingresos en pesos en una economía dolarizada. La economía bimonetaria que reivindican Cavallo, Melconian, Tetaz, pero hacia donde desemboca la política fondomonetarista actual, lleva a Venezuela. El trabajo en negro, el monotributismo, el ‘facturerismo’ e incluso los convenios que dividen una parte remunerativa y otra no remunerativa, va en la dirección de Venezuela, donde ‘prospera’ una economía popular que en Argentina todavía ‘aguanta’ en los 60 dólares mensuales, que en Venezuela oscila entre 6 y 10.
Macri hospedó a los ‘poderosos’ del G-20 y celebró el momento en el Colón, para hundirse a partir de unos meses más tarde. Los Fernández, los Lula, los Boric celebran la más modesta CELAC en medio de un naufragio social económico y político.
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