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Las elecciones generales previstas para el 28 de abril próximo en Venezuela han desatado, como ha ocurrido en el pasado, una crisis política, aunque de alcance y envergadura diferente. Maduro había concertado con el gobierno de Biden una suerte de “elecciones libres” a cambio de una atenuación de las sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos. Para concretar este compromiso tuvieron lugar diferentes reuniones en el pasado reciente que, en definitiva, no han roto el impasse.
En principio, el gobierno vetó la candidatura de la ultraderechista María Corina Machado, por medio de una resolución del Consejo Nacional Electoral, que alegó irregularidades cometidas por Machado en el pasado. Machado había obtenido su candidatura por medio de una elección primaria de los partidos de oposición –la Plataforma Unitaria- en la que se impuso por una mayoría aplastante. Existe una unanimidad de opiniones de que vencería al gobierno en comicios regulares; en su campaña ha reunido audiencias numerosas. Machado encabeza el ala extrema de la derecha; propició, por caso, una invasión norteamericana para, según ella, “restablecer la democracia”. Machado es una firme aliada de Javier Milei e integra la Internacional Negra de la ultraderecha de diversos países.
Luego de repetidas afirmaciones de que mantendría la candidatura a pesar de la proscripción, Machado designó en su reemplazo a una profesora de filosofía de 80 años, Corina Yoris, con el apoyo de la PU. Yoris tampoco fue aceptada por la CNE. Para evitar un vacío político en las semanas que faltan para las elecciones, la PU apuntó como candidata a un ex embajador: González Urrutia. El Gobierno, a su turno, legalizó las candidaturas de varios opositores para neutralizar a la Plataforma Unitaria, aunque proscribió al Partido Comunista, que ha roto con el PSUV hace cinco años.
En las condiciones descriptas, la reelección de Nicolás Maduro está descontada, a pesar de que el 80 % de la población se encuentra bajo el nivel de la pobreza y la economía, dolarizada; el bolívar, que circula para el pago de los empleados públicos y se transa por medio de tarjetas de débito, ha perdido por completo su valor.
Llama la atención, en este escenario, que el Gobierno haya rechazado diversas alternativas de transición política, como la que insinuó una eventual candidatura de Henrique Capriles, exgobernador del estado de Miranda y el último desafiante electoral de Hugo Chávez. El desplazamiento de Capriles ha sido funcional a la elección de María Corina Machado como candidata opositora. Capriles se había convertido en abogado de una “unión nacional” y podía contar con el apoyo eventual del gobierno de Biden; se insertaba, por otra parte, en los acuerdos del gobierno venezolano con el norteamericano para, por un lado, aligerar el boicot económico contra Venezuela y, por el otro, para extender las concesiones a las empresas norteamericanas en el cuenca petrolera del Orinoco. En semejante transición, el control de las FF. AA. habría seguido firmemente en manos del mal llamado ‘chavismo’, así como las gobernaciones de diversos estados. Fue lo que había hecho Daniel Ortega, en Nicaragua, cuando perdió las elecciones contra Violeta Chamorro. Pero en un año electoral en EE. UU., una operación de contención de la ultraderecha habría significado ofrecer a Trump un terreno ventajoso para su campaña. En esta medida, la crisis político-electoral en Venezuela es un espejo de la división política en la ciudadela del imperialismo mundial. China, el rival geopolítico designado por Estados Unidos, también ha recibido concesiones petroleras significativas.
Los vetos electorales en Venezuela han desatado una crisis en América Latina. A la serie de gobiernos que se encuentran alineados contra el régimen venezolano, se han añadido las críticas de López Obrador, Petro y Lula a las proscripciones. Ninguno de estos críticos ‘progresistas’ asume, sin embargo, la responsabilidad por el fracaso de las negociaciones que tenían el propósito de concertar una transición política; no hay, en las críticas, la menor mención a la extorsión económica que el imperialismo ejerce contra Venezuela. Las coincidencias entre derecha e izquierda del campo patronal latinoamericano, en la desautorización a Maduro, deja ver la posibilidad de algún correctivo electoral hasta la fecha de clausura de candidaturas. Mientras tanto, siguen las persecuciones contra los opositores, a los que se atribuyen complots y atentados contra las autoridades.
Los ataques de Milei a Lula, López Obrador y Petro se enmarcan en el propósito de producir un cambio de régimen político en Venezuela y un giro a la ultraderecha en América Latina. Ninguno de los mencionados ha denunciado esta política de derechización; Petro ya ha enmendado las relaciones con Argentina, mientras Lula procedió a vetar los actos oficiales de conmemoración del golpe militar de 1964,tal como Milei-Villaruel lo hicieron el reciente 24 de Marzo, con la declarada intención de recomponer relaciones con las FF. AA. de Brasil que lo metieron preso y lo proscribieron en 2018, que gobernaron con Bolsonaro y que respaldaron el complot golpista de enero de 2023.
América Latina se encuentra frente a una enorme presión para reajustar su política a las condiciones de la guerra mundial en desarrollo. Es una plataforma de enorme magnitud para el abastecimiento de materias primas para la economía de guerra que se viene perfilando en los países de la OTAN. Por otro lado, es un eslabón débil en el potencial de la cadena política del imperialismo, puesto que los ajustes económicos brutales contra los trabajadores la colocan de nuevo como un escenario de grandes rebeliones populares.
