Despliegue policial impide que los piqueteros lleguen a la Quinta de Olivos

El martes desde las 10 horas, en el Puente Saavedra, más de 40 organizaciones sociales se concentraron para movilizarse a las puertas de la residencia presidencial. Con acciones en 500 puntos de todo el país y en vísperas del paro de la CGT del día 9, el planteo principal del comunicado de las organizaciones convocantes colocó “contra el ajuste, la eliminación de programas sociales y los cierres de comedores”.

Entre los principales cortes, se encontraron Autopista La Plata, rotonda de Alpargatas en Berazategui, Triángulo de Bernal en Quilmes, rotonda de Lavallol en Lomas de Zamora, rotonda de San Justo en La Matanza, Acceso Oeste a la altura de Plaza Oeste y la cabecera con los referentes que se ubicó en Puente Saavedra. En el interior del país, la Tendencia Polo Obrero llevó acciones destacadas en Mendoza, San Juan, Córdoba hacia el CDR, Santiago del Estero con una difusión en medios de comunicación, Misiones en varias localidades, Salta, Tucumán en varias localidades como Los Ralos, San Pedro, Ruta 66 y La Florida y en el Chaco en localidades como Concepción Bermejo, entre algunos de los principales puntos.

En momentos donde la columna de Puente Saavedra marchó por Av. Maipú y se acercó a dos cuadras de la residencia de Olivos, un operativo policial con miles de efectivos de PFA, gendarmes, camiones hidrantes y drones de vigilancia cortó el paso. Impidieron el avance de la columna que en esos momentos agrupaba unas 4.000 personas. Entre los empujones de la policía con las primeras filas, una compañera de Barrios de Pie convulsionó y tuvo que ser llevada en andas hasta la ambulancia; en ningún momento la policía permitió el acceso de los médicos hacía el interior de la movilización.

Las organizaciones presentes ofrecieron una conferencia de prensa. Pasadas las 12:30, luego de varias horas de tensión, la columna comenzó a marchar al Puente Saavedra donde desconcentró.

Desguace y eliminación de programas

Los pedidos de reunión con algún representante del Ejecutivo Nacional no fueron respondidos. En esos momentos trascendía que una citación judicial a la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, daba 10 días para que ofrezca explicaciones sobre qué pasa con los alimentos para los comedores populares. La fiscal Paloma Ochoa pide que detalle qué recursos destina Pettovello a los mismos y que destino tuvieron finalmente los fondos del programa de Naciones Unidas (PNUD). Las estimaciones indican que pueden llegar a ser 4 millones los afectados en forma grave por el corte de alimentos.

El desmantelamiento de los departamentos de asistencia social del ministerio de Capital Humano es un golpe a uno de los eslabones más importantes de las organizaciones sociales y la red de comedores: las compañeras que están a cargo de las cocinas y el día a día de comedores y merenderos, porque se les reducen a la mitad sus ingresos retirando los cobros de la “Ley Ramona” y Nexos. Este desguace tiene el objeto de cimentar la eliminación de la distribución de alimentos y las áreas de atención critica del Ministerio.

El congelamiento de los montos en 78.000$ desde noviembre del 2023, en el hoy ‘Volver al Trabajo’, es otro aspecto fundamental del golpe del Gobierno, que tampoco pagó en forma a los titulares del ‘Acompañamiento Social’ un 20 % del padrón de planes sociales. Con la eliminación del monotributo social surge otra de las preocupaciones de la jornada, que es qué sucederá con los proyectos de “integración de barrios populares”, a la que estaban abocadas las cuadrillas de buena parte de las cooperativas. El grueso de ellas depende de ingresos que fueron eliminados por el Gobierno. Al reclamo se sumó la Iglesia Católica a través de una carta de la Conferencia Episcopal: “millones de niños y niñas se debaten entre la miseria y la marginación”.

El MTE, a través de Nicolás Caropresi, explicó que al dejar de recibirse estos pagos se caerá la red de actividades en barrios, colegios y parques, así como también los apoyos escolares, culturales y deportivos para jóvenes y niños, dejando libre el campo al avance del narcotráfico. Eduardo Belliboni del Polo oficial agregó: “van a desaparecer las actividades productivas como la construcción de viviendas populares, carpintería, herrería”. Todos coincidían en que la batalla continuaría frente a las sesiones del Senado cuando se trate la Ley Bases, recientemente aprobada por Diputados.

El ensañamiento del Gobierno con el recorte de la ayuda social, más la promesa incumplida de implementar una tarjeta alimentaria que universalice la asistencia, suman argumentos para que los desocupados sigan una lucha por sus reclamos que se presenta encarnizada.

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