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El Gobierno de la Ciudad anunció que, para "resolver la situación urgente" de 2.000 personas privadas de su libertad que hoy están detenidas en comisarías y alcaidías porteñas en situaciones de precariedad, proyecta instalar 19 contenedores, a los que denominan como "módulos de detención", con capacidad para unos 80 presos cada uno.
En lo que va de 2024, hubo 13 fugas de comisarías porteñas, una cada nueve días desde que comenzó el año. Según lo informado por la administración porteña, al 30 de abril eran 1980 los detenidos alojados en las 70 comisarías y 34 alcaidías dentro del territorio porteño, que cuenta con 798 plazas en las alcaidías y 243 en las comisarías.
Desde la pandemia de COVID-19, la sobrepoblación carcelaria impacta en miles de personas que son recluidas en la Ciudad de Buenos Aires y que no tienen cupo en los penales federales, adonde deberían ser trasladados. De esos 2.000 detenidos, el 20 por ciento tiene condenas firmes y sigue en situaciones de detención precarias y transitorias. Las comisarías no poseen baño, ducha, sectores de esparcimiento, cocina o áreas de visita. En ciertos casos, hasta deben turnarse para dormir.
Los nuevos “módulos” para alojar presos -según detallaron el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, y el secretario de Seguridad, Diego Kravetz- estarán equipados y preparados para 300 detenidos en playones dentro de la Comisaría Comunal 12 de Saavedra, la Comisaría Comunal 15 de Chacarita y la Comisaría Comunal 4D de Barracas. Estos “módulos” son contenedores de chapa unidos en distintas estructuras. Las celdas poseen camas cucheta (algo que está prohibido en los penales federales por disposición de la Justicia) y pequeños sectores de "esparcimiento". Los instalarán en playones o espacios al aire libre de las comisarías que tienen áreas disponibles y cercados con un doble alambrado.
Otra de las medidas anunciadas por el gobierno porteño será solicitar la expulsión sumaria de presos extranjeros y poner a disposición el uso de tobilleras para delitos considerados menores. El jefe de gobierno, Jorge Macri, además planificó la construcción de la Alcaidía Central en el sur de la Ciudad, a la vera del Riachuelo, sobre la calle 27 de Febrero, que le permitiría a la Ciudad sumar 300 cupos.
Este plan surge de un convenio de 2018, cuando Mauricio Macri todavía era presidente, habiendo definido entre la Ciudad y el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, junto la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que destinarían 65 millones de dólares para hacer una unidad penitenciaria en la Provincia de Buenos Aires y mudar allí a los 1.800 presos de Devoto. A cambio, lograrían sacar la cárcel de la Ciudad y apropiarse de las tierras para hacer, según había anunciado Horacio Rodríguez Larreta en ese momento, un negocio inmobiliario y un parque. El filón del lucro que pretenden obtener los aparatos represivos del Estado avanza a paso firme con una actualización para la especulación inmobiliaria y los negociados capitalistas.
A esto se suma el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acerca de la construcción de dos cárceles privadas. Una estará en terrenos federales en el interior del país, mientras que la otra se ubicará en Ezeiza. El “modelo” adoptado por el Gobierno está inspirado en el de EE. UU.: el sector privado se hará cargo del “proceso de resocialización”, de la construcción de las instalaciones, la reparación que estas demanden durante la vigencia del contrato, el alojamiento de reclusos, los servicios de atención médica, alimentación, higiene y limpieza, además del tratamiento de residuos y la administración de esas cárceles. No obstante, la vigilancia directa de los presos y la vigilancia del perímetro no estará en manos de contratistas, sino que seguirá a cargo del Sistema Penitenciario Federal.
Bajo ese mismo “modelo norteamericano”, fue recién en 2021 que Nueva York adoptó una ley que prohíbe que un prisionero sea puesto más de 15 días en confinamiento solitario, convirtiéndose en uno de los primeros estados de EE. UU. en cumplir con las Reglas Mandela de la ONU que definen el aislamiento prolongado como tortura, mientras que en 2019 fueron muy numerosas las denuncias sobre los horrores que se viven en las cárceles de Alabama, las más mortales del país. Los Bullrich y los Macri, en lugar de proponer medidas que se orienten a resolver el origen de la descomposición, la violencia y el delito -que no es otro que la podredumbre del aparato del Estado-, refuerza su poder represivo. La cuestión del delito es la coartada para un fortalecimiento de la política punitivista, bajo una organización social que se proyecta como un sistema criminal contra las masas asalariadas y pauperizadas.
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CABA: fuga de presos en comisarías y crisis de sobrepoblación carcelaria Por Juan Arrecegor, 10/04/2024.
