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El gobierno nacional, a pedido del gobierno provincial, ha creado un comité de crisis con el objetivo de “contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano para el ejido de la Provincia de Misiones”. El gobierno local invocó la protesta policial como justificativo para sustentar su solicitud. El conflicto tiene pocas posibilidades de resolverse en breve, ya que los reclamos salariales fueron respondidos con un aumento del 15 %, es decir, $60.000, lo que no alcanza a pagar siquiera la factura de energía eléctrica. Los delegados de la policía reclaman un incremento del 70 % y garantías de que no se tomarán represalias, algo que el gobierno de Passalaqua, hasta ahora, tampoco se mostró dispuesto a conceder.
El desembarco de fuerzas federales, por orden de Patricia Bullrich, tiene otro alcance: prevenir una rebelión popular en la provincia que, de todos modos, ya se se encuentra en ebullición. La razón de fondo: el empobrecimiento completo de los trabajadores misioneros.
El deterioro social es tan profundo que ha contagiado al propio aparato represivo. Pero este es sólo un aspecto de la situación provincial. Docentes y trabajadores de salud encabezan verdaderos movimientos autoconvocados por la recuperación del salario, con piquetes y huelgas. Las movilizaciones docentes se dirigieron a los municipios y lograron declaraciones de Emergencia Educativa en los Concejos Deliberantes, aunque la mayoría de los intendentes adhiere al gobierno de Passalaqua.
La licuación del salario que el gobierno provincial impuso en acuerdo con los sindicatos llevó el ingreso de los trabajadores a niveles por debajo de la canasta básica alimentaria: han impuesto la generalización de la indigencia. La última paritaria docente fue cerrada por decreto. El resultado fue la detonación de la crisis política en la provincia.
El Gobierno ya no puede contar con los aparatos gremiales. La burocracia sindical, luego de años de liquidar huelgas y movilizaciones mediante la firma de aumentos paupérrimos, se ha ganado un enorme desprestigio entre los trabajadores. La CTA y la CGT -que no juegan ningún rol en la rebelión de la docencia y la Salud- reaparecieron ahora para rechazar el comité de crisis y denunciar las intenciones represivas, pero sin ningún planteo para llevar al triunfo a los trabajadores. Las movilizaciones autoconvocadas siguen a toda hora, aún sin mayor coordinación.
Aliado de Milei
Los legisladores electos por UxP en los últimos comicios formaron un nuevo bloque con los diputados de Salta, Río Negro y Neuquén, desde el cual apoyaron a la Ley Bases y todas las iniciativas del gobierno liberticida. La oposición a Passalaqua está formada por los mismos partidos que sustentan con su apoyo legislativo a Milei.
Como resultado de esa alianza política, Misiones “fue una de las provincias más beneficiadas en las transferencias discrecionales (por afuera de la coparticipación) al recibir 3.000 millones de pesos en abril" (Ámbito, 20/5). Ahora, la intervención de los trabajadores ha puesto en entredicho que ese apoyo se repita en el Senado. “A Misiones podría aplicarse 'el principio de la revelación'. Una de las provincias que más apoyó las políticas de Casa Rosada es la primera en exhibir un colapso social de los trabajadores estatales” (ídem). A mediados de abril el ministro de gobierno de la provincia declaraba que “Misiones es una isla frente al resto del país con cuentas equilibradas y salud pública”.
La crisis misionera es el anticipo de una crisis de mayor alcance.
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