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Donald Trump ha sido declarado culpable de 34 cargos en su contra en un tribunal de Manhattan (Nueva York) mediante un juicio por jurados. Es la primera vez en la historia que un expresidente es llevado a juicio público y, además, condenado por dichos cargos. Los 34 cargos refieren a un único “gran delito”-categorizado como grave clase E, según la justicia neoyorquina- referido al ocultamiento de pagos realizados a la exactriz porno Stormy Daniels para que no hiciera públicos detalles sobre una relación que habrían mantenido durante el año 2006. Estos pagos se realizaron en su anterior campaña presidencial en el año 2016, cuando derrotó finalmente a la candidata demócrata Hillary Clinton, y figuran a cargo de su exabogado y exasesor Michael Cohen. La carátula de “falsificación de registros contable” fue la utilizada para englobar la pena contra Trump, cuya condena será dada a conocer el próximo 11 de julio solo unos días antes de la Convención republicana que lo consagrará candidato del partido para las elecciones presidenciales de noviembre.
Las condenas por este tipo de delitos tienen penas previstas de 16 meses a 4 años, al tratarse de la primera condena de Trump y ser un adulto mayor, tiene 77 años, prácticamente se descarta que pueda visitar un calabozo. Lo más probable es que tenga reclusión domiciliaria, al menos por una parte de la pena, o que sea contemplado en los planes de libertad condicional. Lo único seguro es que el juez, Juan Merchan, descartó incluir una fianza para aliviar la pena contra el expresidente. Estas posibilidades podrían acarrear contratiempos para el desarrollo de una campaña presidencial, pero no inhabilitan de ninguna manera a Trump para poder presentarse e, incluso, ser presidente. La Constitución norteamericana establece que ninguna pena judicial puede ir en desmedro de los derechos políticos de sus ciudadanos, lo que incluye la posibilidad de ser presidente de la Nación desde un calabozo.
Esta condena contra Trump ha generado un amplío revuelo en la prensa internacional y, más aún, en la norteamericana. El New York Times ha salido a festejar esta condena, señalando que “el Estado de Derecho obliga a todos, incluso a los expresidentes.” (Clarín, 31/05) Biden ha continuado esta línea al decir que se ha defendido “el principio estadounidense de que nadie está por encima de la ley” y defendió nuestro “sistema de justicia”, que ha “durado casi 250 años” como “la piedra angular de Estados Unidos”. (WSWS, 01/06) Sin embargo, los medios han reconocido que ninguna de estas sanciones significan un duro golpe al electorado trumpista sino que ponen en duda el apoyo de un sector de votantes denominado “independientes” que varían su voto entre demócratas y republicanos según la temporada.
Trump ha utilizado este juicio como una tribuna política fascista, denunciando todo tipo de atropellos: “mis derechos civiles han sido totalmente violados por esta caza de brujas altamente política, inconstitucional y que interfiere las elecciones. Nuestra decadente nación está siendo el hazmerreír en todo el mundo”, declaró en su red social Truth Social . A lo que agregó, en las puertas del tribunal: “este fue un juicio manipulado y desgraciado. El verdadero veredicto lo dará la gente el 5 de noviembre.” (Clarín 31/05) Incluso, llegó a calificar al juez Merchan de “diablo”.
Este juicio contra Trump convive con otra gran cantidad de procesos judiciales en su contra. Todos centrados en el golpe de Estado del 6 de enero de 2021, el intento por desconocer las elecciones de Georgia y por el robo de documentos clasificados, en su mayoría del FBI, hallados en su casa de Miami también en 2021. Estas causas, que podrían introducir penas graves y que constituyen la posibilidad de sanciones por “traición a la Patria”, “sedición” y otros cargos importantes, duermen el sueño de los justos en los tribunales. Todos los medios y especialistas coinciden que no habrá avances significativos hasta después de las elecciones.
La piedra angular de la democracia estadounidense, como define Biden al sistema judicial, no ha dado muestras de ninguna sanidad, mucho menos de subordinar a todos los ciudadanos como iguales ante la Ley. El caso contra Trump es sumamente menor, por múltiples razones, pero principalmente por la gravedad de las otras causas en su contra que no han avanzado un centímetro e, incluso, cuentan con la complicidad de jueces y fiscales. La causa por el robo de documentos confidenciales está a cargo de la jueza Aileen Cannon, nombrada por el propio Trump. Al margen, que la publicación de algunos contenidos de dichos documentos expusieron partes sensibles de la política internacional “reservada” de los Estados Unidos. Lo que podría comprometer a una gama variada de medios y altos funcionarios permanentes del Estado - aquello que Trump denuncia como “Estado profundo” (deep state).
