Tiempo de lectura: 3 minutos
El reportaje que el diario La Nación (10/5) le hizo a Martín Guzmán sobresale, en lo formal, por un motivo: el ministro rompió su ´bajo perfil´ para despacharse con inusual dureza sobre el arco empresarial que, en estos días, rodea al gobierno con el abrazo del oso. Mientras despliega “elogios” a las propuestas oficiales de renegociación de deuda, el gran capital emplaza al gobierno a no conducir al país al “noveno default de su historia”. A estos consejeros interesados, Guzmán les dijo: “Cada uno tiene que decidir de qué lado va a estar”. “Hay mucho lobby hablando de que hay que evitar el default sin aclarar a qué costo”. Guzmán puso de manifiesto que el ´arco de apoyos´ que comienza con la Asociación Empresarial Argentina, y que continúa con las múltiples solicitadas de economistas internacionales, nacionales, mujeres y artistas, entre otros, constituye un monumental emplazamiento para que el gobierno llegue, a como sea, a un arreglo con los fondos internacionales.
Hay que decir que, más allá del enojo periodístico, el gobierno se ha acomodado a los pasos exigidos por el gran capital. Después del vencimiento formal de la oferta argentina, el pasado viernes 8, Guzmán anunció una prórroga de las negociaciones hasta el 22, el último plazo para pagar los 500 millones de dólares del bono que venció el pasado 22 de abril. Ese día, los acreedores internacionales podrán declarar a Argentina en default.
Alberto Fernández, en la noche del lunes, declaró a C5N que el gobierno espera “contraofertas”. Pero el libreto de éstas aparece todos los días en los diarios financieros: los acreedores reclaman la capitalización de los intereses impagos durante los años de gracia (una bola de nieve para los pagos posteriores); la eliminación de cualquier quita de capital y, finalmente, un posible cupón asociado al PBI, apostando a un “rebote” económico después de la pandemia y a un hipotético arreglo de deuda. Esa perspectiva choca, sin embargo, con el reflujo de capitales que asuela a los países emergentes, que tiene su punto de concentración en América Latina y más precisamente en Brasil.
Otro “pliego”
Pero las exigencias del capital financiero superan el horizonte de las meras quitas de capital o intereses. El titular del fondo Gear Capital Partners, señaló a Clarín que, para llegar a un acuerdo, el gobierno tendrá que “hacer todo lo que se negó antes: tener diálogo con los inversores, hacer un Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo, tener un programa económico coherente, subir los cupones de interés, reconocer el interés devengado, etc”. (Clarín, 12/5). Este planteo exige pasar el arreglo de deuda por el cedazo del FMI y, por lo tanto, por un programa de ajuste que ofrezca garantías de pago para cuando concluya el período de gracia. El titular de Gear añade que armar ese paquete “excede al vencimiento del 22 de mayo”, abriendo la puerta a otra de las variantes en discusión –colocar a la deuda argentina en un “paraguas”, según algunos, “hasta que pase la crisis del coronavirus”. No, es mucho más que eso: la prórroga de un default está condicionada al arreglo general de un programa económico, con intervención del FMI. Su primer punto, no cabe dudas, es una reforma previsional, que incluya el aumento compulsivo de la edad jubilatoria.
Crisis política
Las variantes en juego explican por qué Guzmán ha perdido la chaveta. Es que las dos puntas del camino que va hasta el 22 de mayo conducen a una crisis política. Un default podría terminar eyectando de su cargo al ´negociador` Guzmán, lo cual ha sido anticipado con el despido, el viernes pasado, del funcionario encargado de las negociaciones con los acreedores, cuando se supo que la aceptación de la oferta argentina apenas llegaba al 13%. La gran burguesía, que viene exigiendo un arreglo rápido de la deuda, colocaría en la picota a un gobierno defolteador. En la otra variante, un acuerdo ruinoso convertiría al régimen político y económico en una dependencia de los acreedores internacionales y del propio imperialismo, y abriría el escenario más o menos próximo de una rebelión popular.
Aunque no figura en las noticias financieras, la clase obrera es un sujeto protagónico de todos estos vaivenes. Más allá de sus necesidades de financiamiento internacional –que la crisis mundial cuestiona en cualquier variante- la gran burguesía le teme a una ruptura con los acreedores, precisamente, por su temor visceral a los trabajadores. En medio del escenario convulsivo que empieza a gestarse detrás de los protocolos sanitarios, las suspensiones o quitas salariales, los capitalistas temen que el añadido de un default termine precipitando una irrupción popular en la crisis. Pero por los mismos motivos, ¡Guzmán y los F F necesitan tener “en mano” los recursos económicos que les demandan los acreedores internacionales! En el reportaje a “La Nación”, Guzmán pone de manifiesto esa encerrona: "El sector privado está recibiendo ayuda sustancial por parte del Estado. Sería bueno que se tenga eso presente cuando se habla de la deuda”, le dijo el ministro a los capitalistas que reclaman el arreglo con los acreedores y, al mismo tiempo, ser rescatados.
La crisis de deuda, por lo tanto, pone de manifiesto la inviabilidad del régimen social que la ha contraído y que hoy exige ser socorrido por su Estado. El repudio de la deuda, la imposición de una banca única y el control obrero general son medidas elementales para impedir la sangría nacional.
