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El gobierno libertario ha dado a conocer por medio del Boletín Oficial el DNU 525/2024 que declara la “emergencia ferroviaria” por 24 meses prorrogables. La medida fue anunciada hace más de un mes atrás luego del accidente de Palermo, en el que quedó expuesto el recorte de presupuesto sobre los ferrocarriles, de un 60% para gastos operativos y un 92% destinados a infraestructura. El decreto en cuestión destina 350 millones de pesos consignados al sistema ferroviario para este año y serían destinados a asegurar la operatividad de los servicios ferroviarios, por medio de obras de emergencias y contrataciones. Pero lo que se esconde detrás de la emergencia ferroviaria es el plan privatizador de los libertarios.
Con la media sanción de la Ley Bases en el Senado de la Nación, quedan a disposición Trenes Argentinos Operaciones (SOSFSE) y Trenes Argentinos de Cargas (TAC/BCyL) a ser privatizadas o concesionadas. El proyecto aun no es ley, en tanto y en cuanto, el Senado ha introducido modificaciones que deben ser tratadas en Diputados. En los cambios que se introdujeron en el Senado, se encuentran, el retiro del proyecto de empresas a privatizar: Radio y Televisión Argentina, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, que fueron objetos de campañas contra su privatización (hasta el papa se mostró en una foto con la bandera de Aerolíneas Argentinas). El sistema ferroviario estuvo ausente, antes y durante el debate en senadores. Los gobernadores, juntamente con la burocracia sindical hicieron caso omiso sobre el avance privatizador de los trenes, convirtiéndose en cómplices necesarios de los liberticidas. La versión primigenia de la Ley Bases (Ley Ómnibus) incluía la privatización de ADIF, titular de vías y terrenos ferroviarios, que en principio quedó descartada, pero las facultades delegadas a Milei, posibilitaría su privatización.
El oficialismo debió echar lastre para que tenga media sanción el proyecto de ley. Así los libertarios se comprometieron a continuar las obras publicas que superen el 80% de ejecución o cuenten con financiamiento internacional, escenario en el que se encuentran gran parte de las obras ferroviarias paralizadas, como, por ejemplo, la extensión de la línea Belgrano Sur a Constitución y su electrificación, la renovación del tendido del Mitre y la electrificación del San Martin. A pesar de los compromisos libertarios, la emergencia ferroviaria permite anular licitaciones o compras previstas.
La privatización ferroviaria libertaria, cuenta con el camino allanado por la ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos sancionada en 2015 que establece un régimen de acceso abierto, es decir la participación de operadores privados en el sistema ferroviario, pero deniega la participación privada en materia de infraestructura y control de circulación de los trenes.
La emergencia ferroviaria habilita a una “reorganización empresarial” y en este sentido, desde la secretaria de Transporte están trabajando en llevar adelante la fusión de varias empresas ferroviarias, entre las que se encuentran Ferrocarriles Argentinos, Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), ADIF y SOFSE.
En su raid privatizador, el gobierno libertario utiliza como instrumento para sus objetivos la puesta en práctica de la emergencia ferroviaria, que habilita a la cancelación de obras ya adjudicadas y compras que la actual gestión no prevé realizar. A su vez, también permite avanzar en despidos de trabajadores. El desguace de los ferrocarriles tiene como objetivo final la liquidación de la planta operativa de los ferrocarriles a precios irrisorios a manos de futuros concesionarios.
El DNU 525/2024 se complementa con el decreto reglamentario 526/2024, firmado el mismo día por Miliei. El articulado del decreto 526/2024 es un llamamiento liso y llano de nuevas privatizaciones.
En síntesis, la política ferroviaria del gobierno nacional es un revival del menemismo y en principio persigue como único objetivo un brutal recorte fiscal. El gobierno de Milei ha reunido todas las herramientas necesarias para llevar adelante una privatización del servicio ferroviario a través de la emergencia ferroviaria, las facultades delegadas previstas en la Ley Bases y la nómina de empresas a privatizar que aprobó el Senado de la Nación.
Ante los atropellos del gobierno antiobrero de Milei y su pandilla, los trabajadores ferroviarios deben sacar conclusiones de la complicidad de la burocracia sindical de todo pelaje en la aprobación de la ley antilaboral sancionada la semana pasada, y poner en pie un plan de lucha contra las privatizaciones de los ferrocarriles, por paritarias que recuperen el salario perdido y ajuste mensual por inflación; el cese de los despidos y la reincorporación de los cesanteados, mediante el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario en perspectiva de la construcción de una gran huelga General que derrote al gobierno nacional.
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