Entre Ríos: paro de 24 horas contra la reforma jubilatoria de Frigerio

El pasado martes, en una conferencia de prensa de la “Intersindical”, los secretarios generales de AGMER, ATE, UDA, AMET y SADOP anunciaron una “jornada de lucha y movilización” enmarcada en un paro aislado de 24 horas para este jueves 4, en contra de la reforma jubilatoria que el gobierno de Rogelio Frigerio impuso por decreto. Se trata de una medida tardía y sin perspectiva de continuidad que, en el caso del gremio docente, se convoca un día antes de que comience el receso invernal.

El 31 de mayo pasado el gobierno provincial anunció la intención de reformar a la ley N° 8.732 que regula el régimen de jubilaciones del personal provincial y municipal de Entre Ríos, y el pasado 24 de junio publicó el decreto. Es decir, las conducciones sindicales dejaron correr más de un mes sin mover un dedo.

El decreto, que entró en vigencia el 1° de julio, sube los aportes personales un 3 %, del 16 al 19 % a los activos, aumentando también un 3 % las contribuciones patronales, es decir, del Estado. Además, incorpora un nuevo aporte del 3 % a la Caja de Jubilaciones por parte de los jubilados de regímenes especiales hasta que lleguen a los 57 años las mujeres y a los 62 los varones, la edad en la que se alcanza la jubilación ordinaria estándar provincial. Esto afecta especialmente a docentes, quienes se jubilan con 25 años de aportes y una edad de 54 años para los varones y 52 años para las mujeres, pero también barre con los derechos adquiridos del personal de salud, de los equipos camineros de vialidad provincial, del personal del servicio penitenciario, telefonistas, personal de aviación y los enmarcados en otras leyes de regímenes especiales. Además, la modificación afecta particularmente al personal público con discapacidad, a docentes de educación especial y al personal de salud mental, sobre quienes el régimen vigente hasta el mes pasado contemplaba una anticipación jubilatoria aún mayor que el resto de los regímenes especiales. Ahora deberán seguir aportando durante varios años a pesar de haberse jubilado.

El gobierno provincial indica que el déficit de la caja del 2023 fue de 124.000 millones de pesos, correspondiente al 41 % de sus erogaciones y que un 25 % del déficit corresponde a transferencias de fondos que adeuda el ANSES y que la Nación no envía a la Provincia. Se trata de fondos que ANSES debería enviar a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias en la década de 1990 a la órbita nacional. El gobierno provincial señala que recién en 2023 hubo los primeros jubilados con 30 años de aportes en la provincia.

A pesar de este retaceo de fondos nacionales, Frigerio viene respaldando las políticas del gobierno nacional y pretende descargar el peso de este brutal ajuste sobre la espalda de los trabajadores provinciales, luego de haber hecho lobby junto a los gobernadores de la “región centro” y las grandes empresas agroexportadoras para eliminar el aumento del 2 % en las retenciones que contemplaba el proyecto de la Ley Ómnibus discutida durante el verano. Por supuesto que este carácter de clase del Gobierno le impide buscar los pesos que le faltan gravando al capital agrario, de peso en la provincia, a quien premió con un aumento del 150 % en el inmobiliario rural contra una inflación muy superior. Mucho menos se le ha ocurrido imponer un gravamen de carácter progresivo sobre esta rama del capital: en Entre Ríos paga lo mismo un propietario de veinte hectáreas que uno de veinte mil, estando la producción primaria exenta de ingresos brutos. Tampoco va a apuntar contra las grandes “cooperativas” agrícolas y ganaderas radicadas en la provincia, exentas del pago de ganancias, cuando se ubican en los primeros puestos de agroexportación del país. En Entre Ríos hay importantes industrias de exportación, como la frutícola, siendo la principal provincia productora de naranjas y mandarinas; es una importante provincia arrocera y es la provincia en la que se concentra la mayor industria aviar del país. Ninguno de estos grandes capitales ha sido siquiera mencionado a la hora de discutir el financiamiento de las condiciones de vida del personal que educa y atiende a la fuerza de trabajo que estos mismos capitales explotan para extraer sus ganancias.

La burocracia sindical y un paro aislado para contener y disimular

En la conferencia de prensa del martes, Marcelo Pagani, secretario general de AGMER, señaló al gobierno de Frigerio como responsable de que el 80 % de los docentes se encuentren por debajo de la línea de la pobreza y que el cargo testigo, remunerado en $358.000, se ubique bastante por debajo de la línea de indigencia. Sin ruborizarse, también señaló que la paritaria docente viene perdiendo frente a la inflación, pero fue la propia conducción de AGMER la que planteó aceptar la reducción salarial propuesta por el Gobierno en la paritaria, agitando incluso el espantajo de los descuentos frente a una docencia que quiere luchar por mejorar sus condiciones de vida. Antes que al Gobierno, la responsabilidad de la miseria salarial le cabe a la burocracia, que opera sistemáticamente como un bloqueo a la lucha de los trabajadores.

A pesar de que Oscar Muntes, secretario general de ATE, reconociera que “el salario requeriría un aumento del 100 % para apenas colocarse en la línea de pobreza”, el consenso en la mesa de la conferencia de prensa de los secretarios generales de la “intersindical” fue que el salario había perdido sólo 20 puntos desde principios de este año, mostrando las cartas con las que piensan sentarse a la paritaria que comenzaría en pocas semanas más. La hipocresía no podría ser mayor: dejan correr la rebaja salarial de 25 puntos que Frigerio impuso por decreto en diciembre, y que la que aceptaron sin chistar, mientras celebraban el fecundo “diálogo” con el flamante gobierno. Además, en aquella instancia aceptaron un bono en negro de $25.000 que, por supuesto, desfinancia la caja de jubilaciones de los empleados públicos, al igual que todos los ítems no remunerativos que pueblan nuestros recibos.

Esos 20 puntos que reclaman tampoco contemplan el 16 % que la patronal adeuda desde el 2020, que el propio gobernador Bordet había reconocido, pero que la burocracia nunca reclamó. Frigerio puede ahora avanzar contra las jubilaciones porque esta burocracia le ha dejado imponer su programa de confiscación salarial, sin resistencia desde diciembre. Estas conducciones le han hecho un favor enorme al gobierno provincial, esforzándose por deslindar el gobierno de Frigerio del de Milei, centrando sus críticas exclusivamente en la política del gobierno nacional.

Frente a este panorama, los trabajadores docentes y estatales debemos autoconvocarnos, por medio de asambleas de base y poniendo en pie coordinadoras de lucha. Debemos pasar a la acción directa, a pesar de la entrega de las conducciones, para golpear de conjunto esta política confiscatoria que destruye nuestras condiciones de vida. Discutamos una salida, preparemos la huelga por tiempo indeterminado para imponer nuestras reivindicaciones: Aumento de emergencia del 100 %, salario inicial por cargo igual al costo de la canasta familiar, indexación mensual automática por inflación. En el caso de docentes, discutamos la preparación de una huelga de no inicio de clases luego del receso.