Escribe Comité Editorial
Es un ataque al derecho de defender la causa palestina.
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En los próximos días, Javier Milei refrendará, por medio de un decreto, la decisión del Ministerio de Justicia de la Nación de incluir a Hamas, la organización de resistencia de Palestina, en una lista de grupos terroristas. Prometido por Sergio Massa en la campaña de la segunda vuelta electoral, Milei demoró la sanción para que coincidiera con el 30° aniversario de la voladura de la AMIA, que es adjudicada extraoficialmente a Hezbollah y a Irán. Esta exhibición de oportunismo político no ha sido acompañada por la apertura de los archivos de los Servicios de Seguridad acerca del atentado ni por la identificación de la conexión local que necesariamente tuvo que estar asociada a su ejecución.
La tipificación de las organizaciones combatientes como terroristas es una antigua costumbre del imperialismo, por ejemplo en la década de los 50, con los movimientos de liberación nacional en Africa, todos los cuales se convirtieron luego en gobierno y fueron asociados a las Naciones Unidas. Es lo que vuelve a ocurrir ahora con Hamas, que nunca fue acusada por otra parte de los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA. Hamas ha sido reconocida en la práctica como una organización militar beligerante en las tratativas que se desarrollan en Qatar con el propósito de acordar un cese del fuego en Gaza, liberar a los rehenes retenidos por Hamas y a los presos palestinos encarcelados, incluso sin juicio, en las prisiones sionistas. A los encuentros de Qatar asisten el jefe de la CIA, el secretario de Seguridad nacional de Estados Unidos, el jefe del Shin Bet de Israel, las autoridades de Qatar y Egipto, e incluso funcionarios de Naciones Unidas. Hamas recibe el trato de una entidad estatal no reconocida. Ha resistido con enorme sacrificio diez meses de ataques militares y bombardeos salvajes, algo impropio de un grupo terrorista. El vocero del Ejército de Israel admitió en forma pública que Hamas no podría ser erradicada del suelo palestino, porque es -dijo- “una idea y un sentimiento arraigado en su pueblo”. Hay que observar también que el terrorismo aplicado como una operación de guerra en un conflcito armado, no tiene nada que ver con el terrorismo político, cuyo objetivo es aterrorizar a la población civil. El bombardeo de Dresde, Alemania, y de Hiroshima y Nagasaki, Japón, incluso con armas atómicas, han consagrado definitivamente al imperialismo estadounidense como un estado terrorista. Poner a Hamas en una lista de grupos terroristas sólo muestra el odio de Milei hacia las luchas nacionales de las naciones oprimidas y la vileza de Massa en su afán de servir como perro faldero del sionismo.
Esta estafa política de Milei al pueblo argentino, incluida la comunidad judía, tiene lugar cuando el Tribunal Penal Internacional ha declarado a las masacres perpetradas en Gaza como genocidio –una categoría superior a los crímenes de guerra- y ordenado la detención del Primer Ministro del estado sionista. Netanyahu acaba de cancelar un viaje a Europa por temor a ser enviado a galeras. Dentro de Israel, un sector masivo del mismo sionismo pide, mediante movilizaciones gigantescas, la expulsión de Netanyahu del gobierno por delincuente económico y por el sabotaje que realiza a un cese del fuego que podría liberar a más de un centenar de rehenes. Como Argentina es parte del TPI, sus autoridades solicitaron que Netanyahu sea inscripto en la lista de “buscados” por Interpol y comprometerse a ponerlo en prisión si estuviera a su alcance. Milei opera, con vista a esta situación, como un violador de la ley internacional.
La incorporación a la lista de grupos terroristas no cambia mucho la situación de Hamas. La organización es perseguida por la Justicia y los grupos de tareas del imperialismo en todo el mundo. Cambia sí, radicalmente, la libertad política en Argentina, porque apunta a la persecución y criminalización de todos aquellos que apoyan la causa nacional palestina y denuncian los crímenes del sionismo – apropiación de territorios, destrucción de viviendas, erradicación de olivares, ejecución sumaria de militantes, el genocidio-. Intenta establecer el delito de apoyo a organizaciones terroristas; lo hace por medio de un decreto, no una ley, aunque cuenta con la mirada hacia otro lado de los demócratas del Congreso. Quien, según la prensa, ha pedido este decreto es Patricia Bullrich, una enemiga jurada de las libertades públicas y una partidaria firme de que las fuerzas de seguridad de Argentina sean entrenadas por los servicios sionistas.
Sería importante formar un equipo jurídico para que estudie una presentación de inconstitucionalidad de este decreto. Son más necesarios que nunca los pronunciamientos públicos contra este intento perverso adicional de mutilar las libertades democráticas. A la comunidad judía progresista le cabe una responsabilidad fundamental: que no se manipule la lucha por el esclarecimiento de los atentados a la embajada y la AMIA para cercenar las libertades en Argentina a manos de un Presidente que no pierde un minuto en destacar su tendencia fascista.