Chaco: el desmonte involucra a todo el régimen político provincial y a Milei

La madrugada del 30 de abril, mientras el foco de atención política se centraba en la votación de la ley Bases en la Cámara de Diputados de la Nación, la Legislatura del Chaco votó la ley 4005 R de ordenamiento territorial, que da vía libre a los desmontes. La sanción de la ley motivó la presentación de una denuncia penal contra funcionarios y exfuncionarios provinciales, legisladores y empresarios, por parte de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA). Se los acusa de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y/o asociación ilícita. La denuncia incluye a personal político de las principales fuerzas de la provincia, de la actual gestión del gobernador Leandro Zdero (radical de Juntos por el Cambio), de las anteriores gestiones peronistas de Jorge Capitanich y Domingo Peppo, y a un legislador de Nuevo Espacio de Participación del Chaco (NEPar, una escisión local de la UCR, aliado de Capitanich). Además, la denuncia menciona que entre algunas de las empresas favorecidas por el accionar de los funcionarios se encuentran las familias Vicentín, Urquía (Aceitera General Deheza) y Triad S.A, esta última perteneciente a Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central. Asimismo, habrían resultado favorecidas la empresa Indunor S.A., del grupo Italiano Silvateam, y Unitan, también de capitales transnacionales, que son las principales tanineras presentes en la provincia, señaladas como responsables de la pérdida de 30.000 hectáreas de bosques por año. Por su parte, Greenpeace anunció que incorporará la denuncia de la nueva ley chaqueña a la causa judicial abierta en nombre del yaguareté que pide el fin de la deforestación y se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Uno de los principales acusados por parte de la AAdAA es Hernán Halavacs, ministro de producción y por tanto autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Bosques. A su vez, es hijo de un exfuncionario de la Dirección de Bosques y antes de asumir como ministro, en su desempeño como ingeniero agrónomo en la actividad privada, fue quien más permisos de desmonte gestionó en los últimos 10 años para los clientes de la consultora Hiula. Entre 2014 y 2021 (durante las gestiones provinciales del PJ), Halavacs tramitó 353 de los 876 permisos de desmonte registrados en la Dirección de Bosques de Chaco, equivalente al 40 % de todos los otorgados en el período. Se denuncia que en la mayoría de los casos estos permisos se obtuvieron de forma irregular.

Otro de los denunciados es Luciano Olivares, actual asesor en materia forestal del ministro, quien antes de tener ese cargo se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Forestal durante los gobiernos pejota-kirchneristas de Capitanich y Peppo. Es decir, en las gestiones anteriores era quien le otorgaba los permisos ahora denunciados como irregulares al actual ministro, por entonces consultor de empresas que buscaban desmontar. El punto nodal de toda esta cuestión es que la nueva ley de ordenamiento territorial del Chaco busca dar cobertura legal a los desmontes ya realizados de manera irregular bajo la ley anterior, fundamentalmente en el domo occidental de la provincia, donde se encuentran las tierras de mayor aptitud agrícola. Si tenemos en cuenta esto, el señalamiento no debiera recaer solamente sobre los funcionarios y exfuncionarios denunciados, sino sobre la legislatura completa del Chaco, es decir, sobre el conjunto de las fuerzas políticas del régimen, que habrían votado de manera cómplice una ley para encubrir delitos pasados.

Además de Halavacs y Olivares, aparece mencionado Atlanto Honcheruk, diputado provincial por el PJ, exintendente de Villa Berthet y titular de la mayor empresa transportista de madera de la Provincia. También Miguel Ángel López, ex Director de Bosques de la Provincia, propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste S.A. y socio en el aprovechamiento maderero de Triad S.A., propiedad de 2500 hectáreas perteneciente a Santiago Bausili, ubicadas dentro de un corredor biológico financiado por el Banco Mundial a través de un Fondo Global para el Medioambiente con el fin de ser conservado, sobre la que Miguel Ángel López, en el año 2013 como director de bosques de la provincia, había otorgado un permiso para desmontar y extraer, él mismo con sus socios, alrededor de 80 mil toneladas de madera y leña.

La denuncia también refiere que Juan José Bergia, legislador de NEPar y socio de Capitanich maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, en sociedad con Zenón Cuellar, intendente de la misma fuerza política de la localidad de Los Espinillos. Los denunciantes plantean que Junto a Luciano Olivares malversaron fondos verdes para el clima otorgados por la ONU.

La nueva Ley de OTBN

La ley nacional de bosques indica a las provincias realizar un ordenamiento territorial del bosque nativo (OTBN) cada 5 años. En el Chaco ese ordenamiento no se realizaba desde el 2014, y fue uno de los móviles para la sanción de la nueva ley. A partir de una presentación de un recurso de amparo con pedido de medida cautelar por parte de la ONG Conciencia Solidaria, que tuvo sentencia en la justicia local en 2022, se prohibió aprobar planes de aprovechamiento del monte, de cambio de uso de suelo y de permisos de desmonte desde el año 2014, fecha en la que venció el anterior OTBN, aprobado en 2009. Sin embargo, a pesar de la medida judicial, la superficie desmontada creció de manera exponencial desde entonces. Queda claro, una vez más, que la ilegalidad no es una barrera para el afán de lucro del capital. De hecho, este era el argumento de los legisladores que promueven la expansión de la frontera agropecuaria para avanzar en el tratamiento de la ley: “se desmonta de todas formas”.

Como hemos explicado en una nota anterior, el OTBN debe plasmarse en un mapa cromático que otorga el color rojo (categoría I) a las zonas de máxima conservación, habilitadas para el aprovechamiento no maderero por parte de comunidades indígenas y criollas; el amarillo (categoría II) a las que pueden tener un aprovechamiento “sostenible” y para fines turísticos y científicos; y el color verde (categoría III) para marcar las zonas en la que es posible realizar el desmonte, pero debiendo cumplir ciertas condiciones como realizar un estudio de impacto ambiental, un análisis de posibles perjuicios a comunidades locales y audiencias públicas . El nuevo OTBN, aprobado entre gallos y medianoche, implica pasar a categoría III (verde) alrededor de 300.000 ha que antes eran categoría II (amarillo). De lo que se trata, es de enmarcar en la normativa áreas que fueron desmontadas de manera ilegal durante la vigencia de la ley anterior, además de habilitar nuevas zonas para el desmonte.

La nueva ley otorga la vía libre para el desmonte, entre otras, a una zona que se encuentran en el límite entre los departamentos Güemes y Alte. Brown, al oeste de la provincia (ver mapa), donde se ubican los suelos de mayor aptitud agrícola, y donde se encuentra la mayoría de los predios que se denuncia obtuvieron su “recategorización” (de amarillo a verde) de manera irregular durante gestiones anteriores. Esta región es la zona más rica en quebracho colorado que queda en la provincia del Chaco, la especie forestal de la que se obtiene el tanino que las empresas multinacionales instaladas extraen con fin industrial para el procesamiento y curtido del cuero y para el encamisamiento de tubos petroleros. Científicos del CONICET señalan esta zona como parte del cordón de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, y como un corredor biológico que conecta dicho parque con otras áreas protegidas. Se trata de una franja altamente frágil y que resulta clave para la supervivencia de especies amenazadas como el yaguareté, el tapir y el pecarí quimilero (2).

Fuente Greenpeace

Si se observa el mapa, llama la atención una franja longitudinal al este provincial, que en el mapa del 2009 aparecía con el color verde y que en el de la ley actual aparece como amarilla. Toda esta porción territorial, que ahora aparece con “mayor protección”, es la base para el cínico argumento por parte de los promotores de la ley, referido a que la ley actual “amplía el área de conservación”. Efectivamente es así, ya que los sectores pintados de amarillo se mantienen estables en torno al 63 %, los rojos crecen desde el 6 % al 9,48 % (como se ve en el mapa se incorpora la protección de márgenes de ríos y arroyos) y los verdes descienden del 31 % al 26,89 %, pasando de 1,5 millones de hectáreas a 1,2 millones (1). Es decir que en términos cuantitativos aumenta el área protegida, pero la trampa de este argumento radica en que, a los fines de conservación, no importa el área total del mapa sino cada unidad de superficie que cambia de color. La razón de fondo para dar mayor protección a estas zonas del Este provincial es que no son tierras de aptitud agrícola, debido al alto contenido de arcilla de los suelos, que no las hace objeto de interés por parte del capital agrario. Es lo que explica que hayan permanecido durante 15 años como categoría III (verde) y a pesar de ello todavía mantengan el monte.

El objetivo inmediato del nuevo OTBN ha sido, de un lado, legalizar los desmontes puestos en cuestión por la cautelar judicial de 2022 que respondía al pedido de amparo por parte de la ONG Conciencia Solidaria y que suspendía los otorgamientos de “aprovechamiento sostenible de bosque” otorgados por los gobiernos anteriores. La cautelar, de todos modos, no impidió que durante 2023 se incrementara la superficie deforestada de manera ilegal en la provincia -53.000 hectáreas- en pleno gobierno “virtual” de Massa. Esto significó un récord histórico en cuanto a la superficie anual desmontada, no ya de manera ilegal, sino para los registros históricos de los últimos 20 años, desde el llamado “boom de la soja”. La legalización de este movimiento de desmonte, en el cual se encuentra involucrado todo el régimen político provincial, tanto oficialistas como opositores y el empresariado, es imprescindible para evitar que la entrada en vigencia de la reglamentación “verde” de importación de la UE, obstaculice la exportación de soja y ganado a ese mercado.

De otro lado, el objetivo estratégico de la ley, es destruir derechos adquiridos de la población nacional y mundial: el pasaje de áreas de máxima conservación a áreas de desmonte. Esta acción viola el principio de no regresión y pone en cuestión todo el ordenamiento jurídico ambiental. El “reordenamiento” no está justificado, puesto que contrariamente a lo que afirma la ignorancia bárbara e interesada de los funcionarios y empresarios locales (y nacionales), la única utilidad productiva de esta región está en la existencia de este bosque, no en su extinción. Esto por la infinita riqueza de conocimiento científico que del mismo se puede extraer para el bienestar de la sociedad.

Régimen político y empresarios criminales

El escándalo ha tomado tal envergadura en la provincia que suscitó el tratamiento por parte de los principales periódicos de tirada nacional. La Nación, uno de los primeros en dar tratamiento al tema (3/7), intentó darle el ángulo de un debate entre “producción vs. conservación”, colocando falsamente al monte chaqueño como obstáculo para el progreso y como fundamento de la pobreza a que son sometidas las poblaciones de las regiones boscosas. En cuanto a la “conservación”, se hace eco de la exigencia de los “dueños” –actuales o potenciales- de las tierras, que en caso de mantener la cobertura boscosa reclaman el derecho de percibir, cuanto menos, una renta promedio a la que obtendrían si volcaran esa superficie a la actividad agrícola o ganadera. La transformación de tierras poco fértiles a la producción agrícola requiere de un alto grado de inversión en tecnología, lo cual redunda en menos demanda de mano de obra. No es el tipo de desarrollo productivo que “terminará con la pobreza”. De otro lado, el agotamiento del suelo se acorta en el tiempo. Los rendimientos de granos o cultivos forrajeros que se puedan obtener los primeros años luego del desmonte se explican por la materia orgánica y fertilidad que aportó el bosque por siglos. Sin él, se acelera de manera dramática la pérdida de fertilidad. Si pretenden percibir bonos por haberse apropiado de un bosque de alto valor de conservación, no estamos mas que ante un fraude avalado por el mismo sistema de “bonos de carbono”.

El resto de los principales medios (Perfil, Clarín, TN), que publicaron sobre el tema los días siguientes, le dan el ángulo de un escándalo de corrupción y algunos lo titulan como el destape de “la mafia de los desmontes en el Chaco”, titular que aportó la propia asociación de abogados denunciante. El escándalo salpica a la cabeza del gobierno, el presidente del BCRA, Santiago Bausili. Hace unos días, el propio Milei atacó la lucha ambiental al pretender oponerla al crecimiento productivo del país y, por ende, a la eliminación de la pobreza. El gobierno liberticida pretende poner a disposición una enorme masa de materias primas como litio, soja, petróleo y minerales, para ser exportada al mercado mundial. Pero según las mismas publicaciones de la burguesía sojera, los precios internacionales de los principales productos agrícolo ganaderos tienen una tendencia bajista. El mercado, luego de 20 años ininterrumpidos de inversión tecnológica y desmonte en América (Estados Unidos y Brasil principalmente) está sobre stockeado de materias primas. Actualmente lo que hay es una tendencia al atesoramiento del capital, no a su inversión. El ataque al movimiento de lucha ambiental busca ser el chivo expiatorio de un programa económico sin perspectiva de desarrollo en el contexto mundial actual. La búsqueda de un chivo expiatorio en los movimientos de lucha para ocultar el fracaso propio de la decadencia del capital es el rasgo típico de una camarilla facista.

De otro lado, el nuevo ordenamiento ha “revelado” la cara criminal del capital, en la medida en que la vida útil de estos suelos para su uso en la producción agroganadera es infinitamente inferior y, por tanto, más temprano que tarde dejarán de servir para la “producción para la exportación”. Esto quiere decir que se busca echar a la basura un bosque, por 5 o 10 años de “renta” mediocre. Un gobierno de trabajadores, miraría la cuestión de otra manera: la verdadera utilidad del monte chaqueño está en su misma existencia, y en la enorme cantera de conocimiento científico que nos puede ofrecer para la innovación productiva y sanitaria. Lejos de lo que dicen las páginas de La Nación, la verdadera utilidad para el desarrollo productivo de una sociedad nunca estará en las tierras arrasadas e infértiles que dejará el desmonte y si en la existencia, exuberancia y abundancia nativa del Chaco americano.

Referencias

(1) Chisleanschi, Rodolfo. (2024) Chaco argentino: una ley provincial pone en peligro un corredor biológico vital para el jaguar, el tapir y el pecarí en mongabay.com