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Sobre la base de las facultades delegadas incluidas en la “Ley Bases”, el Gobierno avanzó mediante el decreto 599/2024 con la desregulación aerocomercial, eliminando el piso y techo en las tarifas, abriendo el servicio de cabotaje para aviones con matrícula y tripulación extranjera; también habilitó la operatoria de servicios de rampa, asistencia y equipaje a empresas que presten exclusivamente este servicio, quitándole la exclusividad a Intercargo, entre otros.
La ´desregulación´ y la política de ´cielos abiertos´ llevan implícita la privatización de Aerolíneas Argentinas. El Gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios que apunta, dice Clarín, a hacerla más atractiva a posibles compradores mediante el achicamiento de la planta (Clarín, 16/7). Los ´cielos abiertos´ tienen destinatarios inequívocos: se refleja en la cancelación de los vuelos de AA a Nueva York, una ruta rentable que fue reasignada a Delta Airlines y American Airlines.
El decreto llegó luego de que la privatización de AA quedara fuera de la letra de la “Ley Bases”.
Frente a las objeciones que señalan que muchas ciudades y provincias van a quedar aisladas si AA se retira de rutas consideradas poco rentables, se prevé una nueva normativa para aviones chicos -de hasta 19 plazas-, para que tengan un “procedimiento simplificado de autorización para el transporte no regular” y de esa manera poder prestar servicios aéreos hacia ciudades de pocos habitantes sin tener grandes costos de “estructura” (Clarín, 11/7).
La burocracia aeronáutica advierte que la desregulación prioriza la rentabilidad a contramano de la calidad del servicio, la pérdida de seguridad en el control de la gestión y el ingreso a mansalva de compañías extranjeras. Caracteriza que los trabajadores están “siendo empujados” al conflicto, pero no convoca a asambleas y huelgas sino a que “el Senado, el Congreso y la política hagan lo que tienen que hacer”.
Por su parte, a pesar de las “facilidades extendidas” ofrecidas a los hipotéticos ´inversores´, hay dudas de que efectivamente se produzca su desembarco. Durante la pandemia, las aerolíneas recortaron sus flotas, a pesar de los subsidios millonarios que recibieron y, en muchos casos, el dinero terminó siendo utilizado para la recompra de acciones y otras maniobras especulativas. Lo que quedaría en pie de los ´cielos abiertos´ sería, en ese caso, la privatización de AA o su desguace definitivo.
El vaciamiento de AA es necesario toda vez que allí se concentran trabajadores bajo convenio, organizados en sindicatos, cuando se pretende crear condiciones para futuras e inciertas inversiones mediante la destrucción de condiciones de trabajo, con el consiguiente peligro para las condiciones de seguridad en la aeronavegación. Frente a esto la burocracia sindical espera que la ´resistencia´ provenga del Congreso que votó facultades delegadas que habilitaron el decreto “liberalizador”. La gravedad de la situación está en absoluto contraste con la política de la burocracia sindical.
Los trabajadores aeronáuticos están divididos en diferentes sindicatos. Las asambleas informativas, como la convocada por APLA, descoordinadas con el resto, no son suficientes para frenar un ataque de esta magnitud.
Impulsemos un frente único de los trabajadores aeronáuticos sin distinción de gremio o forma de contratación, para unirlos a todos en defensa de los derechos laborales.
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