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El ajustado triunfo del gobierno en la votación de la “Ley Bases” en el Senado vino acompañado del recorte del capítulo de privatizaciones, quedando fuera de lo aprobado en la Cámara Alta, la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Televisión Pública.
Estos hechos fueron recibidos con alivio por parte de los trabajadores aeronáuticos que entienden que la privatización viene con despidos y precarización bajo el brazo. Sin embargo, el fantasma no se ha disipado. Aunque el Papa Francisco se sacó una foto con la bandera de Aerolíneas Argentinas, al recibir en el Vaticano al titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, el exorcismo a la privatización está lejos de concretarse.
En el calendario del gobierno se estima que el 27/6 sesione la cámara de diputados para dar sanción a la “ley Bases”. En sus cálculos está que se ratifique lo votado por diputados, incluyendo la privatización de Aerolíneas Argentinas (AA). “Intentaremos insistir en la media sanción que votó la Cámara de Diputados en lo que respecta a las privatizaciones de empresas públicas”, confirmó el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien cuenta con un guiño de la Casa Rosada para avanzar (La Nación, 18/6).
En el mismo sentido se pronunció el jefe de gabinete, Guillermo Francos: "No tenemos un compromiso de que Diputados no pueda insistir en esos temas, por lo que también les pedimos a Diputados insistir en las privatizaciones. Supongo que quienes sostuvieron estos temas en el primer debate lo sostendrán en el segundo" (Iprofesional, 20/6). Si se viera frustrada la ratificación en diputados de la privatización y con el decreto no alcanzara, el gobierno no descarta avanzar con proyectos puntuales.
Sin estar zanjada la cuestión de la votación en diputados, quedan en pie la desregulación y los cielos abiertos.
Con el decreto en pie, el gobierno queda autorizado a calificar la aeronáutica civil aerocomercial como un "servicio esencial", a desregular las tarifas y a “la cesión, parcial o total del paquete accionario a los empleados de conformidad con el programa de Propiedad Participada (PPP)" (BAE Negocios, 19/6).
De esta manera, se limita el derecho a huelga de los trabajadores aeronáuticos al mismo tiempo que todo desfinanciamiento de la aerolínea de bandera puede ser descargado sobre los trabajadores que se acoplen como accionistas de la empresa al quedar "enganchados" a los vaivenes de la cotización bursátil. El destino final es la privatización vía venta de las acciones por parte de los trabajadores, empujados por una carestía salarial creciente.
En esta ruta de privatización tenemos que anotar también que mientras tanto el gobierno ha dejado de girar fondos del tesoro a AA, lo cual repercute en un déficit de $115.308 millones en los tres primeros meses del año y motiva las declaraciones de Adorni donde señala que “la idea no es cerrarlas, sino todo lo contrario, salvarlas con ingreso de capitales privados” (La Nación, idem). O sea, habilitar a costa de la aerolínea de bandera, un coto de beneficios y negocios para los capitalistas.
La letra del decreto en su artículo 230 habilita al Poder Ejecutivo a "subvencionar la demanda de servicios de transporte aéreo en aquellas rutas que resulten de interés general para la Nación, junto con la explotación de servicios de trabajo aéreo que tengan igual carácter". Dejando la puerta abierta para que los recursos que se niegan a AA terminen en manos de capitales privados o, llegado el caso, sean puestos en la aerolínea de bandera luego de su privatización.
Incluso, ante la preocupación por el cierre de rutas, el gobierno plantea realizar acuerdos con privados para sostenerlas. Al mismo tiempo que discuten el cierre “de rutas nacionales de Aerolíneas Argentinas en las provincias que no resulten rentables" (Ámbito Financiero, 19/6).
No estamos, por tanto, ante un problema de cuidar la plata sino de a las manos de quien van los fondos.
Por último, el decreto habilita "un proceso de revisión y actualización de varios artículos y disposiciones del Código Aeronáutico para establecer un nuevo marco operativo que le permita a cualquier aerolínea, que demuestre solvencia técnica y financiera, poder operar vuelos de cabotaje e internacionales hacia y desde Argentina sin necesidad de que existan tratados bilaterales de reciprocidad con los países de origen donde están radicadas las casas matrices de esas empresas" (BAE Negocios, idem).
A pesar de la unanimidad en el gobierno respecto de la privatización, la crisis recorre los pasillos de la rosada en relación a quien comandaría este proceso. Los tejes, manejes y crisis que se procesan están totalmente ajenos a las demandas de los trabajadores contra la privatización.
El objetivo no es nuevo, todo el negocio de las lowcost va en el sentido de bajar costos mediante el recorte en el servicio y la precarización laboral. Pero pretende dar un salto de calidad mediante la privatización de AA que cuenta con una nómina de alrededor de 11 mil empleados, sindicatos y convenios.
El carácter estratégico que tiene de fondo la privatización de AA no va a ser derrotado por componendas parlamentarias, exclusiones de privatización que encuentran otras vías para desenvolverse y peregrinajes de la burocracia sindical alrededor del mundo, sino a partir de una lucha de conjunto que desarrolle asambleas de todo el personal aeronáutico sin distinción de gremio o forma de contratación que prepare una huelga general contra el gobierno liberticida y sus laderos.
La Ley Bases no ha cerrado la crisis política Por Jorge Altamira, 14/06/2024.
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