La militarización del Paraná y el Escudo de las Américas

Cuando todo parecía indicar que la licitación de la Hidrovía estaba a un paso de finalizar, ya que la Comisión Evaluadora de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), manejada por el “caputista” Iñaki Arreysegor, recomendó preadjudicar la concesión al consorcio integrado por la belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus, DEME, su competidora, ofreció reducir el costo del peaje en un 17 por ciento. Reclama que se reinicie el proceso dada la “relevancia de su oferta”, y asegura que ésta fue “respaldada por Estados Unidos”. Para impugnar la preadjudicación a Jan de Nul, DEME debería desembolsar US$ 10 millones. Se abrió un plazo de siete días corridos para presentación de observaciones o impugnaciones.

En una carta que los gerentes de DEME enviaron al ministro de Economía Luis Caputo se puede leer entre líneas la denuncia de que la licitación fue direccionada. Afirma que “el objetivo de toda licitación pública es obtener la oferta más conveniente, lo que incluye los precios más competitivos para la economía de un país. Lamentablemente, las reglas de la licitación de la VNT (Vía Navegable Troncal) no nos permitieron presentar nuestra tarifa más competitiva debido al piso tarifario impuesto. Señalamos que dicho piso tarifario es significativamente superior a la tarifa que DEME había ofrecido en la licitación cancelada en 2025, aun cuando esa licitación incluía un mayor alcance de prestaciones que la actual (por ejemplo, sistema de vigilancia entre otros).”

DEME denuncia que, en el último tramo de la licitación, en el que se evaluó la propuesta económica, el gobierno nacional incluyó en los pliegos un esquema de bandas con una tarifa mínima, y por ende, ambas empresas ofertaron por un monto de U$D 3,8 por tonelada transportada. Partiendo de las “condiciones económicas más convenientes para el interés público argentino”, desde DEME afirman que están en condiciones de incluir un “descuento del 17,4% respecto del piso tarifario impuesto por las condiciones actuales”. Señalan que su oferta podría traducirse en “un ahorro nominal de, al menos, U$D 2,5 mil millones para los usuarios de la VNT a lo largo del plazo concesional de 25 años”, y aseveran que de avanzar con el precio mínimo “estarían pagando un 21% por encima del precio justo de mercado por los servicios de dragado y balizamiento”. El "complejo agroindustrial" saludó la preadjudicación a Jan de Nul a través de sus cámaras empresariales.

El proceso licitatorio estuvo cruzado por denuncias a nivel nacional e internacional por la posible injerencia de capitales chinos. Pero las objeciones también vinieron desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 advirtiendo sobre "serias y evidentes irregularidades" en el proceso. El organismo señaló la ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas, cláusulas restrictivas en las impugnaciones y riesgos de direccionamiento del proceso (en favor de Jan de Nul). Fue el tercer informe crítico emitido por la PIA. A pesar de los reiterados señalamientos del organismo, el gobierno liberticida siguió adelante con la cuestionada licitación.

En cuanto al consorcio Jan de Nul-Servimagnus, su estrategia fue la de jugar a dos puntas. Por un lado, aseguraron que no tenían nada que ver con China, y también se encargaron de darle una participación activa al Grupo Neuss, cercanísimos a Santiago Caputo. Durante el gobierno liberticida, a través de la empresa Edison Energía, los Neuss se hicieron de muchas de las licitaciones en el sector energético, entre ellas la la concesiónes de Transener por U$D 300 millones junto a Genneia, de Jorge Brito (h), y de las represas Alicurá y Cerros Colorados. En la Hidrovía, los hermanos Neuss serían socios ocultos de Jan De Nul, con una participación estimada del 50% del contrato a través de subcontrataciones no declaradas.

DEME también puso sobre la mesa licitatoria que cuenta con el aval de los EE.UU., y más precisamente del gobierno de Trump, para hacerse con las obras que demanda la VNT. Las empresas dragadoras de capitales norteamericanos Great Lakes Dredge & Dock Company, Clear Street y el fondo KKR han asegurado los capitales necesarios para que DEME opere en el Río Paraná.

Así las cosas, la ANPyN quedó en condiciones de avanzar con el acto administrativo de adjudicación definitiva, si es que DEME no ejecuta la cláusula de U$D 10 millones para impugnar todo el proceso.

El interés del imperialismo es permitir la navegación de gran porte, incluso navíos militares; el control del comercio, el contrabando y el negocio de las grandes cerealeras. El Comando Sur del Pentágono, ya opera en el río Paraná por medio de técnicos militares, dando cuenta de la importancia estratégica del Río Paraná en el cuadro del Escudo de las Américas y de la guerra mundial.