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Los especuladores han violado, en Argentina, una regla habitual de los mercados: “comprar con el rumor, vender con la noticia”; comprar barato y vender caro. En la Bolsa porteña ocurrió casi exactamente lo contrario: una venta de bonos y acciones cuando la posibilidad de que el Senado diera la sanción final a la Ley Bases y al paquete fiscal era sólo una expectativa, y una atropellada compradora cuando fue conocido el resultado favorable de la votación. Una venta a la baja y una compra a la suba. En principio, esta inversión de la regla supone que la subida de las cotizaciones podría durar poco. Quienes se suban tardíamente a la euforia terminarían perdiendo plata.
Es que la sanción legal y el acuerdo para que el ‘swap’ con China por cinco mil millones de dólares se devuelva en cuotas hasta 2026, son dos aspirinas para la dimensión del default que acosa a Argentina. En la factura no aparecen el fallo contra el Estado por la ‘estatización’ de YPF, por 16 mil millones de dólares, ni tampoco la sentencia de la Justicia londinense que ordena pagar mil quinientos millones de dólares por la falsificación de los datos de inflación, de parte de Kicillof y Guillermo Moreno, para evitar el pago del cupón del PBI, que remuneraba a los acreedores cuando se producía un aumento del producto interno. En el tribunal del Banco Mundial hay multas a pagar de diverso orden. Florencia Donovan, de La Nación, lo pone en estos términos: “La ley no disipa del todo el interrogante con el que desde un comienzo carga la Administración de Milei”. Para Daniel Billota, del mismo diario: “Es probable que la Ley Bases no tranquilice a los inversores (…) Esta inquietud impregna lo que resta del trámite parlamentario en Diputados. (...) la trabajosa victoria lograda por el Gobierno no bastaría para dar garantías perdurables de seguridad jurídica”. Prevé que la crisis en Capital Humano se va a agravar, y otros medios ya han puesto en la picota a la canciller, Diana Mondino.
La sanción de la ley es un golpe histórico a la clase obrera, pero incluso ha agravado las diferencias en la clase patronal y en sus agentes políticos. La ley, sin duda, reduce a la nada el derecho laboral, en el mismo momento en que la burocracia de los sindicatos procura convertirse en socia, al menos muda, del aparato liberticida. La sanción de la ‘modernización laboral’ ocurrió sin resistencia de los trabajadores, con independencia de la movilización del miércoles 12, cuando los sindicatos aparecieron para saludar a la bandera, y se fueron para dejar el campo libre a los infiltrados y la represión. Esta victoria de los capitalistas en su conjunto está lejos de resolver, sin embargo, la bancarrota financiera de Argentina. Cuando el gobieno festeja una inflación mensual de un 4,2 % en un cuadro recesivo y con controles pesados sobre el sistema de precios (el cepo), hay que recordar que Caputo ha instaurado un sistema de indexación de los servicios domiciliarios, industriales y de transporte, que asegura una inercia inflacionaria por bastante tiempo.
La burguesía ha festejado, razonablemente, el acuerdo con China con mayor entusiasmo que la sanción de la ley. Pero para eso Milei y el FMI han debido echar lastre. El liberticida no solamente deberá viajar a Pekín; además ha ofrecido seguridades a las inversiones instaladas de China y a la reanudación de las represas de Santa Cruz. La renegociación del ‘swap’ fue acordada entre China y el FMI, lo cual convierte a Pekin en un protagonista estratégico en cuanto a Argentina. China va a aprovechar el Régimen de Grandes Inversiones para imponer a Milei la extensión de la Ruta de la Seda a las dos orillas del Río de la Plata.
La sanción del Senado ha dejado jirones, además. El rechazo al aumento del impuesto a las ganancias (salarios) o la extensión de la moratoria hasta marzo de 2025 podría convertirse en definitiva si gana respaldo la interpretación constitucional de que no podría ser modificada en Diputados. Mientras tanto, corre la cuenta regresiva para que el Senado ratifique el magro aumento de las jubilaciones que votó la otra Cámara. Las “fuerzas del cielo” no han dejado de perder combustible para el aterrizaje, incluso después del golpe propinado al derecho laboral; la clase obrera va a pulverizar este ataque apenas se lance a una lucha de conjunto. En el otro campo, la cuestión de la devaluación y de otras reivindicaciones del sector agroexportador ha llegado a tal punto de incandescencia que, según Clarín, el número dos del Banco Central, Demián Reidel, un talibán del ajuste, ha calificado de “zurdos” nada menos que a la Cámara de los monopolios aceiteros. Parece claro que si Caputo quiere que el FMI le preste 15 mil millones de dólares, tendrá que hacer otra considerable devaluación del peso. La deuda del Tesoro en pesos crece en el equivalente a seis cifras en dólares por mes, a plazos cortísimos.
La tensión política de la crisis ha quedado de manifiesto en dos medidas propias de un estado policial. La Legislatura porteña ha votado la violación del debido proceso al establecer la prisión preventiva para reincidentes, mientras detiene a quienes ejercen el derecho de manifestación. Un eventual inocente quedará preso antes de que le prueben el delito que le imputan; es un ‘replay’ de la ley anticomunista que dictó la dictadura de Onganía. Patricia Bullrich ha ido más lejos: ha organizado una fuerza de movilidad rápida de la Gendarmería y la Federal cuando “detecte que las intalaciones de alguna compañía o la cadena logística se encuentre en riesgo”. Es claramente el establecimiento de un estado policial contra las huelgas y ocupaciones de fábricas. A los supermercados les prohíbe entregar alimentos, o sea ejercer la caridad.
En síntesis, hay que preparar una gran lucha, que todavía no ha comenzado.
