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La legislatura tucumana se dispone a tratar la adhesión a la Ley Micaela en la sesión, que se realizaría este jueves. La normativa, aprobada por el Congreso Nacional en diciembre del 2018, establece la obligatoriedad de la capacitación en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
La falta de adhesión hasta ahora ha sido producto de la presión de la Iglesia y los sectores reaccionarios, para quienes la ley abriría la puerta al adoctrinamiento en la “ideología de género”.
El bloque del bussismo y legisladores del radicalismo han presentado un proyecto de rechazo a la adhesión, con el argumento de la objeción de conciencia. Califican al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación (autoridad de aplicación de la ley a nivel nacional) como “la Gestapo ideológica”. Durante estos años, han actuado casi sin fisura junto al peronismo para bloquear de manera sistemática cualquier iniciativa referida a los derechos de las mujeres y disidencias. Esta santa alianza declaró a la provincia “pro-vida” durante el debate del proyecto de legalización del aborto. Ha bloqueado también la adhesión a la Ley de salud Sexual y Procreación Responsable -Tucumán es la única provincia que no adhiere, a 16 años de su sanción- y el tratamiento de la ley de cupo laboral trans.
La adhesión a la Ley Micaela es impulsada por un sector del PJ vinculado a Manzur en el marco de la interna entre Manzur y el vicegobernador Jaldo. El pronunciamiento favorable de algunos funcionarios provinciales, como la ministra de Gobierno y Justicia, la secretaria de la Mujer y la de Derechos Humanos, que han acompañado todas las medidas reaccionarias hasta ahora y hecho caso omiso a las distintas denuncias, demuestra que no es más que una impostura.
A la campaña por la adhesión se han sumado funcionarias nacionales como Dora Barrancos y la ministra Gómez Alcorta, para quienes es una deuda que permitirá erradicar la violencia. Gómez Alcorta ha dicho que con la ley "vamos a achicar las brechas de desigualdad por motivos de género en el ámbito laboral, en el ámbito de la educación, en el sistema político, se necesita pensar políticas con perspectiva de género, normas con perspectiva de género, e intervenciones de funcionarios y funcionarias de poder judicial con perspectivas de género".
Este discurso pretende desviar la atención sobre las verdades causas de la violencia de género y sus responsables. Colocar el problema en la falta de formación y capacitación de los funcionarios del estado es un despropósito. El aparato estatal, en Tucumán, ha sido cómplice de la violencia contra la mujer. Por eso sus defensores no pudieron ilustrar ningún cambio favorable que se hubiera producido en los otros 23 distritos provinciales. Las estadísticas muestran, por el contrario, que los números de femicidios y las denuncias de atropellos institucionales no registran variaciones.
Todo el movimiento de mujeres, incluida la izquierda agrupada en el FIT-U, se ha volcado a una campaña por la adhesión, en los mismos términos en que lo plantean esas funcionarias, es decir, como una herramienta para superar la violencia de género. Venden un buzón cuando debieran desenmascarar la impostura y defender una lucha socialista.
Desde el PDT tendencia, más que nunca planteamos la necesidad de la organización independiente del Estado, y defendemos un programa de oposición a la barbarie capitalista. La ley no contemplan reclamos básicos: casas refugios, subsidios a la víctima de violencia equivalente al costo de la canasta familiar, ningún despido, no a las suspensiones y reducciones salariales, salario igual a la canasta familiar, pase a planta permanente, no al pago de la deuda externa, aborto legal sin restricciones.
Necesitamos avanzar en la organización socialista de las mujeres trabajadoras para encarar esta lucha, en unidad con todos los sectores explotados, porque no habrá erradicación de la violencia sino se remueven las bases sociales de este régimen de explotación.
