Provincia de Buenos Aires: servilismo vernáculo por la planta de GNL no tiene fin

La guerra por la localización de la planta de GNL sigue a flor de piel. Mientras se espera la presentación del “RIGI Kicillof” en la legislatura bonaerense -una gambeta para no tener que adherir al RIGI de Milei- el gobernador rionegrino Weretilneck, apuntalado por el gobierno de Milei, fue, si se quiere, más servilmente frontal en los beneficios que otorgaría a las empresas. Anunció que haría de Punta Colorada un puerto exclusivamente privado “sin consorcios, gremios, municipios ni cámaras empresariales”. Una “patria” aparte, exclusiva para los capitalistas. El consorcio de gestión que opera el puerto en Bahía Blanca es, no obstante, autónomo y es en la práctica completamente privado. Si se suma esto a la catarata de beneficios fiscales, cambiarios y de una eventual plena libertad para disponer del recurso exportado y las ganancias generadas no hay duda alguna que se debate la instalación de un emporio económico de características coloniales.

Milei se inclina por instalar la planta en Punta Colorada (Rio Negro) y por Weretilneck, que ganó las ultimas elecciones con apoyo de todas las vertientes del peronismo. El libertario dijo que los inversionistas no confiarían en Kicillof por ser un “expropiador serial” en relación a la semiestatización de YPF que hoy es objeto de una disputa legal en EE.UU. Clarín recordó que, sin embargo, el gobierno actual sigue apelando la sentencia de la jueza norteamericana Loretta Preska que obliga a resarcir al fondo buitre Burford con u$s16 000 millones amparándose en la “soberanía nacional” de tal decisión. Sucede que detrás de esta operatoria esta el grupo Ezkenazi, antiguos kirchneristas favorecidos por el Estado. El nivel de endeudamiento que catapultó el libertario tampoco admite un engrosamiento mayor. En el mismo sentido, el gobierno ha declarado un default con las generadoras de energía.

El RIGI “sovietico” que presentaría Kicillof no es en esencia diferente al votado en el congreso nacional ni tampoco algo novedoso, porque este paquete de prebendas económicas y fiscales fue inaugurado con el pacto secreto con Chevron, precisamente por el gobernador de Buenos Aires, y otorgando finalmente garantías judiciales con sede en Washington. Es puro palabrerío lo que en los diarios se anuncia como “objeciones ideológicas” de Kicillof al RIGI, que dice que su régimen de incentivos es un complemento perfecto del RIGI. Se ha desatado, no obstante, una extensa agitación respecto a una adhesión al RIGI nacional como condición necesaria para el desembarco de la inversión. En rigor, ese paquete de beneficios es nacional y no ha sido reglamentado todavía. El intendente de Bahía Blanca, de la UxP, ha afirmado que lo haría prontamente e incluso declaró que Milei y Kicillof “quieren lo mismo a pesar de sus diferencias”. La UCR y el PRO bonaerense ya presentaron sus proyectos para adherir al RIGI nacional y también para presionar por la instalación de la planta en Bahía Blanca, a contramano de sus pares rionegrinos. La multimillonaria inversión ha abierto una disputa feroz en todos los partidos patronales, bajo prédicas chauvinistas como la “Patagonia” versus “Buenos Aires” cuando se trata de la defensa a ultranza de los intereses capitalistas sectoriales, más alla de los capitales extranjeros asociados a YPF y Petronas.

Kicillof esperaría a abroquelar a todos los partidos de la Legislatura para sacar su RIGI y no quedar pedaleando en el aire. También quiere que se confirme que la planta se hará en territorio bonaerense. Clarín informó, incluso, de una reciente reunión “secreta” entre autoridades nacionales de YPF y del gobierno bonaerense, que debió ser desmentida inmediatamente por las autoridades de YPF. El “secretismo” para pactar todos los beneficios reclamados por los bancos y las empresas vinculadas a la construcción de la planta es una cualidad que Kicillof ha reivindicado en cada oportunidad que tuvo, bajo el antecedente del nefasto pacto con Chevron.

Los beneficios otorgados en todos los casos plantean eximir del pago de impuesto inmobiliario, impuesto al sello, ingresos brutos y toda carga tributaria en general. Lo mismo se pretende para actividades vinculadas como almacenamiento, transporte e instalación. En Bahía Blanca, en donde una parte sustancial de sus trabajadores no tiene tierra ni gas natural, se expropiarán 1500 hectáreas y se eximirá del pago de tasas municipales.

El nivel de entreguismo no ha alcanzado, sin embargo, su máxima expresión. Horacio Marin, el presidente de YPF, dijo que “no alcanza solo con el RIGI” y que “Hay que demostrar que a bajos precios el proyecto es rentable, sustentable y que puede pagar la deuda. Cobrando un precio de u$s 8 por millón de BTU de valor de reposición para el gas de Vaca Muerta, en promedio, el proyecto sería rentable”. Para lograr este precio, se someterá a los trabajadores tanto de Rio Negro como de Buenos Aires a un regimen de superexplotacion laboral, lo cual ya está potenciado por la ignominiosa “Ley de Bases”. Además, Marin exigió “establecer mecanismos ágiles para otorgar permisos y habilitaciones ambientales, hídricas y territoriales con licencia social amplia”. Esto es más extractivismo y piedra libre para la contaminación.

Mientras el oro se alberga en los sótanos del Banco de Londres y las grandes fábricas despiden a mansalva, este proyecto de licuefacción del gas extraído por fracking en Vaca Muerta está exponiendo el grado irremontable de vasallaje histórico de la “casta” antigua y la que habita transitoriamente hoy la casa rosada. Deja en ridículo al “anticolonialismo” de la vice Villarruel y del lema “la patria no se vende” del kirchnerismo. Es un llamado a luchar por defender auténticamente el patrimonio y los recursos del país, que solo puede tomar en sus manos la clase obrera.

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Planta GNL: Milei-Kicillof disputan un gran negociado Por Emiliano Fabris, 18/07/2024.