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El proyecto para construir una planta de gas licuado ha planteado, en la provincia de Buenos Aires, un pleito político. Para acceder a esa inversión, Axel Kicillof debería suscribir la ley RIGI que aprobó el Congreso en el marco de la "Ley Bases", con el voto opositor del kirchnerismo. Para salvar ese obstáculo en cuanto a los principios políticos, el gobernador de la Provincia se dispone a establecer su propio RIGI, más o menos parecido al proyecto de Milei. De no hacerlo, el gobierno de Río Negro se ha adelantado a ratificar la ley nacional y acoger las inversiones para exportar petróleo y gas en su provincia. La licuefacción del gas extraído de Vaca Muerta es excluyente para su exportación. Esta posibilidad comenzó a proyectarse en 2017 entre la petrolera estatal de Malasia, Petronas, e YPF para construir la planta en el puerto de Bahía Blanca y se oficializó en el 2022. La inversión total estimada ronda entre 30.000 y 40.000 millones de dólares a desembolsarse en el transcurso de un plazo de al menos 8 años. En el caso de la instalación en Río Negro, debería construirse un puerto desde cero. Las autoridades de YPF solicitaron a los gobernadores de cada provincia conocer los “beneficios especiales” que otorgarían para la instalación de la planta y que cada provincia adhiera al recientemente votado RIGI. Este régimen para inversiones mayores a los 200 millones de dólares otorga concesiones fiscales, aduaneras, ambientales y cambiarias de tal magnitud que los beneficios de esas inversiones quedarán radicados en el exterior para el pago a los accionistas o para invertirlos en el extranjero hasta que el recurso se agote. Se trata de un típico proyecto colonial que diseña un territorio especial para un grupo privilegiado de compañías.
En una aparente adaptación a las circunstancias, Kicillof acaba de anunciar que presentará en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que establece un “régimen provincial de fomento de inversiones estratégicas”. “A través de esa ley pretendemos englobar varios de los requisitos, de las necesidades que presentan las compañías para llevar adelante el proyecto en Bahía Blanca” (La Nueva, 15/7). En realidad, sin embargo, Kicillof no está haciendo ninguna contorsión a sus principios, porque él y CFK son los inventores del RIGI a partir de la estatización parcial de Repsol y el acuerdo YPF-Chevron que, una década después, todavía no es de conocimiento público debido a sus cláusulas onerosas. Es decir que Kicillof se apresta a darle forma de ley provincial a un proyecto suyo, pero ahora extendido al gas, a la construcción de una planta de licuificación y la firma de contratos con compañías de navegación para que lleven el gas a Europa y Asia, donde será regasificado. El propio Kicillof se ha encargado la paternidad del proyecto que ahora le ha ‘usurpado’ Milei. Al igual que en el pasado, reivindica ahora “un acuerdo de confidencialidad”, que sólo confirma los intereses espurios de estos acuerdos.
Las petroleras anticiparon un buen recibimiento al “RIGI Kicillof”, pero advirtieron que, eventualmente, será necesario establecer con total claridad que eventuales litigios queden en manos del tribunal internacional de la CIADI con sede en Washington. Por la semiestatización de YPF, comandada por Kicillof, la Justicia de Estados Unidos condenó al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares. En su defensa legal, bajo el gobierno de Alberto Fernández, se señaló que la expropiación de acciones fue una decisión soberana que debe ser juzgada en la Argentina.
Kicillof argumenta que es finalmente la Legislatura bonaerense la que debe definir la adhesión o no a una ley nacional como el RIGI. También deberían pronunciarse el Concejo Deliberante de Bahía Blanca y el consorcio de gestión del Puerto (el puerto esta administrado mayoritariamente por los capitales privados). El intendente de Bahía Blanca, el camporista Susbielles, viene de ser precisamente el presidente de dicho consorcio, con el cual financió su reciente campaña electoral. Ya anunció su disposición a brindar tasas municipales diferenciadas para las petroleras e incluso a facilitar la expropiación de 1.500 hectáreas que se deben destinar para la construcción de la planta. El Polo Petroquímico en la ciudad, el más importante del país, también acogió beneficios discrecionales que, a la fecha, significan por ejemplo una tributación completamente insignificante y un daño ambiental y sanitario considerable.
Tal como sucediera en la discusión por el RIGI, el proyecto de Kicillof buscaría establecer un “cupo” asignado a la compra de insumos y contratación de servicios a las “pymes”, es decir, a un sector de los capitalistas nacionales. Kicillof sueña, finalmente, con ser el facilitador de esta inversión y no cargar con la mochila de una oposición de los grandes grupos económicos a su candidatura para 2027. “La patria no se vende” se ha convertido, otra vez más, en una impostura.
Dicho todo esto, los primeros ladrillos se pondrían en el 2027, mientras las reservas del Banco Central van por la negativa y la nueva devaluación del peso renueva la perspectiva de una hiperinflación. El carácter colonialista de estas inversiones es directamente proporcional a las necesidades de vender al país para pagar la hipoteca financiera de Argentina.
