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En la cuenta de ganancias y pérdidas, el gobierno, la burguesía y sus partidos han celebrado en esta madrugada la liquidación de una parte sustancial del derecho laboral en la Argentina. En eso reside el corazón de la ley Bases, junto a un listado restringido de privatizaciones y un régimen de “grandes inversores” que, en cualquier caso, tiene sus antecedentes en Argentina. Como señaló un diputado macrista en la sesión de ayer, el RIGI es una réplica del acuerdo secreto que Cristina Kirchner celebró con Chevron en 2013 –libertad para la remisión de utilidades y divisas de las exportaciones; libertad para importar insumos sin costo y para eludir impuestos en el país-. Si se suma el blanqueo de capitales, se han sentado las “Bases” para hacer de Argentina una mezcla de zona franca y paraíso fiscal; la contraparte monetaria de ese planteo es la dolarización, que Milei ratificó unas horas más tarde.
Choque de poderes
Más allá de estas conquistas estratégicas, el gobierno deberá prepararse para las crisis que la sesión de ayer deja irresueltas. Para sancionar el paquete fiscal con el impuesto al salario incluido, el gobierno debió incurrir en la inconstitucionalidad, pues los Diputados no pueden alterar una disposición que el Senado directamente había eliminado. Si la justicia y la Corte avalan el atropello, el retorno del impuesto al salario abre un choque directo con la clase obrera, que no se reduce a los petroleros del sur. Si la justicia congela la aplicación del impuesto, el gobierno buscará compensarlo con nuevos recortes –y crisis políticas con las provincias-.
La sanción de la Ley Bases ha sido una extraordinaria muestra de solidaridad política de la oposición -de toda laya- con el gobierno Milei. Como señalaron varios observadores, el voto positivo salvó al gobierno de una “crisis irremontable”. En cualquier caso, el socorro al gobierno liberticida acentuó las tendencias disolventes en todos los bloques. En el kirchneropejotismo, la votación favorable de los diputados de Catamarca y Tucumán a “Ganancias”, y del RIGI en el caso de San Juan, anticipa las fracturas que se vienen. El macrismo “oficial” advierte que la Ley Bases será el último servicio sin cargo al gobierno de Milei –con excepción, claro, de los que siguen a Bullrich y preparan las valijas para irse del PRO-. Aunque Milei prometió “nuevas leyes”, lo que tiene por delante es la delegación de poderes aprobada ayer por el Congreso, y una mayor desintegración política de sus opositores.
Dolarización
Envalentonado, Milei se apresuró a adelantar sus próximos pasos. Y con ellos, el escenario explosivo que ninguna “Ley Bases” podrá mitigar. Milei anunció un “cambio de régimen monetario”, es decir, avanzar con la dolarización que ya puso parcialmente en marcha en el caso de los precios internos y las tarifas. Para sostener ese esquema y hacer frente a las exigencias devaluatorias, Milei se empeña en una salida deflacionaria. Prometió “emisión cero” y, para ello, que el Banco Central deje de operar como comprador de última instancia de la deuda del Tesoro. Pero para ello, debería perpetrar una nueva vuelta de tuerca en el ajuste fiscal y depreciar nominalmente los salarios y jubilaciones. Entre los anuncios de hoy, puso en duda la continuidad del bono a los jubilados. A los asalariados que ganan más de 1,8 millón -que representa la actual canasta familiar- se les viene el impuesto al salario.
Una dolarización “sin dólares” precipitaría un colapso del crédito interno. Milei-Caputo piensan que podrían sustituirla con el ingreso de dólares del blanqueo, y de las inversiones ligadas a proyectos de exportación. Es una perspectiva demasiado incierta para un país en virtual defolt, con 700.000 millones de dólares de deuda pública y 50.000 de compromisos impagables en los próximos dos años; la apuesta al mercado internacional tiene lugar en una economía mundial cruzada por la guerra y una crisis financiera en ciernes.
Por eso, el FMI rechaza el plan dolarizador y exige un ajuste clásico: devaluación, acumulación de reservas y un plan para pagar la deuda. El agronegocio se encolumna detrás de esta variante, mientras acentúa el acopio de la cosecha.
Las dos variantes, la dolarizadora y la devaluatoria, plantean una agudización extraordinaria de los antagonismos de clase. La Ley Bases está aprobada, pero no supera ni remonta esta crisis de conjunto.
