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Hace 52 años en Animaná, un pequeño pueblo enclavado en la porción salteña de los Valles Calchaquíes, un grupo de obreros vitivinícolas respaldados por aquella comunidad a la que pertenecían desarrollarían una de las experiencias de lucha más valiosas de la clase obrera salteña: el Animanazo. Este acontecimiento, en tanto suceso político de relevancia para la dinámica local que asumió la lucha de clases en la provincia de Salta desde mediados del siglo XX, constituyó una expresión novedosa en torno a las acciones reivindicativas de las poblaciones del Valle Calchaquí.
“Folclorizado” a la medida del marketing turístico que ya buscaba explotar tanto las bellezas naturales como las tradiciones culturales allí presentes, la imagen de los Valles Calchaquíes y sus poblaciones construida en torno a relatos que enfatizaban la “tradicional apacibilidad” de sus habitantes había calado hondo en el imaginario popular, por lo que las primeras informaciones acerca de aquel acontecimiento que adquirió un cariz de insurrección popular en medio de los “tranquilos y apacibles” Valles Calchaquíes, no tardaron en despertar la sorpresa y el interés de la prensa, tanto local como nacional.
El Animanazo, sin embargo, no nació de la nada. Dicho suceso formó parte de la saga de puebladas y "Azos" que tuvieron lugar en distintas provincias del país entre 1969 y 1972, con el Cordobazo como referencia a nivel nacional y con el Salteñazo de 1969 como el más relevante a nivel provincial. Estas series de insurrecciones populares se desenvolvieron en el marco del agotamiento de un régimen político que había hecho de la alternancia entre gobiernos constitucionales y dictaduras militares su condición de existencia. En ese contexto, hacia fines de la década de 60´ y principios de la del 70´, el descontento popular fue en aumento contra la dictadura de Onganía y sus planes económicos que, como hoy, imponían brutales planes de ajuste contra los trabajadores.
En este cuadro, desde mediados del siglo pasado, concretamente a partir de la década del 60´, la economía de los Valles Calchaquíes experimentó un proceso de transición en el que el monocultivo de la vid se empezaba a imponer gradualmente sobre los cultivos tradicionales predominantes en la zona hasta aquel entonces (maíz, pimiento, poroto y aromáticas entre otros) a partir de un proceso de concentración de la propiedad de la tierra que trajo aparejado un cierto aumento en la productividad del trabajo. Con la constitución de las fincas-bodegas, unidades productivas de carácter agroindustrial, parte la población local se vio incorporada al proceso de trabajo vitivinícola, en el que convivían tanto obreros fabriles como peones rurales permanentes y estacionales, encargados del trabajo en el campo. El desarrollo de este sector de la economía, que apuntaba a la producción de vinos para el mercado nacional e internacional, impactó a su vez sobre la gran mayoría del resto de los más de 500 habitantes con los que contaba la localidad de Animana por aquel entonces, ya que los mismos se encontraban vinculados de distintas maneras a la producción vitivinícola, que constituía la actividad económica de mayor relevancia en la región.
En ese marco, desde inicios de 1972, los obreros vitivinícolas de la Finca y Bodega Animaná –propiedad de la familia Michel– nucleados en el Sindicato de Obreros y Empelados Vitivinicolas y Afines (SOEVA), venían sosteniendo una serie de reclamos por el pago atrasado de salarios ante la patronal vitivinícola, reclamo este que, además, develo las pésimas condiciones de trabajo y de vida a las que se encontraban atados estos trabajadores. En este contexto, y tras más de seis meses de reclamo, la noche del 18 de julio comenzaría a gestarse un movimiento que, horas más tarde, pasaría a transformarse en una verdadera pueblada. Todo comenzaría con un proceso de organización y agitación de un llamado a huelga gestado desde las bases que terminaría por impulsar la convocatoria a una asamblea sindical por parte del secretario general del SOEVA, Pablo Ríos, a la que luego se sumaría la población en general, adquiriendo así el carácter de una verdadera asamblea popular. Allí se decidió pasar por alto los canales de reclamo legitimados por el Estado para pasar a desenvolver acciones de protesta que ponderaban métodos de lucha propios de la clase obrera. Así, sobre la base de una perspectiva propia de autogobierno local se resolvió: 1) tomar la bodega exigiendo su expropiación y su funcionamiento bajo control obrero y 2) tomar la municipalidad local y designar simbólicamente como nuevo intendente a Inocencio Ramírez, delegado gremial del SOEVA en Animana. En este marco, ya con el gobierno municipal en manos de los trabajadores, se dictó la única medida efectuada por la nueva gestión, que consistió en interrumpir el tránsito de la RN 40 y establecer el cobro de un peaje con el objetivo de sostener económicamente el plan de lucha. Asimismo, se procedió a la realización de una olla popular que se prolongaría hasta la madrugada del 19 de julio en la que florecieron todo tipo de prácticas de solidaridad de clase que afianzarían aún más la unidad de los sectores en lucha.
Tras la decisión por parte de la dictadura, el gobierno y la policía provincial de no reprimir la insurrección de entrada, apelando al establecimiento de mesas de negociaciones, el plan de lucha desenvuelto por los trabajadores se sostendría durante algunos días más. El 24 de julio se llega a un principio de acuerdo cuando el Estado provincial sale al rescate de la patronal vitivinícola mediante la concesión de un préstamo para hacer frente al pago de los salarios. Sin embargo, las represalias del gobierno llegarían el 6 de agosto cuando se producen las detenciones de Ríos y Ramírez. A partir de allí la responsabilidad del caso recae en la autoridad policial superior de la vecina localidad de Cafayate, cabecera departamental, situación que precipitaría la organización de una gran movilización popular que el 9 de agosto marcharía desde Animana a Cafayate recorriendo unos 15 km. y exigiendo la liberación de los sindicalistas detenidos. De esta manera, y tras rodearse de la solidaridad de algunos sectores trabajadores de Cafayate y la ciudad de Salta vehiculizados por la CGT local la movilización lograría su objetivo tras concretarse la liberación de los detenidos dos días después. A partir de allí, y mediante las presiones ejercidas por la patronal vitivinícola vinculada tanto a los militares como a los partidos del régimen, aquel proceso de lucha y movilización iniciado el 18 de julio comenzaría a diluirse hasta quedar completamente desarticulado.
Cuatro años después, ya con la última dictadura cívico-militar en el poder, el terrorismo de Estado apuntaría contra los principales referentes de aquel movimiento, entre los que se encontraban Pablo Ríos e Inocencio Ramírez, quienes junto a otros de sus compañeros fueron detenidos y trasladados a la ciudad de Salta, pasando por diferentes centros de detención y sufriendo los consecuentes episodios de tortura propios de la época. A partir de allí, con la persecución y detención de quienes fueran sus referentes, el Animanazo, en tanto acontecimiento político de suma relevancia para la historia de lucha de la clase obrera salteña, sufriría el silenciamiento impuesto por la dictadura, lo que terminaría por generar una suerte de ocultamiento que guardó cierto grado de vigencia durante décadas.
Hoy, producto de la situación recesiva y la inflación mundial, el consumo de vino se ha desplomado. La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) atribuye la disminución a una pérdida de poder adquisitivo que afecta a todos los niveles de ingresos. La caída se registra tanto en el mercado interno como en las exportaciones. Un informe de IWSR, dedicada a la investigación de consumo de alcohol señala también un cambio en los patrones culturales en la frecuencia e intensidad del consumo del vino. Con matices en diferentes segmentos la caída intentó ser compensada con nuevos mercados, pero de conjunto el declive se ha convertido en una tendencia que afectará cada vez más a toda la industria vitivinícola. Sobre esta base los empresarios del vino colocan expectativa de recuperación con la política deflacionaria del gobierno, a la vez que los salarios se congelan y las condiciones de trabajo en las bodegas se precarizan. De marzo a mayo de 2024 el sueldo básico de un obrero de viña fue de $267.773 aproximadamente; mientras que el sueldo básico de un trabajador de bodega es de $310.621. En los márgenes de la indigencia. El trabajo bajo contrato o en negro ha tomado nueva forma a través del ingreso de obreros mediante cooperativas que abaratan los costos para las bodegas, pero implican condiciones de mayor precarización, por ejemplo, se han denunciado falta de indumentaria por parte de las mismas. En el último periodo este cuadro llevó a luchas aisladas que principalmente expusieron el rol de la burocracia sindical en la entrega de las condiciones laborales y de vida de las familias vitivinícolas, lo cual llevó a un cambio en la dirección del SOEVA después de 11 años. Sin embargo, esto no ha significado aún la intervención política independiente del movimiento de trabajadores vitivinícolas, ni siquiera ante el congelamiento de las paritarias que sostienen hoy Milei y los gobernadores como Sáenz.
Con el Animanazo quedó grabado a fuego que el método de la asamblea popular, la ocupación del lugar de trabajo para la satisfacción inmediata de los reclamos como lo fue el salario, el corte de ruta y la movilización y solidaridad de todo el pueblo contra la represión del Estado, está atado a la perspectiva de un gobierno de los trabajadores, que es la herramienta definitiva para la defensa de los intereses de quienes realmente producen la riqueza de este suelo, y no de los capitalistas que apenas aprovechan la crisis para mejorar sus condiciones de explotación.
