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El miércoles 31 de julio se llevó adelante una importante jornada de lucha a nivel nacional bajo el lema “contra los despidos y la precarización”, impulsada especialmente por ATE CONICET Capital por el cese de los contratos de más de 300 becarios doctorales y postdoctorales. Se realizó una nutrida concentración y radio abierta en el Polo Científico para exigir que el Directorio reciba a los becarios que estaban por ser cesanteados. Mientras tanto, en otros lugares del país, como Mendoza, Bariloche, Puerto Madryn, Córdoba, La Plata, Posadas y Rosario, se apoyó el reclamo con asambleas, cartelazos y recorrida de medios. Luego de una larga espera, representantes de legales, asuntos institucionales y becas reafirmaron la decisión de dar de baja las becas.
Como consecuencia, más de 300 científicos del CONICET fueron cesanteados, en el marco de la política de vaciamiento del organismo llevada adelante por el gobierno de Milei. Los cesanteados son, por un lado, 200 becarios postdoctorales de todo el país que han terminado su formación doctoral y postdoctoral y se han presentado a la convocatoria a Carrera del Investigador Científico (el concurso que media para que una persona ingrese a la planta permanente de CONICET como investigador). Por el otro lado, también han quedado desvinculados del organismo cientos de becarios doctorales que se habían postulado a la beca postdoctoral y que fueron afectados por el recorte en 330 becas de las 800 prometidas por el directorio. Estos despidos encubiertos implican que más de 300 personas han quedado sin trabajo y sin cobertura médica. Esto se suma a los 130 trabajadores administrativos despedidos a principio de año, y a los recortes de entre el 30 y el 40 % en becas doctorales, de finalización y de postdoctorado. Con lo cual hay en los hechos una reducción del personal que afecta a más de mil puestos de trabajo en todo el país.
Por “usos y costumbres” y, aún más importante, mediante una resolución de su Directorio (la número 967/2021), el CONICET había garantizado la continuidad de las becas postdoctorales hasta que se dieran a conocer los resultados de la convocatoria a Carrera, esto es, el derecho elemental de cualquier trabajador a la continuidad laboral. Así había sido por mucho tiempo, pues el proceso de evaluación suele durar un año y este mecanismo tenía el objetivo de retener los recursos formados por el Estado y evitar su fuga hacia el exterior o al sector privado. En esta ocasión se decidió extender la beca solo hasta el 31 de julio, dejando a 200 investigadores desvinculados hasta tanto se haga público el orden de mérito para ingresar a planta permanente, cuestión prevista para julio de 2025.
El Directorio del CONICET (conformado por cuatro representantes investigadores de las grandes áreas de conocimiento -Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Exactas y Naturales, y Ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales- que son votados por sus pares, por un representante de Consejo de Universidades y representantes de la industria, el agro, y los gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), escudado en la falta de presupuesto, se creó un derecho propio, pues cesanteó a estos más de 200 investigadores dando de baja una resolución propia con una simple disposición de área de recursos humanos de CONICET. Es lo mismo que ha hecho al recortar 460 de las 1300 becas doctorales establecidas en la convocatoria, 330 becas postdoctorales de 800 y 70 becas de finalización que no fueron otorgadas. Lo hecho sienta un precedente peligroso para todos los escalafones del organismo; sustentado en el planteo de “la distribución de recursos escasos” los derechos de los trabajadores del organismo podrán hacerse y deshacerse sin más, cuestión que se suma a la precarización histórica de becarios y gran parte del personal administrativo que se rige por contratos según el Artículo 9 de la Ley de Empleo Público.
Las consecuencias son, además, institucionales, en tanto la pérdida de recursos del CONICET afecta a líneas de investigación enteras, que necesitan de proyectos y personal especializado comprometido a largo plazo para poder desarrollarse. Es un recorte de la mano de obra que sostiene laboratorios e institutos en todo el país. Hasta los propios investigadores de planta permanente se verán afectados porque ellos son evaluados periódicamente por el mismo CONICET de acuerdo a, entre otras cosas, la cantidad y calidad de recursos humanos (becarios) que forman.
Todo lo dicho fue advertido por el propio colectivo de becarios postdoctorales que han quedado cesantes. Entre ellos se organizó un grupo autoconvocado que desenvolvió una serie de acciones previas que incluyeron asambleas, pedidos a Salamone, al Directorio, una carta abierta firmada por más de 3500 investigadores de todo el país y la coordinación con gremios y organizaciones de trabajadores de Ciencia y Técnica (CyT).
A pesar de que el resultado del 31 de julio no fue el esperado, esa experiencia de organización y las reservas de lucha demostradas interesan para fortalecer la conformación de un frente en defensa de la CyT. Hasta ahora las medidas han sido principalmente de denuncia y escasas; para revertir una situación que apunta a un cierre de facto del CONICET y de todo el sistema científico es necesario discutir y preparar una ocupación generalizada de las sedes de organismos de CyT en todo el país.
