Escribe Bruno Corzo
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El Gobierno provincial promueve una política salarial de ajuste, sobre la base de actualizaciones según los índices inflacionarios y la incorporación de bonos transitorios, con el objetivo de cerrar las discusiones salariales hasta febrero de 2026. Las burocracias de los estatales y la salud ya firmaron este ruinoso acuerdo. La docencia autoconvocada continúa movilizada y reclama romper el techo salarial, por un 50 % y por la estabilidad laboral. El día de hoy se realizarán nuevas acciones.
En el marco de la paritaria estatal, el Gobierno provincial cerró acuerdos salariales con las burocracias locales de ATE y UPCN que, lejos de representar una recomposición real, consolidan la pérdida del poder adquisitivo. Las cúpulas burocráticas de ambos gremios avalaron una pauta salarial que lleva el haber mínimo a $800.000 recién en septiembre, cifra que ya se encuentra desfasada frente al costo de vida actual y proyectado. El acuerdo contempla un bono no remunerativo de $60.000 y un adicional de $80.000 fraccionado ($60.000 en julio y $20.000 en septiembre), además de actualizaciones bimestrales por inflación recién desde septiembre, tomando como base el IPC de julio. La aceptación de este esquema implica una tregua prolongada en la disputa salarial hasta febrero, sin contar un compromiso de una reunión de “monitoreo” recién en noviembre, muy lejos de una verdadera recuperación del salario perdido.
En Vialidad Provincial, el acuerdo paritario reproduce la lógica de ajuste: la burocracia de vialidad aceptó una pauta de 4 % y un bono no remunerativo de $60.000. Los trabajadores viales quedan sometidos a la misma licuación salarial que el resto del empleo público.
En el sector salud, la situación también es grave. La burocracia de ATSA firmó un acuerdo de solo un 5 % de aumento promedio para julio, también contempla una actualización bimestral por IPC desde septiembre. A modo compensatorio, se incorporan adicionales específicos para agentes sanitarios de terreno y choferes, lo que lejos de revertir la pérdida salarial generalizada, introduce segmentaciones que fragmentan la unidad de reclamo del sector.
Por otra parte, el acuerdo salarial alcanzado entre el SOEM y la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, si bien fue aceptado en asamblea, revela profundas limitaciones frente al avance constante del costo de vida. El intendente Saadi logró imponer un incremento del 12 % escalonado en tres tramos (4 % en julio, septiembre y noviembre) y un bono de $80.000 a liquidarse con los haberes de julio, lo que llevaría el salario inicial a aproximadamente $860.000. A ello se suma un bono extraordinario de $60.000 en ocasión de la Fiesta del Poncho. Sin embargo, aun considerando el total de $140.000 que los trabajadores percibirían en el corto plazo, el acuerdo resulta claramente insuficiente si se confronta con la inflación acumulada y proyectada, además de congelar cualquier revisión hasta febrero de 2026. La aceptación, aunque formal, se produjo en un contexto de resignación: desde el propio sindicato se reconoció que "los trabajadores merecen mucho más".
Mientras a la docencia, salud y otros sectores estatales se les impone una pauta de ajuste, el Gobierno Provincial acordó con celeridad una mejora diferenciada para las fuerzas policiales. Un salario mínimo neto de $810.000 en julio y $830.000 en septiembre, y se incorporaron beneficios adicionales solicitados por las propias fuerzas. Esta predisposición oficial hacia los sectores represivos responde a la necesidad política de disciplinar el descontento social y garantizar el orden represivo ante el avance de la protesta, tal como ocurriera en la manifestación en la inauguración de la Fiesta del Poncho.
El gobierno de Jalil y la burocracia sindical docente reanudan hoy la discusión paritaria educativa, pero lo hacen en la sombra, sin comunicar el horario, intentando esquivar la presión de una docencia autoconvocada que permanece en estado de alerta y movilización. Mientras se escriben estas líneas, se prepara una caravana para visibilizar el reclamo, y el Gobierno ya anticipó su negativa a mejorar sustancialmente la propuesta salarial. Por su parte, la conducción sindical comienza a retroceder, bajando sus pretensiones sin consultar a las bases, de forma unilateral y arbitraria. Aunque habían anunciado paro y no inicio de clases, todo indica que preparan una nueva entrega.
La continuidad y profundización de la lucha dependen de la organización de los trabajadores autoconvocados y de un movimiento verdaderamente independiente. Para quebrar los techos salariales y forzar la reapertura de la discusión paritaria, es imprescindible avanzar en acciones conjuntas y coordinadas, en función de la huelga provincial.
Catamarca: docentes autoconvocados, trabajadores y jubilados marcharon en la Fiesta del Poncho Por Bruno Corzo, 20/07/2025.