Río Negro

Calcatreu: el gobierno manipula la “licencia social”

Escribe Elena Florín

Tiempo de lectura: 3 minutos

Para el 30 de agosto está convocada en la localidad de Jacobacci la Audiencia Pública para aprobar la etapa de explotación del Proyecto Minero Calcatreu.

Calcatreu es un yacimiento de oro, plata y otros metales ubicado en el sur de Río Negro que fue descubierto en 1997. Desde 2018, es propiedad de Patagonia Gold, una minera inglesa cuyo nombre local es Aquiline Argentina. Se trata de 16.300 hectáreas en el macizo de la meseta de Somuncura, a ochenta kilómetros de Jacobacci. Se calcula que la vida útil de la mina es de cinco años y se harán tareas de exploración.

Desde 1998, cuando se presentó el proyecto, se desarrolla una confrontación de los ambientalistas y de las comunidades originarias contra la actividad de la minera, con avances y retrocesos. El gran problema de la explotación de los yacimientos es que la extracción de oro requiere del uso de una enorme cantidad de agua -tremendamente escasa en la zona-, que ineludiblemente termina contaminada. Para la producción de oro se procede a transportar la tierra rica en materiales a una zona de trituración donde se la riega con miles de litros de agua con cianuro que separa el oro de la tierra. Como resultado, el lugar quedará desertificado y contaminado.

Río Negro tenía una ley, la 3981, promulgada en 2005, que prohibía el uso de cianuro y mercurio para la actividad minera. Fue derogada bajo el corto gobierno de Carlos Soria del Frente para la Victoria, sucedido por el actual gobernador, Alberto Weretilnek.

La convocatoria a la Audiencia Pública es un paso estipulado en la Ley General del Ambiente n° 25.675, sancionada en 2002, que en su artículo 20 establece que las autoridades deberán institucionalizar este procedimiento como instancia obligatoria para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes. A esto se le llama “licencia social”.

El gobierno de Weretilneck manipula informando, por ejemplo, de la aprobación al proyecto por parte de comunidades originarias que luego estas desmienten. Hace una semana, el Gobierno reunió en el polideportivo de Jacobacci a seiscientas personas. Para participar, cada uno tuvo que presentar su curriculum. No estuvieron las comunidades del área afectada a la actividad. En cambio, fue una tribuna para los funcionarios de Juntos Somos Río Negro y de la minera Patagonia Gold donde prometieron trabajo, desarrollo y progreso.

Este impulso para la actividad de extracción de oro requirió de modificaciones legislativas previas profundas. Así fueron aprobadas la reforma de la ley de tierras y el código minero en Río Negro, en un operativo apurado y sin debate en los últimos días del anterior gobierno.

De la reforma del Código Minero surge el CODEAM -Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera- que reúne a funcionarios de Minería y Ambiente, legisladores, miembros de la Universidad de Río Negro, de la comunidad mapuche de Lipetren Chico y ONG. En definitiva, este “consejo” opera como promotor de la actividad minera. Han logrado meter una cuña entre las comunidades mapuche: mientras la mayoría rechaza la actividad minera, otras reciben pequeños “beneficios”, explotando necesidades elementales como transporte, y por ello la aceptan. Finalmente, Río Negro fue la primera provincia en adherir al RIGI, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Lo siguieron múltiples municipios. La excusa es cambiar la matriz productiva de la provincia, que pasó de ser productora y exportadora frutícola para pasar a incentivar la actividad petrolera y minera.

Hay una reacción de comunidades y ambientalistas que advierten que Calcatreu es el inicio de un huracán minero que seguirá con el litio en Comallo, o el uranio en Amarillo Grande y los hidrocarburos en el Golfo de San Matías.

Ni trabajo ni desarrollo ni progreso vendrán de la mano de estos pulpos mineros. Así lo demuestran San Juan y Catamarca.

El control ambiental solo será efectivo bajo un gobierno de trabajadores, no de parte de un régimen destructivo y decadente.

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