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El día miércoles, en horas de la mañana, un operativo a cargo del juez Julián Ercolini, a pedido del fiscal Carlos Rívolo, allanó la sede central de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en la calle Pedro Echagüe, barrio de Constitución. También se realizaron allanamientos en 15 puntos de CABA y provincia de Buenos Aires que incluyeron cooperativas textiles, la sede central del FOL y el domicilio de un referente del FOB. Algunas de las cooperativas que trascendieron fueron la Cooperativa Textil Blanco País, de La Matanza, y la Cooperativa Nueva Generación, de Barracas, en donde al ingresar rompieron puertas e incautaron los celulares de los presentes.
En el caso de la UTEP, en su sede funciona, además, uno de los principales comedores comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires. Al ingresar por la fuerza, la policía federal empezó averiguaciones sobre una cooperativa textil en específico, que a los referentes en el lugar les resultaba desconocida. El escrito judicial pedía investigar la cooperativa textil Hilando pueblos.
Entrevistado Nicolás Caropresi del MTE-UTEP, uno de los referentes presentes durante la medida judicial, dijo: “la orden decía que el domicilio de la cooperativa era la dirección de la UTEP, pero si uno googlea en base al CUIL de la cooperativa la dirección nunca fue esta. Están en este momento revisando papeles, buscando máquinas de coser y revisando todo”, “por suerte después de que tomó estado público esta situación nos permitieron empezar a servir los alimentos. Todavía así, no nos han dejado entrar a los trabajadores sociales, psicólogos, abogados, que asesoramos a la gente que se acerca a la olla”, detalló.
Denunciando la situación la UTEP colocó: “en el barrio donde los transas están más que tranquilos, la policía y ´la justicia´ persiguen a una cola de gente esperando que le sirvan el alimento” y sumó “otro show que se da curiosamente luego de la gran jornada del 7 de agosto. No nos vamos a dejar intimidar por otra muestra de persecución”, vinculando el allanamiento a un castigo por la procesión de San Cayetano y acto con la CGT en Plaza de Mayo del día 7 de agosto. Es una conclusión extraña, ya que ambas cuestiones fueron realizadas bajo los parámetros definidos por el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y no generaron ningún trastorno al Gobierno.
Una nueva causa federal
La causa en manos del juez Ercolini investiga la firma de una serie de convenios estatales para la confección de guardapolvos. La firma de estos convenios fue durante la gestión del entonces Ministerio de Desarrollo Social, en momentos de Victoria Tolosa Paz como ministra.
Al ser consultado Caropresi aclaró: “Antes, el programa funcionaba por compra directa con un adelanto para la adquisición de la tela. La ministra anterior decidió modificar la forma de ejecutar eso y pasar al modelo de convenio. Nosotros dijimos que no íbamos a aceptar y advertimos que se iba a judicializar”, tomando distancia de la funcionaria del gobierno de Alberto Fernández. A pesar de lo dicho la realidad es que la UTEP es la organización que mayor cantidad de convenios y fondos para la economía popular ha gestionado, tanto durante el gobierno albertista como en el macrismo.
La búsqueda principal del allanamiento en la calle Pedro Echagüe eran máquinas de coser y biblioratos. Finalmente, tras cinco horas el operativo culminó sin hallazgos relevantes. Al mediodía, empezó un conflicto con los vecinos que esperaban su plato de comida y, tras un reclamo de la dirigencia de UTEP, se pudo abrir la sala de atención médica y el comedor empezó a distribuir unas 2.000 raciones. Por esas horas, la organización se deslindaba completamente de la cooperativa “Hilando pueblos” y en diferentes medios aparecía el allanamiento como una medida irregular e incluso ilegal de parte del juez Ercolini.
