“Comando Unificado de Seguridad Productiva”, una militarización permanente de centros obreros

El gobierno de Milei ha dado un nuevo paso en su política liberticida. A través de la Resolución 893/2024, publicada en el Boletín Oficial con la firma de Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad se dispone a crear un centro de mando único de las fuerzas represivas federales, llamado “Comando Unificado de Seguridad Productiva”. El propósito, según la misma resolución, es desarrollar un “despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención de los delitos contra la propiedad, las personas y acciones delictivas que dañen los sectores productivos, mediante hechos o amenazas”. Esta resolución se suma a la que fue tomada por la misma ministra a mediados de junio, cuando creó la “Unidad de Seguridad Productiva”, una unidad especial para accionar contra huelgas, piquetes y ocupaciones de fábrica. Las resoluciones, en conjunto, implican una militarización permanente de importantes centros obreros.

La resolución ministerial señala como antecedente “exitoso” el método que habría desarrollado en la ciudad de Rosario para combatir el narcotráfico. “Esa forma de trabajo será ahora dispuesta para enfrentar bloqueos de empresas, intentos de tomas de fábricas y todo obstáculo que intente frenar el libre flujo de las cadenas logísticas y el intercambio de mercaderías” (La Nación, 7/9). Se trata de instalar destacamentos de las fuerzas represivas de manera “preventiva” (militarización de las fábricas y yacimientos) para evitar la organización y las luchas obreras. La medida no tiene precedentes desde la militarización de la cuenca del Paraná por Isabel Perón. Bullrich promueve métodos de guerra civil.

En el documento se recuerda que “se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción, en zonas portuarias (como) Bahía Blanca, San Lorenzo–Timbúes, zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras, o Parques Industriales”. Todo esto es falso. “Una diferencia con lo que ocurre hasta ahora es que al actuar luego de concretarse un bloqueo, los tiempos de reacción pasan por la decisión de cada jurisdicción judicial, mientras que con la actitud preventiva, una acción policial podría desplegar unidades antidisturbios en el lugar antes de que ocurra el evento, estableciéndose una posición disuasiva” (ídem). Es decir que quiere saltarse al poder judicial y al estado de derecho. Es la expresión descarada del espionaje interior y de acción extra legal.

El comando, como lo explicó la misma ministra de seguridad, implicará un sistema de coordinación entre el Estado y las empresas. Aseguró que “se están armando sistemas de monitoreo integrados con las empresas para poder tener *online *información, coordinando el trabajo con las secretarías de transporte, de energía, de industria, AFIP-Aduana y otras áreas del Ministerio de Economía con competencia”. Con la creación del ‘Comando Unificado’, el gobierno liberticida compromete a las gobernaciones provinciales con la política represiva nacional. Las patronales, por su parte, actuarán como ortivas de los grupos de tareas de Bullrich.

La resolución se centra en los “enclaves económicos estratégicos del país” como Vaca Muerta o la zona portuaria de Rosario y Bahía Blanca. En estos sectores se han desenvuelto algunas de las luchas obreras de las últimas semanas por reclamos salariales y contra el impuesto a las ganancias. Las patronales neutralizaron estás luchas con la colaboración de las burocracias -las prefieren a los métodos del estado de sitio-. Hasta el momento ha funcionado bien la “conciliación obligatoria” para prevenir las luchas. La resolución de Bullrich será vista por los grandes capitales como una señal de debilidad política del gobierno liberticida. El régimen político actual carece de la autoridad para imponer un estado de excepción. Aunque saludan los DNU y los decretazos, quieren subir a ellos al Congreso, no a las Fuerzas Armadas. En la reciente Audiencia Pública por el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Calcatreu en Ingeniero Jacobacci, en Río Negro, la ciudad amaneció militarizada, no como ‘prevencion’ sino como intimidación. En un reciente discurso, Bullrich aseguró que busca “proteger” a “las grandes producciones como puede ser Vaca Muerta, las mineras o los servicios como los supermercados”.

Llamamos a una campaña que desnude la violencia política de estás resoluciones, adaptar los métodos de lucha frente a esta política represiva y, por medio de la lucha, acortar los tiempos de este gobierno antiobrero. Por un gobierno de trabajadores.

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